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Magistrado Luis Olivares solicitará el sobreseimiento definitivo de su causa que aclare acusación en Vialidad

DATOS. El 16 de junio, efectivos de la PDI lo acusaron de portar marihuana en su equipaje. PROCESO. El director del organismo es investigado desformalizadamente por la Fiscalía por cohecho.
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Lorenzo Lovera

El magistrado del Juzgado de Garantía de Temuco, Luis Olivares Apablaza (52), pedirá el sobreseimiento definitivo de la causa originada la madrugada del día 16 de junio, cuando fue requerido por personal de la Brigada Antinarcóticos de la PDI, y donde posteriormente fue acusado erróneamente de portar marihuana y fármacos de manera ilegal al interior de su equipaje.

La mencionada audiencia quedó fijada para el próximo viernes 20 de noviembre, fecha donde el juez Olivares espera que "quede en evidencia lo ilegal que fue el actuar de la policía y para que corrijan los procedimientos y se hagan las cosas como corresponde en derecho", aseguró.

La ilegalidad del mismo se sustenta, según el miembro del Tribunal de Garantía de Temuco, en que los fármacos que efectivamente portaba fueron adquiridos en Santiago - vía receta retenida - y que la supuesta hoja de marihuana era finalmente de un árbol.

El profesional del Poder Judicial - hoy con licencia - explicó además que la aclaración del procedimiento es de vital importancia para él, puesto que así le evitaría incluso tener que inhabilitarse, pero por sobre todo para que se limpie su nombre.

Al respecto, Olivares indicó que "yo creo que ellos sacaron que la cosa iba a morir ahí, pero acá no corresponde porque hay errores graves de procedimiento y están poniendo incluso en riesgo procedimientos importantes", sentenció.

Consultado el Ministerio Público, en tanto, señalaron que en su oportunidad le informaron al tribunal la determinación del no inicio de una investigación puesto que los hechos fueron aclarados oportunamente y que Olivares no había incurrido en ningún ilícito.

El procedimiento

La causa tuvo su origen la madrugada del 16 de junio en instantes que Olivares Apablaza, viajaba a bordo de un bus de la empresa ETM, a la altura de la localidad de Cajón, con destino a Temuco, y fue interrumpido por personal de la PDI que cumplía con un procedimiento antidrogas.

Fue en ese momento en que un perro policial se acercó hasta el equipaje del magistrado, acusándolo de transportar droga, marihuana en específico, y medicamentos sin que la prueba de campo lo haya corroborado en su minuto.

El procedimiento siguió su curso y el aludido fue interrogado por los efectivos de la PDI, quienes no creyeron su relato y llamaron al fiscal de turno para informar del operativo.

El aludido Olivares, según contó, en ningún minuto les señaló a los funcionarios de la PDI que era juez del Poder Judicial y de esa forma no presionar a los efectivos de la Brigada Antinarcóticos.

Consultado Olivares por el procedimiento en sí, insistió en que fue mal practicado y lo justificó en que aquello "pasa por un problema grave de formación de las policías. Tenemos policías mal educados en Chile", sentenció.

Informe

Tres meses después de ocurrido el procedimiento policial, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Temuco le solicitó al prefecto inspector de la PDI, Luis López Leiva, que preparara un informe para que explique los motivos y cómo se llevó a cabo la diligencia policial.

En su oportunidad, el propio presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Aner Padilla Buzada, señaló la relevancia del mismo ya que "pudo haberle tocado a cualquier ciudadano de La República".

Padilla no se quedó solo en aquello y agregó que "es un hecho delicado, que afecta justamente a uno de nuestros jueces de Garantía, que son quienes tienen que garantizar los derechos de todos los imputados", estimó.

Fuentes del Poder Judicial aseguraron a El Austral que el documento ya fue evacuado por la Policía de Investigaciones, aunque declinaron pronunciarse de manera oficial ya que el mismo no ha sido estudiado por el pleno de la Corte de Apelaciones de Temuco.

Pdi

Consultada la Policía de Investigaciones regional por este caso y la audiencia a celebrarse el próximo 20 de noviembre, declinaron referirse públicamente al tema, esgrimiendo que los hechos fueron estudiados y respondidos desde el alto mando en la ciudad de Santiago.


Rathgeb exige a la Contraloría

El diputado de Renovación Nacional por la provincia de Malleco, Jorge Rathbeg, solicitará a la Contraloría que aclaré la denuncia de cohecho en contra del director de Vialidad, Pablo Rodríguez, quien fue acusado de cohecho por el gerente de una empresa contratista, a quien le habría solicitado la suma de $50 millones para la adjudicación de unas obras en la comuna de Galvarino.

Según explicó el parlamentario, los hechos deben ser revisados "dada la gravedad de los antecedentes, y considerando que en esta denuncia se incluyen recursos públicos, es que solicito, por el bien de la transparencia y la imparcialidad administrativa de este proceso, que la Contraloría General de La República se haga parte de esta indagación en la clarificación de esta denuncia pública", precisó Rathgeb.

A lo anterior, se suma una petición al Ministerio de Obras Públicas para que explique el motivo por el cual no se ha avanzado en el arreglo definitivo y la conservación de la ruta Lumaco-Los Sauces.

Para el parlamentario, "es imperdonable que tras seis meses de esta manifestación y estos acuerdos aún no hayan soluciones inmediatas al deteriorado estado de esta ruta lo que mantiene preocupadas a las cientos de familias campesinas y comunidades indígenas que dependen de esta ruta para conectarse con las zonas urbanas más próximas", señaló.

Mop

En Temuco, en tanto, el seremi del Ministerio de Obras Públicas, Emilio Roa, declinó opinar en concreto de la indagatoria que hoy investiga de manera desformalizada el Ministerio Público puesto que, ese hecho "nosotros no los comentamos porque está a ese nivel y emitir algún comentario no es conveniente y se debe aclarar en la instancia que corresponda".

Eso sí, Roa le entregó su total respaldo a Pablo Rodríguez, señalando que "cuando él coloca los antecedentes en todos los órganos, es porque hay una claridad de él respecto de esto. Aquí no hay ocultamiento de nada y será la Contraloría y la Fiscalía quienes determinen las eventuales responsabilidades, pero el director procedió como hay que proceder".

Finalmente, el seremi señaló que la continuidad de Roa no ha estado en cuestión .