Un total de 13 áreas temáticas aborda la "propuesta de paz" para La Araucanía del ex intendente, Francisco Huenchumilla, que ayer fue entregada a los medios de comunicación.

En casi 50 páginas, la ex autoridad regional habla de un proceso de negociación con las grandes empresas forestales, la celebración de un Parlamento del siglo XXI en septiembre del 2017 y la dictación de una ley de amnistía.

"Este no es un ensayo, ni un trabajo de investigación ni un análisis académico; es simplemente una minuta con propuestas que, a mi juicio, deberían adoptarse para encarar la situación que vive la Región", apunta en la introducción del documento el ex autoridad regional, quien agrega que la propuesta parte de la base que la estrategia judicial y policial usada por los distintos gobiernos desde la década de los 90 a la fecha, "está agotada".

La situación de la Región -asegura Huenchumilla- está cruzada por la pobreza, por lo que las medidas de la propuesta deben leerse en dos claves: las medidas políticas y las medidas para superar la pobreza.

Aceptar la existencia del pueblo mapuche como actor político dentro del Estado -asegura el ex intendente- es el primer paso para buscar una salida política al conflicto. "Mientras no se acepte esa realidad me temo que no habrá salida al problema que nos ocupa".

El segundo acto -dice- es aceptar la interpelación que le hace el pueblo mapuche al Estado "en orden a la devolución de las tierras que éste le arrebató en el siglo XIX".

El primer problema a resolver es la tierra, donde la propuesta apunta a establecer un Registro Público que estará bajo la responsabilidad de la Conadi. También propone cambiar el proceso de fijación del precio de la adquisición de predios; finiquitar el proceso de compra de tierras pendientes según los compromisos adoptados por los distintos gobiernos con determinadas comunidades con un plazo máximo a 2 años.

Respecto de las grandes empresas forestales, se propone una Comisión Gubernamental para entablar un proceso de negociación para el traspaso de predios a través de un mecanismo que separe la propiedad de la tierra de las plantaciones forestales. Huenchumilla dice que se deben tener a la vista datos oficiales y definitivos respecto de la demanda y ofertas de tierras en el proceso que lleva la Conadi. "O sea, saber cuál es la firme", acota el ex intendente.

La primera prioridad es el cumplimiento de los compromisos pendientes que adquirieron los distintos gobiernos para el 2017; la prioridad general serán los predios de las grandes empresas forestales colindantes con las comunidades indígenas, y la segunda prioridad serán los grandes predios que fueron parte del territorio ancestral mapuche.

Destaca en este punto que debe quedar establecido el marco de la realidad y legal de reparación a las víctimas, mapuches y no mapuches, sucedido con motivo de este conflicto. Igualmente debe quedar operativo el marco legal de un seguro para que el Estado responda frente a eventos futuros de riesgos posibles.

El tema de la pobreza es abordado en distintos niveles. Es así que en materia de agua, aquella para consumo humano deberá concentrar la conducción del programa de Agua Potable Rural y de los Abastos de Agua en el Gobierno Regional mediante mecanismos como un Convenio Gore-Subdere-DOH-MOP. En agua para riego, se propone el reforzamiento de la Red Agrometeorológica; programa integral de recursos hídricos para la agricultura familiar campesina, convenio de programación Gore-Minagri; tranques para la agricultura y la ganadería.

En innovación, se propone un convenio Gore-Inia Carillanca-Minagri para implementar un programa de innovación y transferencia tecnológica para el pequeño y mediano agricultor mapuche y no mapuche.

El ex intendente propone crear nuevas comunas en La Araucanía que permitan tener al Estado más cerca de la gente: Licán Ray, Labranza, Icalma, Pailahueque, Puerto Domínguez, Capitán Pastene, Cajón, Queule, Barros Arana, Pillanlelbún. En Temuco, Pedro de Valdivia, Pueblo Nuevo, Santa Rosa, Amanecer, Fundo El Carmen.

En turismo, remarca la creación de la marca de La Araucanía; el convenio entre Gobierno Regional y municipios, divididos en 4 territorios y un convenio Gobierno-EFE para traspaso de las franjas de ferrocarril en desuso para destinarlas al turismo.

La responsabilidad del Estado por las víctimas de la violencia y la Seguridad Pública son abordadas a través de la creación de una comisión presidencial que determine las personas que han sido víctimas de la violencia en La Araucanía en los últimos 20 años, dictar una ley de reparación y establecer un seguro. Establece la creación de Consejos Comunales de Seguridad Pública en todos los municipios y Juntas de Vigilancia Rurales.

En la última página del extenso documento, bajo el apartado "El problema del método", Huenchumilla apunta a la celebración de un Parlamento del siglo XXI en septiembre de 2017. Las últimas dos líneas de la propuesta señalan en la letra h, "firmado los acuerdos de este Parlamento se procederá a la dictación de una ley de amnistía, salvo para los delitos de sangre".

Huenchumilla asegura que la situación de violencia se vive desde hace dos décadas. Los gobiernos -dice- han reaccionado presentando querellas criminales, entregando a los policías la investigación de los hechos y a los tribunales el conocimiento y sanción de los mismos. Paralelamente se ha usado la policía en materia de prevención y represión de los futuros posibles hechos de esta naturaleza. "Yo he sostenido y lo reitero que, a mi juicio, estamos en presencia de un problema de naturaleza política, por lo que la solución debe ser de naturaleza idéntica".

1997

marcó el inicio de la violencia en La Araucanía con la quema de 3 camiones en Lumaco.