Diego Ahumada

Seis días antes del plazo autoimpuesto por el Gobierno, 30 de noviembre, la Confederación de Transporte de Carga de Chile (Cntc) recibió un estado de avance a la propuesta legislativa que ellos mismos presentaron al Ministerio del Interior el 7 de octubre de este año, donde se afirma que no habrá para 2016 un fondo de reparación a víctimas de delitos violentos y terroristas.

El petitorio fue entregado en la manifestación que en agosto trasladó maquinaria quemada frente a La Moneda.

Si bien en ocho puntos se desliza un principio de acuerdo con los transportistas -buena parte de las modificaciones se incluiría en el proyecto de agenda corta antidelincuencia que está en segundo trámite legislativo y el resto se propone incorporar a una ley especial- en cinco de las reformas no hay acuerdo y algunos abiertos a discusión.

Entre estos puntos en discordia, el Gobierno señaló que "no hay condiciones presupuestarias" para incluir en el presupuesto 2016, el fondo de reparación a víctimas de delitos violentos y terroristas solicitado por la Cntc.

Por otro lado, el ítem que busca medidas alternativas a la compra de tierras en el marco de la Ley Indígena, el Ministerio del Interior advirtió que esos cambios son materia de la cartera de Desarrollo Social.

José Villagrán, presidente de la Asociación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), no quedó conforme con la propuesta, pero destacó que los canales de diálogo con La Moneda se mantienen abiertos. Si bien hay cumplimientos, criticó que los cambios no avanzan con la celeridad que espera.

Respecto del fondo de víctimas, el líder gremial dijo que "a nosotros nos llama mucho la atención eso de que no les den ninguna posibilidad a las víctimas para que de alguna manera sean compensadas (…) no estamos pidiendo nada más que reponer lo que se pierde".

Una de las propuestas de Villagrán, dice relación con sacar recursos desde el fondo de tierras de Conadi; fórmula que comparte la presidenta de la Multigremial de La Araucanía, Angélica Tepper.

"No nos parece que se deje a las víctimas de lado. Aquí hay que ir avanzando en todos los caminos y es por eso que si no existe presupuesto para un fondo de víctimas, que se saquen los recursos de la compra de tierras y así yo creo que también los grupos ideologizados que están por la vía armada y la violencia, van a empezar a ver resentido el capital que está destinado para ellos".

El documento de diez páginas fue derivado a la Fiscalía de la Cntc, organismo que cuenta con tres abogados y fue creado por los transportistas precisamente tras la manifestación del 27 de agosto para asegurar asesoría y una defensa fundada en temas legales.

Encapuchados

Uno de los puntos en acuerdo y que destaca por el impacto tanto a nivel local como nacional, es una reforma que establece como agravante el cometer cualquier delito "encapuchado". Aunque la modificación no se puede incorporar en el proyecto de agenda antidelincuencia, el Gobierno propone a la Cntc considerarlo al interior de una ley especial.

Lo mismo con la petición de penas privativas de libertad para el delito de usurpación y pena y multa -proporcional al mal causado- para el delito de daños. La carta-petitorio de la Cntc igual encontró acogida en fortalecer los derechos de las víctimas quienes como intervinientes podrían solicitar la formalización de cargos a un juez de garantía.

Se intentó obtener una versión de parte del intendente de La Araucanía, Andrés Jouannet, sin éxito.

Manifestación

El lunes 24 de agosto de este año, un total de 13 camiones salió desde Temuco con destino a Santiago cargado de maquinaria quemada en atentados, para protestar frente a La Moneda exigiendo mayor seguridad. Esto, luego que el Ministerio del Interior no les otorgara el permiso que solicitaron días antes, para llevar a cabo la manifestación.

Sin embargo, a pocos kilómetros de la meta un decreto de la Seremi de Transportes Metropolitana les prohibió el ingreso a Santiago quedando estacionados por 12 horas en el Peaje Angostura.

"Nos llama la atención que no les den ninguna posibilidad a las víctimas para que de alguna manera sean compensadas".

José Villagrán,, dirigente transportista

La Asociación de Víctimas de la Violencia Rural, Avvru, se mostró preocupada por la sentencia que pueden recibir los imputados Hugo Melinao Licán y Juan Patricio Queipul, ambos declarados culpables del delito de incendio a dos camiones ocurrido el 2 de octubre en 2014.

Esto, ya que los jueces del Tribunal Oral de Angol, no dieron por acreditado el delito de homicidio frustrado contra Carabineros en acto de servicio, por el cual había acusado el Ministerio Público ya que el día del ataque incendiario, se produjo una violenta balacera entre un grupo de encapuchados y la policía.

Según explicó el directivo de la Avvru y también abogado querellante en la causa, Luis Felipe Romero, "a nosotros nos parece muy grave el hecho de que efectivamente exista un delito que se ve acreditado ya que Carabineros fue atacado con un arma de fuego y que eso no constituya ningún tipo de delito (…) no puede significar nada el hecho de dispararle a carabineros con un alto poder de fuego, con un peligro para su vida. No estamos de acuerdo en esa parte con la sentencia", enfatizó.

Esto, ya que uno de los imputados, Hugo Melinao, en atención a contar con irreprochable conducta anterior, podría cumplir su pena en libertad.

En tanto, si bien el Ministerio Público había considerado las amenazas como un delito aparte, el tribunal estimó que se acreditaron pero como un medio más para cometer el delito de incendio.

El atentado

Según la acusación fiscal, a las 22:30 horas de la noche del 2 de octubre, los imputados Hugo Melinao y Juan Queipul, en un grupo de más de 20 personas con sus rostros cubiertos y premunidos de armas de fuego, llegaron hasta la hostería El Container, ubicada a la altura del kilómetro 595 de la Ruta 5 Sur y procedieron a quemar dos camiones mientras sus conductores cenaban.

Un radiopatrulla se percató del ilícito y comenzó una feroz balacera. Horas después, ambos imputados fueron detenidos. La Fiscalía pidió penas de cárcel de 15 años para Melinao y 20 años para Queipul.