A un año de ataque con bombas a retén formalizan a sospechosos
CARGOS. En Nueva Imperial se desarrolló audiencia contra Juan Licán y Elisa Rojas. La policía busca intensamente a un tercer imputado.
En el Juzgado de Garantía de Nueva Imperial se formalizó investigación contra dos integrantes de la comunidad Wente Winkul Mapu de Ercilla, detenidos tras un allanamiento desarrollado el jueves por su presunta participación en un ataque con bombas molotov contra el retén de Carabineros de Cholchol, causar daños a un bus interurbano y el robo a una camioneta municipal de Galvarino.
Si bien los hechos se remontan al 2 de octubre de 2014 y se originan tras el cortejo fúnebre del comunero José Quintriqueo -atropellado por un tractorista el día anterior en una toma en el fundo Nilpe- el fiscal Cristian Voullieme formalizó ayer a Juan Pablo Licán Ñanco y Elisa Rojas Herrera, ambos de 30 años de edad, por los delitos de incendio, robo con violencia, daños y lesiones.
La Fiscalía acusa a los imputados de participar concertados en el hecho de acuerdo al artículo 15 número 3 del Código Penal, el que sanciona a "los que concertados para la ejecución faciliten los medios para que se lleve a efecto el hecho o lo presencia sin tomar parte inmediata de él".
En este mismo caso, la policía busca a un imputado más que se encuentra en calidad de prófugo. Se trata del werkén de la comunidad, Daniel Melinao, quien fue investigado por la muerte del sargento Hugo Albornoz (2012) pero finalmente fue sobreseído por la justicia en dos juicios orales en su contra.
Su hermano, Luis Melinao, estuvo presente durante la audiencia de formalización solidarizando con los integrantes de su comunidad y en la oportunidad enfatizó en que no entregarán a su familiar a la justicia, advirtiendo sobre la posibilidad de iniciar un control territorial en la zona de Ercilla.
"No tengo entendido de cuántos allanamientos hemos sufrido (…) Daniel Melinao el werkén de la comunidad, mi hermano, ellos andan a la siga de él y nosotros no estamos dispuestos a que mi hermano caiga detenido otra vez porque ya estuvo en prisión preventiva hace un año, entonces no lo vamos a permitir… de hoy en adelante nosotros vamos a estar atentos a lo que va a pasar sin descartar hacer un control territorial dentro de la zona de Ercilla", afirmó Melinao al término de la audiencia.
La jueza Marianela Chacur, decretó tres meses de plazo para la investigación y las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas pese a que la Fiscalía solicitó prisión preventiva, por lo que Voullieme apeló verbalmente a la decisión y hoy se revisará el caso en la Corte de Apelaciones de Temuco.
"La magistrado si bien dio por establecida la existencia de los delitos e incluso la participación de los imputados, incluso verificando que las fotografías del señor Licán son de tal calidad como para que ella misma pueda verificar que tiene las características del imputado que se encontraba ahí presente, no dio lugar a la solicitud de prisión preventiva, frente a lo cual apelé verbalmente", explicó el fiscal Fiac.
Los imputados arriesgan penas que van entre los cinco años y diez años y un día, por lo que existe la posibilidad que, de ser encontrados culpables, cumplan en prisión.
Investigación
Según los antecedentes que reveló el Ministerio Público en la audiencia, el 2 de octubre en 2014 un grupo de encapuchados se movían en la parte trasera de la camioneta que conducía Elisa Rojas, quien era acompañada por Juan Pablo Licán y al pasar frente al retén de Carabineros de Cholchol lanzaron tres bombas molotov, dos de ellas explotaron al interior del cuartel policial.
Luego el grupo atacó con palos a un bus interurbano y posteriormente a una camioneta municipal sustrayendo una máquina fotográfica. El fiscal Voullieme, en audiencia, respaldó sus dichos con un informe fotográfico, tráfico telefónico y testimonial para acreditar los hechos y formalizar cargos.
Defensa
La defensa rechazó las acusaciones del Ministerio Público, catalogando de débiles los antecedentes presentados en audiencia. Nelson Miranda, representante de Elisa Rojas, refutó las afirmaciones del fiscal.
"Tradicionalmente en las últimas causas que tienen vínculo con la problemática mapuche, lo que hace el Ministerio Público es cuando no tiene pruebas para acusar directamente a alguna persona ocupa esta figura de la coautoría que en este caso no tiene más que conjeturas y especulaciones como base y mi representada obviamente que no puede ser ligada a ninguno de los ilícitos que se están investigando", señaló Miranda.
En esta misma línea, el abogado Jaime López de la Defensoría Penal Mapuche, representante de Juan Licán, señaló al término de la audiencia que "la Fiscalía no tiene pruebas de participación por eso es que está recurriendo a una figura bastante forzada que viene siendo una especie de cómplice que se eleva a la categoría de autor pero sin tener el autor. Es un tema bastante extraño que la verdad que jurídicamente no tiene una explicación fácil".