El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Raúl de la Puente, se reunió ayer con la representante de los funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, a quien le expresó su apoyo al paro que los trabajadores del servicio mantienen desde hace 20 días.
La cita ocurrió después de que el Ministerio de Justicia decidiera abrir un sumario administrativo para establecer responsabilidades por el tiempo no trabajado.
Tras el encuentro, el titular de la Anef hizo un llamado al Gobierno a establecer el diálogo para buscar soluciones y rechazó las medidas anunciadas por el Ejecutivo. "Aquí lo que ha ocurrido es que el Ministerio de Justicia firmó un protocolo en la cual se compromete al fortalecimiento del Registro Civil y también a ver las remuneraciones de los funcionarios públicos", señaló.
Y añadió que "el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuestos quebró esta mesa de negociación y el Gobierno tiene la responsabilidad de conducir y buscar soluciones a este problema".
La presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, afirmó que "seguimos creyendo en las autoridades de este país" y que "lo que estamos esperando es sentarnos a conversar, tener el trato que han tenido todos los trabajadores en este país, la oportunidad de sentarnos a conversar con la autoridades, para poder destrabar este movimiento".
"Nosotros tenemos un documento, un proyecto donde el Ministerio reconoce que hay un protocolo de acuerdo y tiene que hacer este documento, que está financiado y redactado, y el incentivo estaba hasta que nosotros nos paralizamos", precisó.
El diputado del PPD e integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Tucapel Jiménez -quien también participó en la reunión-, sostuvo que a "nosotros como Gobierno, y digo nosotros porque yo soy parte de la coalición de Gobierno, nos eligieron para gobernar y parte de esa función es dialogar y buscar la solución a los conflictos".
"No es de otra manera, acá no puede haber espacio para que alguien se 'taime', para que alguien busque estrategias diferentes como el cansancio de los empleados públicos o estrategias que busquen el desgaste a través de la molestia de la ciudadanía, sino que la única solución en cualquier conflicto laboral es el diálogo y yo hago un llamado urgente al Gobierno a que se siente en una mesa a dialogar", agregó.
Medidas
El viernes, el Gobierno aseguró que, junto con la Dirección Nacional del Registro Civil, continuará adoptando las medidas destinadas para asegurar que "aquellos trámites indispensables puedan ser realizados, implementando centros de atención especiales en todas las regiones del país".
Los trabajadores movilizados han acusado "prácticas antisindicales" por parte del Ejecutivo al designar tareas propias del Registro Civil a otras reparticiones, como gobernaciones e intendencias.
La huelga, que ha sido calificada de "ilegal" por parte de las autoridades de Gobierno, comenzó el 29 de septiembre pasado en busca de mejoras salariales y un bono que, de acuerdo con los funcionarios, fue comprometido por el Ministerio de Justicia.
Se ha estimado en más de un millón los trámites que han debido quedar pendientes producto de la paralización, entre ellos la obtención de cédulas de identidad, inscripción de vehículos y recién nacidos, y la celebración de matrimonios.
Asimismo, movimientos como el Movilh han expresado su temor por los efectos que pudiera tener la huelga en el inicio de las celebraciones del Acuerdo de Unión Civil (AUC).
La repartición estableció "turnos humanitarios" destinados a trámites de mayor urgencia, aunque éstos sólo cubrirían siete mil solicitudes de las que 85 mil que recibe normalmente el servicio a diario.
Para facilitar paliar los efectos de la paralización, el Gobierno decidió extender la vigencia de las cédulas de identidad para extranjeros hasta el próximo 31 de diciembre de 2015.
Senado: detención preventiva y penas concentran análisis de "agenda corta"
La detención preventiva, los tipos penales y el aumento de penas en determinados delitos, son algunos de los temas que han centrado el análisis del proyecto que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos.
La iniciativa, también conocida como "agenda corta" antidelincuencia, está cumpliendo su segundo trámite en la Comisión de Constitución del Senado, la que inició una serie de audiencias con diversas instituciones vinculadas a materias de seguridad pública y también con académicos.
El representante de la Corte Suprema, Milton Juica, manifestó al sitio web del Senado que "planteamos dudas respecto de algunas disposiciones que afectaban también ciertas garantías como ampliar los casos de detención, aumentar los plazos de flagrancia y también algunos ministros plantearon sus dudas respecto de darle la facultad a Carabineros de la posibilidad de hacer control de identidad sin consideración a delitos de ninguna especie".
Asimismo, señaló que hizo presentes "aspectos generales que estimamos de un agravamiento de penalidad respecto de un sector de delitos que hacen contradictorios con otros delitos tan graves como esos".
El presidente de la Comisión de Constitución, senador Alfonso De Urresti (PS), señaló que el informe que elaboró la Corte Suprema "hace prevenciones respecto de garantías constitucionales en la detención por sospecha o lo que se ha llamado esta detención preventiva. Ha señalado que se vulnerarían algunas garantías constitucionales en función de la apariencia y como esta nueva figura se coordina con la Ley Zamudio que evita cualquier tipo de discriminación con respecto al aspecto físico, orientación religiosa, sexual o de otra naturaleza".
Agregó que "donde hay mayor discusión y donde vamos a centrar el debate, dice relación con los tipos penales y el aumento de penas en determinados delitos, especialmente en hurto, robo y receptación".
"Las estadísticas que señalaba el ministro Juica dicen que más del 95% de aquellas personas que han estado privadas de libertad son reincidentes. Baja sustancialmente ese porcentaje con personas que han tenido otras medidas como reclusión, arresto domiciliarios, donde no hay contaminación de delincuencia", añadió.
Medida para facilitar trámites de isapres
Ante el paro del Registro Civil, la Superintendencia de Salud instruyó a las isapres para facilitar los trámites de inscripción de recién nacidos, procedimiento de licencias médicas y eliminación de beneficios por fallecimiento. La superintendencia explicó que "las isapres deberán aceptar excepcionalmente el documento denominado 'Comprobante de Atención de Parto', entregado por los establecimientos de salud, para la inscripción de los recién nacidos como beneficiarios de la isapre y para acreditar la fecha de nacimiento, en la tramitación de la respectiva licencia maternal".