Gobierno invoca Ley de Seguridad del Estado en contra de Salvador Penchulef
acción legal. Ministerio del Interior solicita investigar al dirigente indígena y funcionario de la Municipalidad de Galvarino por delitos contra el orden público.
diego.ahumada@australtemuco.cl
En horas de la mañana de ayer el Ministerio del Interior presentó una querella criminal en contra del funcionario de la Municipalidad de Galvarino, Salvador Penchulef (40), invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado (Ley 12.927).
La acción legal va dirigida en lo particular al dirigente mapuche y de todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores.
Lo anterior, en base al artículo 6° del cuerpo legal, el que sanciona los delitos contra el orden público.
Esto, luego que Penchulef realizara dos publicaciones en su Facebook. El 12 de octubre de 2014, escribió: "Se viene, se viene el verano weichafes toda la gente del Wallmapu a prepararse para erradicar estas malditas forestales con una sola acción 'tormenta de fuego'…", y el 16 de julio recién pasado, publicó: "Ahora más que nunca estoy convencido que 'La Tormenta de Fuego' ya no da margen para metáfora, hay que aplicarla en ejercicio y práctica en contra de todos los invasores del Wallmapu".
La querella fue presentada en el Juzgado de Garantía de Lautaro, por los abogados Hernán Valdebenito y Luis Martínez, por mandato del intendente (s) José Montalva.
Este último, explicó que el Gobierno "no puede aceptar que haya personas o grupos de personas que hagan llamados a cometer una serie de delitos penalizados por nuestra legislación haciendo un llamado a la violencia".
Cabe señalar que la acción legal es presentada nueve meses después de la primera publicación de Penchulef.
Delitos y su sanción
A juicio del Ministerio del Interior, los dichos del dirigente indígena configuran delitos contemplados en las letras C y F del citado cuerpo legal.
El primero, la letra C, el que sanciona a quienes "inciten, promuevan o fomenten, o de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública o de actividades…".
El segundo, la letra F, la que castiga a "los que hagan la apología o propaganda de doctrinas, sistemas o métodos que propugnen el crimen o la violencia en cualquiera de sus formas, como medios para lograr cambios o reformas políticas, económicas o sociales".
Según explicaron desde la Fiscalía Regional, Salvador Penchulef arriesga una pena que va desde los 541 días hasta los 5 años de privación de libertad y, como una pena accesoria, la inhabilidad de ejercer cargos públicos.
Diligencias
La acción legal cataloga los dichos de Penchulef como de "suma gravedad" considerando la afectación al orden público, por lo que solicita una serie de diligencias para su esclarecimiento.
Entre estas, citar a declarar a todos los concejales de la Municipalidad de Galvarino; citar a declarar al administrador municipal; despachar una orden de investigar a la Brigada del Cibercrimen de la PDI para saber si la IP del computador desde donde se efectuó la publicación, corresponde a un equipo personal o institucional.
"El Gobierno respeta todas las manifestaciones y opiniones apegadas a la ley, y por cierto que respeta la justa demanda mapuche. Sin embargo, no es aceptable que un funcionario municipal llame a la violencia y se aparte del Estado de Derecho", señaló el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.
La investigación del caso, estará a cargo del fiscal jefe de Lautaro, Cristian Voullieme.
Querellado
Luego de enterarse de la presentación de la querella, Penchulef catalogó a las autoridades de "faranduleros" defendiendo su derecho a publicar lo que estime en las redes sociales y, ante la posibilidad de ser formalizado, replicó que "el Ministerio Público se presta para estupideces, para seguir una opinión del Facebook y no persigue a quienes le causan la muerte a los weichafes", enfatizó junto con agregar que "si tenemos que ir a la cárcel vamos a tener que enfrentarlo".
Respecto de la "tormenta de fuego", el dirigente indígena precisó que se trata de un grito de guerra. "Si el Estado nos ataca con fuego, tendremos que responder de alguna manera porque ya no estamos en el tiempo de las lanzas, ni de las flechas. Hoy tenemos voz y opinión", afirmó.
El funcionario municipal criticó al Gobierno por no querellarse en el caso de José Quintriqueo Huaiquimil, comunero mapuche que murió tras ser arrollado por el tractorista José Cañete, al interior del Fundo Nilpe en Galvarino el 1 octubre de 2014. "Vemos las dos caras de la moneda. Aquí hay una muerte y el Gobierno hace vista gorda y a mí, por una opinión, se me presenta querella", finalizó el empleado público.
bancada rn
La bancada regional de RN, destacó la presentación del Gobierno, aunque la catalogó de tardía. El diputado Diego Paulsen opinó que "hoy día el Gobierno ha tomado la decisión de comenzar a aplicar la Ley de Seguridad del Estado y esperamos que la Fiscalía haga su trabajo y se formalice lo antes posible a estas personas y que enfrenten a la justicia como cualquier persona que haya cometido alguna infracción, falta o delito".
En tanto, el diputado de la misma colectividad, Germán Becker, comentó que "por fin el Gobierno, se ha hecho eco del reclamo de muchos sectores incluso de la demanda del diputado Paulsen, en el sentido que se querelle por este funcionario".