Un total de 84 querellas ha presentado la Intendencia desde el 11 de marzo de 2014 a la fecha, luego que asume la Presidenta Michelle Bachelet, y como intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla.
Se trata de distintos casos policiales, en su mayoría de connotación pública cuyo 69% (58) tiene relación con delitos en el marco de la violencia rural.
Entre los casos más emblemáticos se encuentra el asesinato del parcelero Mariano Guzmán Rojas (66) el que al día de hoy no conoce de detenidos y el ataque incendiario a dos camiones en Pailahueque, el que terminó con la detención de Hugo Melinao y Juan Patricio Queipul, prontos a ir a juicio.
También destaca la querella en contra del rondín Domingo Cofré por el crimen de la sicóloga estadounidense, Erica Hagan, y la acción legal por instalación de artefacto terrorista, que afectó a los cuarteles de la PDI y Carabineros en la noche de Navidad en Temuco.
En sólo tres ocasiones se invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado, los demás delitos fueron denunciados como comunes.
La cifra contrasta con las 13 querellas presentadas en La Araucanía, en el último año del Gobierno de Sebastián Piñera.
Los casos
El sábado 14 de junio de 2014, el parcelero Mariano Guzmán Rojas, murió acribillado de ocho balazos en su parcela ubicada en el sector Toquihue, en la comuna de Victoria. El caso sigue sin detenidos.
Luego, la noche del jueves 2 de octubre de 2014, dos camiones cargados con asfalto líquido, fueron atacados por desconocidos a la altura del kilómetro 595 de la Ruta 5 Sur en las cercanías de la comuna de Ercilla.
Cenando en la hostería "El Conteiner" se encontraban los conductores de los camiones cuando encapuchados, aprovecharon el descuido para atacar las máquinas cuyas cabinas no lograron incendiar gracias a la intervención de una patrulla de Carabineros. En el lugar se registró una balacera y horas más tarde fueron detenidos el joven Patricio Queipul y Hugo Melinao, este último, luego de recibir atención médica por un impacto de bala.
En este caso, la Fiscalía de Alta Complejidad (Fiac) ya presentó acusación y solicita penas de 15 y 20 años de cárcel para los imputados.
En Temuco, el rondín del Colegio Bautista, Domingo Cofré, fue detenido en su hogar acusado de asesinar a la sicóloga estadounidense Erica Hagan, en su departamento al interior del establecimiento educacional.
Lo macabro del crimen causó el repudio de la opinión pública. Tras pasar varios meses en prisión preventiva, la defensa del técnico jurídico logró sacarlo de la cárcel y ahora espera el juicio en su contra en su hogar. El fiscal jefe de la Fiac, Miguel Ángel Velásquez, pide una pena de 25 años para el único imputado.
La noche de Navidad de un noticioso 2014 será difícil de olvidar para los vecinos del sector céntrico de Temuco, ya que dos bombas explotaron casi simultáneamente en la Segunda Comisaría de Carabineros y en la sección de Extranjería de la PDI.
El hecho derivó en un gran operativo policial y la Fiscalía de Delitos Complejos se hizo cargo del caso que tras siete meses no conoce de detenidos ya que si bien ha trascendido que los responsables estarían identificados, no existirían las pruebas suficientes para acreditar su participación ante un juez.
Uno de los últimos querellados que figura en la lista del Gobierno son el dirigente mapuche y funcionario municipal de Galvarino, Salvador Penchulef, por su presunta responsabilidad en delitos contra el orden público de la Ley de Seguridad Interior del Estado, por anunciar y llamar a poner en práctica "una tormenta de fuego" en La Araucanía a través de dos publicaciones en su perfil de Facebook.
También figura Carlos Huaiquillán Palacios, a quien se le decretó prisión preventiva en el Juzgado de Garantía de Collipulli por los delitos de robo con intimidación, secuestro e incendio contra un conductor al que abordó tras hacer dedo.
El último caso, es el del lonco de Reigolil, Neftalí Carinao Licán, quien fue detenido en medio de los incidentes registrados en la Intendencia Regional tras una marcha en rechazo a la aprobación de la hidroeléctrica Añihuarraqui en Curarrehue.
connotación pública
José Montalva, es por estos días la primera autoridad política de La Araucanía, subrogando a Francisco Huenchumilla quien el día lunes 10 de agosto retorna a sus funciones. El abogado -gobernador de Cautín- explicó que entre los criterios de la unidad jurídica para presentar las acciones impera la conmoción pública que causa el hecho; casos con Carabineros lesionados y uso de armas de fuego, entre otros requisitos. En resumidas cuentas, delitos que alteren la cotidianidad de la población.
Montalva aseguró que hay un trabajo de coordinación diario entre las policías, tanto Carabineros como PDI, un trabajo que se replica tanto en la zona rural como urbana. "Más allá sea zona rural o urbana, son los delitos que causen conmoción pública", afirmó la autoridad regional.
En este sentido, explicó que la orden que existe desde el Gobierno central es que "el mandato de nosotros es que hay que trabajar y vamos a usar todas las herramientas disponibles para poder dar tranquilidad a la ciudadanía que es lo que tiene que hacer el Estado, dar seguridad pública que es un derecho que está garantizado en la Constitución".
Por su parte, la presidenta de la Multigremial de La Araucanía, Angélica Tepper, valoró la presentación de querellas por parte del Gobierno Regional, esperando un seguimiento de los recursos legales en el afán de lograr detenidos y condenados.
"Es un círculo que se tienen que completar, no tiene que quedar a medias. Aquí tenemos que empoderar a las policías, darles el piso que necesitan, que la justicia actúe y que el Gobierno Regional se preocupe y que sigan las querellas", señaló la representante de los ocho gremios productivos de la Región.
parlamentarios
También entregaron su opinión los representantes regionales en el Congreso. "Las querellas poco sirven cuando no hay voluntad de parte del Gobierno de hacer un seguimiento y aportar antecedentes y pruebas que permitan seriamente obtener resultados y condenados", sostuvo el diputado RN, Jorge Rathgeb.
Asimismo, su par, el diputado René Manuel García (RN), agregó que "estas querellas son un tranquilizante para las víctimas, pero que en la práctica no se ha conseguido ningún resultado importante de hechos realmente graves en La Araucanía. El Gobierno lo que tiene que hacer es dar más facultades a las policías y a la justicia para que encuentren a los responsables y se juzgue como debe ser a quienes atentan y cometen delitos".
En tanto, el diputado oficialista Fuad Chahin (DC), reconoció que las querellas son reactivas y que falta una capacidad "proactiva y preventiva" en seguridad.
El parlamentario agregó que "creo que deberíamos hacer un análisis respecto a qué ocurre con estas acciones judiciales, qué ocurre con las investigaciones, qué ocurre con las partes co-ayudantes para que definitivamente se puedan obtener resultados", esgrimió.
