Diego Ahumada

La suma de $80 millones deberá pagar la Municipalidad de Angol a los padres y hermanos de un menor que murió tras sufrir un accidente en un paseo de curso en 2011.

Ronnie Riquelme Toledo tenía 13 años de edad cuando fue encontrado sin vida en el fondo del río Huequén, sector de Chacaico, luego de la actividad escolar, hecho que causó gran conmoción en la comunidad escolar.

El adolescente era alumno del 7° B de la Escuela Básica Nahuelbuta de Angol. El 14 de diciembre de 2011 mientras disfrutaba con sus 20 compañeros de curso a cargo del profesor jefe y numeroso apoderados, fue hallado muerto en horas de la noche tras una frenética búsqueda que se inició cuando la delegación se percató de su ausencia.

El Servicio Médico Legal (SML) determinó que la causa del deceso fue asfixia por sumersión de tipo accidental.

Los padres demandaron a la Municipalidad de Angol en su calidad de sostenedor del establecimiento por medio de su departamento de Educación Municipal y en ese sentido, garante de la seguridad del menor.

El jueves recién pasado, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación presentado por el municipio ratificando el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco con fecha 27 de mayo de 2015.

El alcalde de Angol, Obdulio Valdebenito, confirmó que ya han sido notificados del fallo por el máximo tribunal del país y a su respecto, expresó que "lo vamos a asumir como corresponde porque además se trata de la vida de un niño y la vida no tiene precio".

"Por tanto, el valor que se nos ha impuesto nosotros vamos a tener que tomar las medidas del caso para poder reunir esa plata que no estaba en el presupuesto ordinario para poder responder a lo que la sentencia de la Corte Suprema nos indica", agregó Valdebenito.

La sentencia fue pronunciada por la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada por los Ministros Pedro Pierry, Rosa Egnem y María Eugenia Sandoval; y los abogados integrantes Álvaro Quintanilla y Jaime Rodríguez.

Responsabilidad

El fallo de la Corte Suprema reafirma la sentencia pronunciada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco -compuesta por el presidente ministro Julio César Grandón; la ministra Cecilia Aravena López y el abogado integrante, Roberto Contreras- en cuanto al pago de las costas y ratificar la sentencia del juez del tribunal civil, Claudio Campos.

Por concepto de daño moral, los padres del menor fallecido, Joel Riquelme Contreras y Raquel Toledo Ibarra, cada uno debe recibir la suma de $25 millones, mientras que a las hermanas del difunto, Marlenne y Margot Riquelme Toledo, se les debe reparar con $15 millones a cada una bajo el mismo concepto.

Según establece el libelo, Ronnie Riquelme era el único menor de edad que el día del paseo no estaba acompañado de algún familiar, imputándose que la falta de la debida diligencia o cuidado por parte del docente a cargo del aludido paseo habría posibilitado la defunción del menor.

"Añadieron los magistrados que el municipio no probó, conforme estaba obligado a hacerlo de acuerdo a los artículos 1547 y 1698 del Código Civil, que hubiere empleado el cuidado suficiente para evitar la ocurrencia del hecho lesivo", sostiene el fallo.

La investigación policial pudo establecer que la delegación de estudiantes salió cerca de las 9 de la mañana desde la escuela Nahuelbuta de Angol con destino el balneario del río Huequén, contando con todas las autorizaciones pertinentes tanto de los padres como de las autoridades de educación para efectuar el evento.

Al paseo asistió un total de 20 alumnos y 18 apoderados más el profesor jefe. Fue a las 17:15 horas aproximadamente que se percatan de la ausencia de Ronnie. El cuerpo sin vida del menor fue encontrado cerca de las 21 horas.

Seguridad

Respecto de las medidas de seguridad para evitar que se repita una tragedia similar, el alcalde Valdebenito afirmó que a partir del accidente han aumentado los controles y la rigurosidad a la hora de entregar los permisos.

"Naturalmente que esa experiencia fue traumática porque nadie hubiese querido que un niño a temprana edad falleciera producto de esta situación (...) vamos a ser bien rigurosos en otorgar los permisos siempre y cuando realmente todo esté en regla y todo esté también como corresponden", afirmó el edil.

Indagan la quema de maquinaria forestal en el límite de La Araucanía

Una quema de maquinaria se registró a las 7:30 de la mañana de ayer en el fundo Lo Suárez en la comuna de Lanco, en el límite con la Región de La Araucanía, a 35 kilómetros de la comuna de Loncoche, hacia Malalhue.

Según los antecedentes policiales, el hecho acabó con una excavadora totalmente destruida y una segunda con daños de consideración.

El presunto atentado fue perpetrado pese a que el fundo contaba con medidas de protección permanente luego de ser blanco de ataques anteriores. En marzo de 2014 un camión fue quemado; en enero de 2015 misma suerte corrieron un skidder graple y ahora dos excavadoras, hechos que afectaron a tres contratistas distintos.

La quema de maquinaria quedó al descubierto gracias a trabajadores que realizaban labores de siembra. El perjuicio afectó a la Forestal San Agustín, la que presta servicios a Forestal Arauco. Los daños fueron avaluados en principio en unos 80 millones de pesos.

El Ministerio Público ordenó la realización de pesquisas con el fin de aclarar un nuevo caso de quema de maquinaria ocurrido en la Región de Los Ríos.

Apoyo

Unidades de Carabineros y voluntarios de Bomberos se trasladaron al sitio del incidente.

El comandante del cuerpo de Bomberos de Loncoche, Patricio Aguilar, informó "había maquinaria forestal que humeaba. Se procedió con extintores en primera instancias, para luego comenzar a enfriar con agua y se comunicó para saber cómo se pudo haber producido el incendio", indicó el jefe bomberil junto con señalar que en el lugar no se conoció del hallazgo de panfletos.

Bomberos de Loncoche prestaron apoyo en la emergencia con una unidad B3 y un funcionario del Departamento de Estudios Técnicos siendo escoltados por Carabineros de Lanco hasta el sitio del suceso, abriéndose paso a través de caminos forestales adecuados para el tránsito de camiones.

"Nosotros, dentro de nuestro protocolo, tenemos contemplado ayudar a otras comunas cuando nos necesitan", afirmó Aguilar.

La fiscal de Panguipulli, Claudia Baeza, dispuso las primeras diligencias destinadas a aclarar el hecho y confirmó que el terreno se encontraba bajo resguardo policial debido a dos ataques similares ocurridos anteriormente.

"Fue intencional según los primeros antecedentes que se tienen, sin embargo, no se ha encontrado ninguna evidencia para poder vincularlo a alguna causa en particular", aseveró la persecutor penal.

Tras el hecho, no se registraron personas lesionadas ni detenidos.

"Vamos a asumir como corresponde porque se trata de la vida de un niño y la vida no tiene precio".

Obdulio Valdebenito,, alcalde de Angol