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Confepa advierte que el 2016 se verán los efectos de la ley

Ley de inclusión. Confederación afirma que algunos colegios de la Región se convertirán en particulares pagados. Seremi llama a informarse.
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carolina.nahuelpi@australtemuco.cl

Pese a ver con buenos ojos la noticia de que el próximo año más de 12 mil estudiantes de la Región estudiarán de manera gratuita, la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados (Confepa) advierte que un gran número de establecimientos particulares subvencionados será perjudicado con la Ley de Inclusión y que las reales consecuencias de la normativa se verán el 2016.

Ingrid Bohn, presidenta regional de la Confepa, indicó que "hoy no vemos los reales efectos que provocará en las familias de Chile y de nuestra Región esta ley y esta Reforma (...). Esto no es todo, a pesar de que se ha intentado dar esa impresión a la comunidad".

La dirigenta aseguró que la mayoría de los establecimientos que pasaron a gratuidad, adscribiéndose a la Ley de Inclusión, cuentan con la Subvención Escolar Preferencial. Además, indicó que seis de ellos ya funcionan como corporación o fundación, figura que será obligatoria para los particulares subvenciones desde el 31 de diciembre de 2017.

"A ellos no les afecta el traspaso a fundación, que es lo que hoy día está afectando a los sostenedores para que tomen una determinación. Las condiciones que les piden a los dueños de colegios para transformarse en corporaciones o fundaciones son las que están entrampando un traspaso real", afirmó Bohn.

En este sentido, la representante de la Confepa advirtió que si bien este año ningún establecimiento subvencionado de La Araucanía cambió su régimen a particular pagado, el próximo año el escenario será distinto. "Los sostenedores están esperando los reglamentos para tomar la decisión, entonces, insisto, el 2016 veremos los reales efectos", añadió.

Sumándose a lo señalado por los Colegios Particulares de Chile, Conacep, en la edición de ayer de El Austral, Bohn también manifestó que la Ley de Inclusión pone en peligro el proyecto educativo de cada establecimiento, al limitar la libertad de gestión.

Asimismo, la dirigenta señaló que "como Confepa seguiremos luchando por una ley corta para que esto no sea tan drástico (...). Nosotros esperamos que se amplíen los plazos".

CONTRASTE

En tanto, el seremi de Educación, Marcelo Segura, sostuvo que el escenario "dantesco y catastrófico" que anticiparon sectores detractores de la Ley de Inclusión no sólo no fue efectivo, sino que, además, fue opuesto: 17 establecimientos se sumaron a gratuidad.

"La Confepa debiese reconocer que inició una campaña de desinformación y de miedo ante la ciudadanía, que no fue real (...). Yo estoy convencido que el próximo año se van a sumar a la gratuidad nuevos colegios, porque se van a dar cuenta que es más conveniente tener recursos directos y sistemáticos del Estado", agregó el seremi.

Sobre el temor de la eventual conversión de colegios subvencionados a particulares pagados el próximo año, la autoridad enfatizó que el mismo escenario se había previsto para el 2015 y ello no sucedió. "Es bueno tener una posición más de apertura y ver que estas cerca de 13 mil familias van a tener un alivio el otro año", añadió.

Respecto a la demanda de transitoriedad de la ley, el seremi aseguró que la normativa es extremadamente gradual. "Después de todas las indicaciones que se le hicieron, el proyecto es bastante sensato y da espacio de tiempo para que todos los sostenedores mantengan sus proyectos educativos", señaló, agregando que la nueva normativa fortalece el proyecto educativo de cada colegio, respetando su visión religiosa, cultural, artística, deportiva, u otra.

Además, la autoridad regional aseguró que, en el marco de la Ley de Inclusión, se dispondrán créditos bancarios, garantizados por el Estado, para que las fundaciones adquieran el inmueble donde funciona el establecimiento.

"Esto va a permitir que el proyecto educativo que tienen muchos establecimientos siga manteniéndose en manos de quienes son hoy los sostenedores. El proyecto hoy da garantías a todos y por eso creo que se debiese poner el acento en la buena noticia que ha significado la gratuidad", dijo.

Precisamente, para la comunidad educativa del Colegio Santa Cruz, de Victoria, la gratuidad del 2016 fue una muy buena noticia. Así lo aseguró su director, José Eduardo Basly, quien agregó que los padres y apoderados no tendrán que cancelar una colegiatura que este año ascendió a $18 mil.

"Nosotros vemos que la adhesión a la gratuidad va a significar una gran cantidad de recursos que van a ir en ayuda del mejoramiento educativo (...). Entonces, los padres estaban bastante contentos, porque el proyecto educativo no cambia. Lo que cambia es que no van a pagar y que van a haber más recursos para el colegio", dijo el director.

Una visión similar manifestó Edgardo Espinoza, director del Complejo Educacional Javiera Carrera, de Temuco, en el que un porcentaje de estudiantes pagaba una escolaridad de $33 mil. "Esta decisión favorece al bienestar de nuestras familias (...). Además, esto permitirá que alumnos que no podían estudiar con nosotros por no poder pagar o no tener beca, desde el próximo año puedan hacerlo", indicó el director.

Trabajadores de Brinks exigen mayor seguridad

denuncia. Aseguran que la empresa no les brinda garantías para trabajar.
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Faltaban pocos minutos para el mediodía del viernes 19 de junio cuando un grupo de 8 encapuchados interceptó en el sector Romopulli de Puerto Saavedra dos camionetas de la empresa Brinks, haciéndose de un botín superior a los $10 millones.

A casi 3 meses de aquello, los trabajadores de la empresa atacada denunciaron la precariedad en la cual se desempeñan día a día, solicitándole al grupo OS-10 de Carabineros que fiscalice a la empresa y haga valer las condiciones reales en las cuales deberían afrontar sus labores.

Las motivaciones para hacer la denuncia radican precisamente en las consecuencias de ese robo, que hoy mantiene a varios de los funcionarios con tratamiento psicológico y lo que más les preocupa es que la empresa no ha modificado las normativas de seguridad.

Richard Martínez es uno de los vigilantes privados y conductor de la empresa y en dicha calidad denunció que las condiciones laborales a las cuales se deben someter están muy distantes de lo que hoy señalan las normas.

Martínez menciona entre ellas que los trabajadores deben viajar en vehículos blindados, que además cuenten con un sistema de circuito cerrado de televisión y que los billetes deben ir entintados "y hoy en día eso no se está cumpliendo aseguró".

El trabajador agrega además que "la empresa hasta el día de hoy no ha hecho nada por los trabajadores, no ha conversado con la gente, tampoco ha hecho capacitaciones ni ha modificado las normas de seguridad porque tampoco trabajamos con teléfonos satelitales".

robo

Cien personas (en su mayoría mapuches) se vieron directamente afectadas por el robo a las dos camionetas Brinks en el sector rural de Puerto Saavedra. Esos dineros eran el pago del mes y en muchos casos, era la fuente principal para sus familias.

Desde aquel 19 de junio no han existido noticias respecto de alguna detención de uno de los ocho miembros de la banda que ese día - portando armas largas y cortas - derribó un árbol para interrumpir el trayecto de los funcionarios de la empresa de transporte de valores que horas antes ya habían hecho entrega de un pago en otro sector rural de la comuna.

Tras detenerse, fueron violentamente golpeados, amarrados y encañonados, debiendo observar cómo los antisociales se apoderaban del botín que trasladaban en una feble caja alojada en el Pickup de una de las camioneta Nissan Terrano que conducían esa jornada.