"Nosotros esperamos que realmente se dé a conocer la verdad. No creemos que no hayan mayores antecedentes, no creemos que hayan sido viajes de turismo". Son las dudas que plantea la Multigremial de La Araucanía, donde aseguran que los hechos de violencia en la Región son liderados por grupos que recibieron entrenamiento paramilitar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (Farc).
Esto, luego de ventilarse a través de la revista Qué Pasa cientos de correos electrónicos que vinculan a las Farc con el Partido Comunista de Chile (PC) e incluso dan cuenta de gestiones para la visita de un grupo mapuche al extranjero, antecedentes que fueron confirmados a El Austral en una entrevista por el ex fiscal regional de La Araucanía, Francisco Ljubetic.
La Multigremial emplazó al Gobierno a presentar una querella invocando la Ley de Seguridad del Estado.
"Si nosotros hubiésemos tenido la información la damos a conocer antes e incluso hubiésemos, quién sabe, evitado algunas muertes en la Región", esgrimió la presidenta del organismo, Angélica Tepper.
La Multigremial exigió investigar a fondo los antecedentes que datan del 2008 "caiga quien caiga" por lo que desafiaron al Ministerio del Interior a desarrollar las acciones judiciales que correspondan y a quienes conocieron la información a transparentarla y asumir su responsabilidad.
"Todos los que tenían información y callaron tienen su responsabilidad en los hechos que han ocurrido aquí en La Araucanía", planteó Tepper junto con agregar que "el Estado chileno tiene la responsabilidad, los distintos Gobiernos, los distintos parlamentarios. Toda la gente que tuvo la información y la calló".
Según los antecedentes, Alberto Espina, Sebastián Piñera y Andrés Allamand conocieron la existencia de los correos en un viaje a Colombia a mediados de 2008. Luego, un informe con 469 páginas fue dado a conocer por Espina a la Fiscalía Nacional.
El abogado que recibió ese informe y lo trajo a Chile según publicó la revista Qué Pasa, fue Felipe Silva: "Esta información tenía que ser entregada en Fiscalía para ser investigada y procesar a las personas responsables de esta colaboración terrorista, y no ser utilizada para fines electorales", relató al semanario.
La investigación -que terminó sin formalizados- fue caratulada como asociación ilícita y delitos que atenten contra la soberanía del Estado, según detalla un informe de la época, con fecha 27 de julio de 2010 de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) que concluye con supuestos vínculos entre las Farc y la Coordinadora Arauco-Malleco, la que fue publicada en exclusiva por El Austral en su edición de ayer lunes. La información también se ventiló en un juicio de extradición -a petición del Gobierno colombiano- contra Manuel Olate Céspedes, alias Roque, militante comunista sindicado como el nexo entre las Farc y Chile.
El fiscal jefe de La Araucanía de la época fue Francisco Ljubetic, quien explicó que finalmente la prueba fue desestimada por tribunales de Colombia y Chile.
"La Corte Suprema en Colombia y también después acá en el juicio de extradición, declaró que como el bombardeo al campamento de Raúl Reyes había sido en territorio ecuatoriano más o menos como a un kilómetro y medio al interior de Ecuador, la prueba se había obtenido a través de una irrupción militar de Colombia en una país extranjero y eso determinaba que toda la evidencia encontrada en país extranjero, adolecía de ilegalidad", comentó el abogado.
Un informe de la PDI realizado en 2010 estableció que entre los años 1996 y 2008 al menos 14 personas abandonaron el país por periodos acotados de tiempo, presumiblemente con dirección a campamentos de las Farc. El oficio detalla salidas de ocho comuneros mapuches entre 2004 y 2006 a la zona fronteriza de Colombia pero sin prueba gráfica de su estadía ni preparación en los campamentos.
Si bien los dardos de la ex candidata presidencial Evelyn Matthei apuntan al primer periodo de Michelle Bachelet -incluso anunció querella en su contra- el gremio de camioneros reveló que los antecedentes no eran desconocidos para la administración de Gobierno que lideró Sebastián Piñera.
"Los camioneros hacemos un llamado a los políticos para que no se utilicen ciertos aprovechamientos políticos cuando aparecen este tipo de noticias. Lo que tenemos que hacer todos los chilenos es buscar una solución para terminar con los problemas de nuestra Región, no aprovecharnos del problema", dijo el presidente de Fedesur, José Villagrán, junto con invitar a la Presidenta a liderar el diálogo en la Región.
Por su parte, el presidente de la Sofo, Marcelo Zirotti, elevó sus críticas a la actual Gobierno y en línea con lo planteado por Tepper, enfatizó en que "todas las personas que manejaron la información son responsables por no decirla. Hay un sur de Chile que está sufriendo con atentados terroristas, ellos lo sabían y no lo dijeron. Yo creo que todas las personas que tuvieron información, son culpables".
En tanto, el vicepresidente de la Sofo, Gastón Caminondo, dijo que se debe investigar independiente de la tendencia política: "Aquí no son derecha ni izquierda. El problema es el que en su momento tuvo la información, algún gobierno de turno que tuvo la información porque representan al Estado y el Estado es el garante de la seguridad para todos".
Medidas
La Multigremial solicitará a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados que los reciba, y de paso, cite a autoridades para conocer qué medidas se adoptaron conocidos los antecedentes. Asimismo, exigieron que en adelante se aplique la Ley Antiterrorista (ver recuadro).
