Carolina Collins

El próximo año, según cálculos del Ministerio de Educación, unos 200 mil estudiantes podrán acceder a la gratuidad, cumpliendo como requisito pertenecer a uno de los primeros cinco deciles y asistir a una de las universidades del Consejo de Rectores, centros de formación técnica o institutos profesionales, que estén acreditados y no tengan fines de lucro.

Precisamente ese criterio y la glosa del Presupuesto 2016 que regula la gratuidad para el próximo año, han sido dos de los puntos más cuestionados por los actores de la educación, que acusan apresuramiento y discriminación.

El jefe de la División de Educación Superior del Mineduc (Divesup), Francisco Martínez, se refirió a ese y otros puntos, sobre cómo va a seguir el proceso al 22 de diciembre, fecha tope que tienen los planteles para sumarse a la gratuidad en 2016.

-¿Cuáles son los criterios que se van a comenzar a aplicar a contar de 2017?

-La definición de cómo va a evolucionar en el tiempo la gratuidad va a quedar establecida en la ley que vamos a presentar a fin de año, que va a tener una larga discusión en el Parlamento. Esa ley incluye cuál es la transitoriedad y la evolución en que se implementa.

-Entonces no existe una fecha de plazo para la gratuidad universal…

-No la existe en tanto no hay una presentación de un proyecto de ley que defina eso. Hasta que no ocurra eso no va a haber una formalización de ninguna fecha al respecto.

-¿Qué dice a las críticas por la inclusión de la glosa en el Presupuesto 2016?

-Nosotros estamos logrando implementar este procedimiento con las condiciones que hay, la glosa se plantea en un proyecto de presupuesto que asume las condiciones que hay, por lo tanto diseñamos una primera etapa que toma en cuenta primero la legislación actual, no hay que cambiarla para implementarla y segundo los instrumentos que están disponibles.

-Se dijo que era un nuevo sistema de becas. ¿Cuál es la deferencia con las becas?

-Una beca en Chile es un instrumento mediante el cual el Estado, subsidia parte de los costos de la educación a un conjunto de estudiantes que cumplen los requisitos, este es un pago total, incluyendo la matrícula, que no incluye las becas. El estudiante deja de ser el responsable del financiamiento de esos estudios. Por otra parte, las becas tienen algunos aspectos similares, por ejemplo, que los estudiantes tienen restricciones para ingresar, pero también tienen otro tipo de características que son requisitos académicos, por lo tanto se pueden perder. La gratuidad no se pierde, se termina con los años formales de una carrera, pero no se pierde.

El criterio

-Con el criterio se deja fuera a estudiantes que tienen las mismas condiciones socioeconómicas que los que van a acceder a la gratuidad, pero son alumnos de instituciones que no cumplen con los requisitos…

-Este es un proceso gradual de una política de gran impacto, y al ser gradual va avanzando acogiendo cada vez a más estudiantes, por lo tanto, no cubre a todos los estudiantes. La crítica ha sido por qué se consideran algunas instituciones y otras no, por lo cual algunos estudiantes del mismo decil quedan dentro y otros afuera. Esa crítica tiene que ver con las condiciones que para implementar la gratuidad el Estado exige a las instituciones que deben cumplir, cosa que ya exigía. Las becas, por ejemplo, imponen restricciones de acreditación, el crédito universitario también, y en ese caso también ocurre que algunos estudiantes de un decil bajo no tienen apoyo porque no están acreditadas. El fenómeno de restringir bajo ciertos criterios existía.

-Los estudiantes de las universidades privadas han criticado que a esos planteles se les pide más años de acreditación que a las universidades del Cruch.

-Dada la situación actual del sistema, la idea fue buscar un conjunto de instituciones que pudieran dar garantía. En el Cruch están todas aquellas que han sido las más tradicionales, las que tienen más historia y las que han dado prueba como grupo de una cierta estabilidad. De ahí en adelante no se puede decir que no cumplan similares características, pero evidentemente hay una diversidad y el sistema para obtener las garantías hay que ir perfeccionándolo y la ley se va a hacer cargo de introducir esos mecanismos de fiscalización.

-La participación como requisito ha generado comentarios en las universidades privadas, donde es más bien escasa, por lo que para ellos es un impedimento. ¿Cómo ve esa situación?

-Esas universidades que nacen en una opción privada, para contribuir en lo que llamamos lo público, tienen que ajustarse a ciertas orientaciones. Justamente lo que va a ser la discusión de la ley más profunda, respecto de cuáles son las condiciones para entender si pertenecen o contribuyen a lo público. En la ley se va a establecer eso como criterio.

-Se ha dicho que el criterio para la gratuidad es inconstitucional. La UDI anunció que irá al TC…¿Por qué podría decir que esto no es así?

-Yo no soy experto, pero la opinión de nuestros expertos es que eso no tiene una base jurídica y que si va al TC se va definir ahí.