Mauricio Mondaca
La Fiscalía Nacional decidió citar en calidad de imputado al ex diputado y ex candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, por la investigación acerca de presuntos delitos tributarios relacionados con el financiamiento irregular de campañas políticas.
Según La Segunda, la notificación fue despachada esta semana por orden del fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien dirige el equipo de fiscales designados para la causa, y apunta al supuesto rol del ex parlamentario como probable facilitador de boletas ideológicamente falsas, lo que podría configurar un delito tributario.
La citación se suma a la de su ex asesor de campaña, Cristián Warner, quien ya compareció ante el Ministerio Público en septiembre pasado para explicar por qué su firma -que lleva su nombre- registra pagos de SQM por montos que superarían los $ 300 millones.
Enriquez-Ominami aseguró "estar tranquilo" y aunque sostuvo que no ha sido notificado, planteó en una declaración pública que "como siempre lo hemos hecho cuando se trata de cooperar y proponer soluciones para transparentar el servicio público y devolver la confianza a una ciudadanía que se siente hastiada y desamparada, estaremos dispuestos a colaborar en todo lo que se nos requiera". Por lo mismo, "estoy muy tranquilo y confiado en que la Justicia hará su trabajo adecuadamente, y en que no se va a prestar para maniobras políticas que buscan proteger a algunos y enlodar a otros", agregó.
Reunión con ejecutivo
Enríquez-Ominami ha asegurado que se reunió con el ex gerente general de la minera no metálica, Patricio Contesse -imputado en la causa- mientras era candidato a la Presidencia, pero negó haber emitido alguna boleta falsa por servicios no prestados.
Luego de la diligencia, que debería presentarse ante el equipo investigador en un plazo de dos semanas, la Fiscalía Nacional decidirá una posible formalización de una investigación en su contra.
El fiscal Chahuán afirmó recientemente que "si aparecen antecedentes voy a citar a quien sea". En el caso particular de ME-O, afirmó, "si tengo que citarlo, lo voy a citar, como cualquier ciudadano".
Ampliación de plazo
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 18 de noviembre y para el 25 del mismo mes las audiencias de los casos Penta y SQM, donde se discutirá la prórroga de estas indagatorias.
El ministro Burgos afirma que aseguró los votos del oficialismo para Rajevic
El ministro del Interior, Jorge Burgos, dijo que espera poder contar con los 22 votos necesarios para que el candidato de La Moneda a contralor de la República, Enrique Rajevic, sea ratificado como contralor general el próximo miércoles en el Senado. El jefe de gabinete dijo estar "contento" por haber asegurado los 21 votos de la Nueva Mayoría.
"En lo personal estoy muy contento, porque hemos avanzado en el tema en nuestra coalición de tener todos los votos que nosotros tenemos, que son 21", dijo el secretario de Estado tras asistir a un acto por el primer año de operación de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento.
Alabanzas a rajevic
Burgos recalcó que "tengo la fundada esperanza que, atendidas las características, la capacidad, su capacidad académica, intelectual, podamos tener algunos votos más y podamos tener a Enrique Rajevic como contralor esa misma tarde".
Luego de que su nombre fuera propuesto por La Moneda para ocupar la jefatura de la Contraloría General de la República, el abogado necesita al menos 22 votos de los senadores para acceder al cargo.
La votación fue fijada para el próximo miércoles.
El Ejecutivo renovó el miércoles pasado la urgencia para intentar allegar los 22 votos necesarios para aprobar la nominación del abogado.
El martes, el aspirante a contralor expuso ante la Comisión de Constitución del Senado sobre su visión del cargo y respondió preguntas de los parlamentarios sobre la demanda en su contra interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el no pago de una beca de doctorado.
El ministro del Interior, Jorge Burgos, ha insistido ante los parlamentarios de la Nueva Mayoría que el Gobierno no maneja una segunda opción en caso de que se caiga la candidatura de Rajevic, por lo que se rechazar su nominación es ir en contra de una decisión de la Presidenta Bachelet.
El senador Alfonso de Urresti (PS), uno de los que se había mostrado más reacio a apoyar el nombre de La Moneda, dijo ayer en La Segunda que la comparecencia de Rajevic a la comisión parlamentaria "me dilucidó una serie de dudas" y que espera que Bachelet "no tenga una derrota".
La Moneda promulgó
La Presidenta Michelle Bachelet promulgó ayer la ley que otorga autonomía al Servicio Electoral (Servel), que dejará de depender del Ejecutivo y tendrá facultades para administrar y fiscalizar los procesos electorales.
La medida se enmarca en la agenda de probidad y transparencia, con la que el Gobierno busca superar la crisis que afecta a la política luego de que varios casos de corrupción saltaran a la agenda pública, y permitirá que el organismo ejerza una labor fiscalizadora de manera más independiente. "En la práctica, la nueva ley significa el establecimiento de la plena independencia del Servel con respecto a los poderes del Estado y en particular del poder de quienes se someten a las elecciones", dijo ayer Bachelet.
Las medidas
La nueva ley asignará un nuevo marco regulador a los próximos procesos electorales, comenzando por las elecciones municipales de 2016, y potenciará al organismo con la dotación de más personal y profesionales.
El Servel será el encargado, entre otras cosas, de regular la publicidad de los aportes a las campañas y a los partidos. Estos tendrán límites más bajos de gasto electoral, prohibirá todo tipo de contribuciones de personas jurídicas y abrirá la puerta a que los partidos políticos se financien con aportes públicos permanentes.
La dirección superior del Servel estará constituida por un consejo directivo de cinco consejeros designados por el Presidente, previo acuerdo del Senado, y el cargo se extenderá de ocho a 10 años, para que no dependa de los cambios en el Congreso o de la máxima autoridad del país. Los miembros del consejo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente o de un tercio de los miembros en ejercicio de la Cámara Baja, por incapacidad o negligencia, entre otras causales.
