Con la ausencia del ex Presidente argentino Carlos Menem (1989-1999), uno de los principales imputados, un tribunal argentino dio inicio ayer al juicio por presunto encubrimiento del atentado contra la mutualista judía AMIA, que causó 85 muertos y sigue impune 21 años después.

Menem, de 85 años, no asistió al Tribunal Oral Federal 2 por un "agravamiento" de su estado de salud, según comunicó la defensa del ex mandatario a los jueces.

También se ausentó de la sala el ex titular de los servicios de inteligencia argentinos, Hugo Anzorreguy, quien siguió el inicio del juicio por videoconferencia desde la clínica donde se encuentra ingresado por una infección.

IMPUTADOS

En total, son trece los imputados por numerosas irregularidades detectadas en el primer juicio abierto por el atentado contra la AMIA, que concluyó con la declaración de nulidad de toda la investigación y con la absolución de los policías imputados en él.

Entre ellos figura el primer juez de la causa, Juan José Galeano, que fue destituido en 2005 por mal desempeño; los ex fiscales Eamón Mullen y Jorge Barbaccia; el ex comisario de la Policía Federal Jorge Palacios; y el abogado Carlos Telleldín.

En esta primera audiencia se leyeron los delitos que se les imputa: encubrimiento, abuso de autoridad, falsedad ideológica y violación de medios de prueba, a los que Galeano suma el cargo de prevaricato.

Los familiares de las víctimas asistieron al comienzo de un juicio que ven como una "oportunidad" de reparar el "daño que este encubrimiento implicó", en palabras de Diana Malamud, miembro de Memoria Activa y esposa de uno de los fallecidos.

"No hay presuntos encubridores: acá hay encubridores", enfatizó Malamud, quien aseguró que espera "una condena ejemplar" para los acusados.

El jefe de Gabinete argentino, Aníbal Fernández, expresó su confianza en que el proceso permita "dar con los responsables de esa catástrofe" y "dar una buena pista de la conexión local, que es la que falta como pata fundamental en estos términos".

El proceso avanza de forma paralela a la investigación sobre la comisión del atentado, que sufrió un gran revés en enero con la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien estuvo al frente de las pesquisas judiciales durante la última década. En 2006, Nisman acusó a Irán de ser autor intelectual del atentado y a la agrupación Hizbulá de ejecutarlo. El 14 de enero, y basándose en el memorándum firmado con Irán, Nisman denunció a la Presidenta por presunto encubrimiento a los autores del atentado.