Diego Ahumada

A través de un oficio enviado a la Cámara de Diputados a principios de este mes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) acusó al Gobierno de vulnerar los derechos de los camioneros que a fines de agosto efectuaron una manifestación frente a La Moneda exigiendo mayor seguridad.

El escrito detalla las conclusiones de los funcionarios del organismo que se constituyeron como observadores el día 27 de agosto en la localidad de Angostura, lugar donde los transportistas fueron detenidos por Carabineros que aludiendo a un decreto de la Seremi de Transportes Metropolitana, les impidieron el ingreso a Santiago.

Con fecha 31 de agosto se realizó una sesión del Indh ocasión en que los consejeros, en forma unánime, declararon "la legitimidad de la reivindicación de los dueños de camiones de pasar frente a La Moneda".

Asimismo, el organismo concluyó que "sin lugar a dudas, la actuación de la autoridad implicó una vulneración del derecho de reunión y de la libertad de expresión, constitutivos a su vez del derecho de manifestación del gremio".

En el mismo oficio, los observadores agregan una vez en Santiago "la autoridad debería haber realizado las coordinaciones necesarias para que dicho paso no afectara la integridad de los manifestantes, el derecho de terceros ni el derecho a manifestarse".

Lo anterior por las agresiones que sufrieron los transportistas frente al palacio de Gobierno por parte de un turba que les arrojó toda clase de objetos contundentes e incluso golpearon de pie y puño a adherentes a la causa.

Es así que el 27 de octubre, la bancada de diputados RN había solicitado formalmente el pronunciamiento al Indh, a través de un escrito dirigido al consejo y la directora del organismo, Lorena Fries, entre otros.

Cabe recordar que el lunes 24 de agosto, los 13 camiones salieron de Temuco a Santiago cargando maquinaria quemada en atentados.

Instituto y gremio

El jefe de la sede regional de La Araucanía del Indh, Federico Aguirre, explicó sobre el pronunciamiento que "aquí hubo una intervención del Estado. La negación, la prohibición de impedir o la intención de restringir el derecho de los camioneros a acceder a la ciudad de Santiago es una medida del Estado. Lo que observa el Instituto es precisamente el compartimiento del Estado y eso lo ha hecho y lo seguirá haciendo porque es parte de su mandato", enfatizó.

Lo anterior, en base al decreto que prohibió el ingreso de los camioneros a Santiago por 12 horas.

"Realmente nos alegramos que se haya reconocido que se vulneraron nuestros derechos al impedir manifestarnos pacíficamente porque además fuimos agredidos por el Estado porque el encerrón que se nos hizo en Santiago, siempre hemos dicho que fue programado por el subsecretario del Interior", acusó el presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), José Villagrán.

Por último, Aguirre explicó que la idea es que el Gobierno aplique las recomendaciones para mejorar sus procesos en el marco del respeto a los Derechos Humanos.

"La idea es que en el futuro se pueda efectivamente a través de estas recomendaciones, avanzar en función de garantizar el ejercicio de derechos y esa es la pretensión que tienen los informes y observaciones que realiza el instituto", dijo el jefe regional.

Parlamentarios

El diputado oficialista, Fuad Chahin (DC), admitió que el Gobierno "tomó malas decisiones" el día de la protesta de los transportistas.

"La negativa inicial me parece no correspondía, menos ese decreto que creo que fue un error tremendo. Son evidentemente situaciones que no deben volver a repetirse pero tampoco me parece que el ejercicio del derecho de libertad de reunión pueda ser impuesto", comentó Chahin.

En tanto, el diputado de oposición, Diego Paulsen (RN), sostuvo que "siempre supimos que se estaban vulnerando derechos fundamentales (…) creo que lo que tiene que hacer el Gobierno es pedirle inmediatamente la renuncia al intendente Orrego, de quien depende el seremi de Transportes y Telecomunicaciones".

Convocan a acto por la paz en la lechería de la familia Luchsinger

Para este miércoles 25 de noviembre está convocado un acto por la paz en Temuco y en el predio de la familia Luchsinger Pauly, en Vilcún, luego del ataque incendiario que destruyó la lechería.

La manifestación será encabezada por la Multigremial Nacional de Emprendedores y a ella además confirmó su presencia la Multigremial del Sur.

"Nos juntaremos para dirigirnos al campo de la familia Luchsinger Pauly y sobre las cenizas del incendio realizar un acto significativo por la paz que demuestre a todo el país la cantidad de chilenos que vivimos amenazados por el terrorismo, pero sin miedo, porque nadie logrará atemorizarnos", afirmó Marcos Winkler, director de la Multigremial del Sur.

El ataque incendiario ocurrió en la madrugada del viernes 19 de noviembre en el fundo San Luis de Palermo de la familia Luchsinger Pauly, ubicado en el sector General López. Un grupo de encapuchados le prendió fuego al sector de la sala de ordeña y una bodega, dejando pérdidas por al menos $200 millones.

Fedeleche

En tanto, por medio de una declaración pública, Fedeleche calificó como un hecho "de la más alta gravedad" el atentado del viernes en Vilcún. La entidad, se mostró sorprendida por "cómo grupos antisociales que vulneran el Estado de Derecho y erosionan la paz social operan sin ningún escrúpulo y en la más absoluta impunidad, lesionando no solo el patrimonio de los propietarios de este fundo (familia Luchsinger) y otros, sino que además el sustento de las familias de quienes trabajan y dependen de la actividad lechera".

También recordaron que en junio de 2014 el gremio realizó planteamientos en materia de seguridad los que, afirman, no fueron considerados por las autoridades, por lo que acusaron un "fracaso de la estrategia seguida por el Estado de Chile para abordar el problema de inseguridad pública que afecta al sur, especialmente en sus zonas rurales, donde este tipo de actos se suceden de forma permanente y sistemática".

Por último, Fedeleche lamentó el atentado e hizo un llamado tanto el Gobierno como la Presidenta de la República a "garantizar el respeto a la vida, a la propiedad privada y las actividades productivas y económicas que aportan al desarrollo país. Insistimos, la violencia no puede ser el estigma de un sector que cuenta con un gran potencial".