Pamela De Vicenzi

Tras 39 días de paro, los funcionarios del Registro Civil alcanzaron ayer un acuerdo con los ministerios de Justicia y Hacienda y de esta manera pusieron fin a las movilizaciones que causaron fuertes molestias entre los usuarios y complicaron la entrega de cientos de miles de documentos.

Los trabajadores, encabezados por la dirigenta Nelly Díaz, aceptaron la última propuesta que presentó la titular de Justicia, Javiera Blanco.

Uno de los puntos más importantes del protocolo de acuerdo establece que los bonos se aplicarán de manera gradual y que en el tercer trimestre del próximo año alcanzarán un valor total máximo de $ 412.500.000 brutos. En 2017 tendrán un valor máximo anual de $ 1.650.000.000 brutos. El documento no detalla montos por trabajador.

A la salida de la reunión, la dirigenta Nelly Díaz entregó detalles acerca del documento, aunque declinó revelar las cifras monetarias entre ambas partes. "El protocolo de acuerdo consiste en que tenemos nuevo bono, el bono que decían que no merecíamos, está plasmado de acuerdo a desempeño", indicó.

"El monto acordado tampoco es suficiente. Lo más importante es que tenemos un bono en nuestras asignaciones. No me pregunten por bonos, no me manejo mucho", añadió.

La presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil señaló que la ley del bono se redactará en diciembre. "Me hubiese gustado quedar más conformes, pero entendimos que era por el momento lo que queríamos obtener y más adelante veremos cómo lo perfeccionamos", sostuvo Díaz.

Sobre los eventuales descuentos y sanciones por los días no trabajados, la dirigenta remarcó que "acordamos que no vamos a tener represalias. Durante la movilización ningún funcionario ha sido despedido".

Díaz también se refirió a la molestia que provocó la movilización entre los usuarios que tuvieron que realizar largas filas durante horas para obtener su documentación. "No vale la pena la molestia de la gente, pero no nos quedó otro camino. Se fueron dando situaciones que no tenían mucho que ver con los recursos financieros", afirmó.

La cita entre la ministra Blanco y Díaz se extendió por más de tres horas y fue la más larga en los 14 días de negociación.

Luego de la reunión, hubo una consulta a nivel nacional a los funcionarios del servicio, quienes finalmente dieron su aprobación para que Díaz comunicara que se aceptaba la propuesta.

La dirigenta anunció que los funcionarios retomarán con normalidad sus funciones a partir del lunes.

"señal importante"

Tras el anuncio de Díaz, la ministra Javiera Blanco aplaudió el resultado de la negociación y manifestó que "hemos acordado avanzar en un esfuerzo que ha hecho el Gobierno".

"Estamos dando una señal importante en términos de que hay que ser responsables con las finanzas. Tenemos que avanzar en regularizar un servicio que ha estado paralizado por 39 días", añadió la titular de Justicia.

Sin embargo, Blanco fue tajante en señalar que "no hay que sacar cuentas felices, nadie ha ganado aquí. La paralización no fue buena para nadie, fue muy dañina para los chilenos. En el futuro, tiene que lograrse una conciliación con la no afectación de todos los chilenos. Los ciudadanos perdieron y hay que ser responsables respecto de eso".

Respecto a las sanciones a los funcionarios, la ministra de Justicia indicó que "hace dos días señalé el criterio de los descuentos. No es parte del acuerdo actual".

Blanco subrayó que hoy continuará el plan de contingencia para la entrega de documentación. Los trabajadores del Registro Civil prepararán las oficinas para retomar sus funciones este lunes.

Colusión: CMPC dice que estudia cómo compensar a consumidores

La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), controlada por el grupo Matte, informó ayer que actualmente se encuentra analizando una fórmula para compensar a los consumidores por el caso de colusión en el mercado de papeles tissue denunciado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que acusó a la empresa y a SCA (ex Pisa) de formar un cartel para controlar las cuotas de mercado y fijar los precios de sus productos.

"La Compañía se encuentra estudiando la forma de compensar el impacto que la infracción pudo haber tenido en los consumidores y evaluando el cauce institucional más adecuado para hacerlo. No es posible dimensionar actualmente este impacto", señaló la compañía en el análisis entregado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

En el análisis razonado, tal como lo hicieron en los hechos esenciales emitidos la semana pasada, indicaron que se trata de "conductas contrarias a la libre competencia en las que habrían participado miembros de la plana gerencial de la filial CMPC Tissue S.A.", y reiteran que las responsabilidades corresponden a los ejecutivos de la filial.

La papelera además informó que anotó pérdidas por US$ 88,99 millones en primeros nueve meses del año, comparado con las ganancias de US$ 99,47 millones que registró en igual período del año 2014.

Según la compañía esto se explica por una mayor provisión de impuestos diferidos de US$ 149 millones y a mayores pérdidas por siniestros forestales y otros deterioros de US$ 39 millones.

Gobierno y la norma

Tras el anuncio el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, valoró el anuncio de compensaciones y manifestó que "desde el día uno dijimos que aquí tenía que haber un rechazo por todos, por parte de la sociedad, por parte de los distintos actores, de este tipo de conductas y la acción (de evaluar cómo compensar) es una acción que va en esa línea".

El secretario de Estado destacó que "acá tenemos un proyecto de ley que está en el Congreso que fortalece la libre competencia. Es muy importante que aquellos que participan en colusiones vayan a la cárcel. También en darle más atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica para poder fortalecer el funcionamiento de nuestro mercado y eso es lo que estamos haciendo".