Las distintas patologías sociales, las más extremas, aquellas que dañan la vida y los bienes de las personas, son tratadas cada día con mayor blandura, con leyes penales más benevolentes. Y ello deriva, según creo, del compromiso que asume cada sociedad como responsable de estas conductas anómalas. El respeto a la vida que se expresa con la derogación de la pena de muerte, en Chile y la mayor parte de los países del mundo, es el ejemplo más categórico del cambio que ha tenido el alcance sancionador de la ley.
La pésima distribución de la riqueza, la discriminación en el acceso a la educación, la concentración del poder económico, la pobreza y la secuela de delitos que le siguen, producen inevitablemente los elementos que alteran por completo la conducta social, que se expresa en violencia, en robo, en asesinato, drogadicción, alcoholismo, prostitución, etcétera.
En Chile estamos, en buena parte, ajenos al ingrediente político incorporando a la delincuencia, que incita al atropello de la dignidad y la vida del ser humano, con una justificación ideológica o religiosa. Los atentados que llevaron a la muerte de miles de civiles inocentes en la torre de Nueva York, el atentado en el terminal ferroviario de Madrid, en formas perversas, evolucionadas e incomprensibles, del odio que, en algunos casos, conlleva la autoinmolación de los propios criminales.
La delincuencia conocida en Chile, con la gravedad que reviste, no corresponde todavía a una mafia organizada. Pero ello no disminuye el sobresalto continuo y la indefensión en que vive nuestra población preferentemente urbana.
Los tribunales de justicia reciben regularmente las críticas que derivan de castigos livianos. Pero ellos no hacen otra cosa que aplicar las normativas que regulan el marco jurídico de las sanciones aplicables. La ciudadanía, al margen de las consideraciones sobre el sistema penal que nos rige, observa con temor creciente cómo los delincuentes cumplen penalidades tan breves, que retornan con más énfasis a la persecución de sus conductas antisociales. Parece verdad el hecho de que la humanización del castigo no favorece la reducción de la incidencia delictual. "La tolerancia cero", que se ha intentado al menos transitoriamente en otros lugares, no puede desaparecer de nuestra perspectiva en la medida que se mantenga o siga acentuándose la inseguridad ciudadana.
Roberto Muñoz Barra, ex senador de La Araucanía