El Gobierno Regional, a través de la División de Análisis y Control, comprometió los plazos para iniciar la construcción del Liceo e Internado C-14, el que alcanzó sólo un 20% de sus obras antes que la empresa Constructora Atacama se declarase en quiebra.

Según los antecedentes dados a conocer ante los 20 consejeros regionales, en noviembre abrirán el nuevo proceso de licitación y entre el 23 de enero y 18 de febrero en 2016, el Gobierno entregaría los terrenos a la nueva empresa para reiniciar los trabajos.

La información fue dada a conocer luego que el alcalde de Lonquimay, Guido Barría, se pronunció en el Core junto a una delegación compuesta por concejales, apoderados y estudiantes del establecimiento educacional de la comuna pre cordillerana.

El alcalde Barría indicó que según su experiencia en la administración pública -más de 20 años- lo comprometido le deja cierto grado preocupación ya que en su exposición y análisis, no manejaban plazos tan acotados.

"Mientras el liceo no esté construido no voy a estar tranquilo, voy a seguir en este tema y el Core encargó a la Comisión de Fiscalización que hiciera el seguimiento de los compromisos que formalmente hoy día se tomaron ante el pleno", destacó.

El anuncio fue calificado como una buena noticia aunque consejeros como el UDI Henry Leal, sembraron algunas dudas respecto del cumplimiento de los plazos.

Por su parte, el consejero por la precordillera, Juan Carlos Beltrán, rescató el compromiso: "Estoy muy contento porque aquí se ha logrado un compromiso real, efectivo de parte del Gobierno Regional. Yo voy a ser una de las personas que hará todo lo humanamente posible, la fuerza para que se cumplan esos plazos y fiscalizar sobretodo y, lo más importante, que los alumnos tengan un liceo en condiciones, digno, lo mismo que los profesores".

Antecedentes

El liceo Carlos Schalchli de Lonquimay fue destruido en febrero de 2012 por un voraz incendio. Días atrás, el Gobierno Regional decidió poner término anticipado al convenio de mandato que había acordado con la municipalidad en junio del año pasado para la reposición, lo que causó la indignación del alcalde Barría.

El intendente de La Araucanía, Andrés Jouannet confirmó que la decisión se adoptó "por incumplimiento" del convenio y porque "hay que resguardar los fondos públicos", tras la quiebra de la empresa Atacama.

Diego Ahumada

Los pescadores artesanales de Queule suman 48 horas en movilización con cortes de ruta y ocupaciones de establecimientos educacionales en protesta al trato que han recibido de las autoridades regionales, en especial del intendente Andrés Jouannet, para analizar lo que consideran una crisis pesquera. Desde el Gobierno han sido claros en señalar que no habrá diálogo bajo medidas de presión.

Puertas que de momento están cerradas pero que advierten los hombres de mar abrirán "a la buena o a la mala". Entre sus demandas, exigen una indemnización por la veda de 60 días que se instaló para extracción de la corvina.

"Nosotros entendemos que si el Gobierno nos instaló una veda por dos meses es justo que se haga cargo de la cesantía por la que van a pasar nuestras familias", enfatizó el dirigente de los pescadores, Hernán Machuca, precisando que son 500 las familias damnificadas entre armadores -dueños de embarcación- y pescadores.

El día martes, los manifestantes ocuparon las escuelas Antu Lafquén y Rayén Lafquén donde se iba a realizar el Simce de 4° básico y durante toda la jornada de ayer, mantuvieron cortados con barricadas los accesos a la comuna, según detalló el coronel de Carabineros, Alejandro Herrera, prefecto de Villarrica.

"Los cortes se mantienen desde la mañana (ayer) en dos puntos, uno en el acceso a Mehuín y el otro en la ruta hacia Toltén", informó el jefe policial sin dar cuenta de enfrentamientos en la jornada.

Desde el municipio de la comuna, en tanto, se indicó que los trabajadores tuvieron un diálogo con el alcalde Guillermo Martínez, quien ofreció su colaboración con el fin de mediar entre las partes.

Los pescadores aseguran que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en contra del presidente del sindicato de Queule, Patricio Olivares, por el volcamiento de un furgón de Carabineros el día 12 de diciembre en medio de una protesta en la Ruta 5 Sur a la altura del peaje Quepe y que incluso, estaría programada una audiencia de formalización de cargos en su contra para mediados de noviembre.

Gobierno

El seremi de Economía, Eduardo Vicencio, se encargó de la vocería del Gobierno respecto de las movilizaciones. "Lo primero es descartar categóricamente cualquier intervención de autoridades de la Región respecto del tema de solicitud de audiencia de formalización por parte de la Fiscalía de Pitrufquén", aclaró.

Vicencio indicó que existen dos proyectos adjudicados a los pescadores con rendiciones pendientes desde el fondo de apoyo para la pesca artesanal de la Subsecretaría de Pesca, por lo que están a la espera de las justificaciones, cuyo plazo vence la próxima semana.

"Estamos esperando que ello ocurra y de no ocurrir entonces nosotros en resguardo de los recursos públicos en ese caso, sino se diera esa situación, estamos obligados a solicitar a los órganos respectivos que ejerzan las acciones que la ley contempla (…) en este caso el órgano que vela por el uso de los recursos públicos es el Consejo de Defensa del Estado". La suma a rendir bordearía los $61 millones.

Al respecto, el dirigente Hernán Machuca fue enfático en decir que "aquí el Gobierno regional y el seremi de Economía no pueden involucrar a las instituciones. Si alguna organización tiene cuentas pendientes con algún organismo del Estado, cóbrenle a la organización que corresponda pero no metan a todos los pescadores en el mismo saco porque hay muchas otras instituciones que no tenemos ninguna deuda con el Gobierno, ellos sí tienen un compromiso con nosotros y no lo están cumpliendo".

Según específico Bernardo Pardo, director regional de Sernapesca, los pescadores demandan para compensar la veda $600 mil mensuales por armador y $400 mil por pescador. Para el servicio según sus análisis, las cifras difieren considerablemente. En el caso de los armadores y pescadores los montos a compensar serían poco más de $500 mil y $129 mil por los dos meses, respectivamente.

Core

El día de ayer en el Consejo Regional (Core) los dirigentes pesqueros expusieron sus demandas ante el pleno buscando apoyo político. Finalizada la presentación, el consejero Hilario Huirilef propuso crear una comisión transitoria para la pesca artesanal que aborde los cinco puntos en discusión (ver recuadro).

La comisión estará compuesta por los cores: Jacqueline Romero, René Rubeska, Alejandro Mondaca, Marcelo Carrasco, Juan Carlos Beltrán y el propio Huirilef.