El Gobierno lanzó ayer una campaña de educación cívica sobre el proceso constituyente, que es la primera etapa previa a los diálogos ciudadanos que se realizarán entre marzo y octubre del próximo año, que se darán a nivel comunal, provincial y regional.

En una actividad en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) de Santiago, fue lanzada la campaña, que entre varias cosas cuenta con el llamado "Constitucionario", un diccionario didáctico conformado por viñetas que fueron dibujadas por el destacado ilustrador Alberto Montt y que explican los principales conceptos que serán parte del debate para la creación de una nueva Carta Magna.

Además se presentaron cinco animaciones en las que se explican cinco ideas clave para la discusión constitucional, como libertad, democracia, república, igualdad y Constitución. Tanto las viñetas como las animaciones están disponibles en el sitio web Constitucionario.cl.

A la actividad asistieron los ministros del Interior, Jorge Burgos; Trabajo, Ximena Rincón; Secretaría General de Gobierno, Marcelo Díaz; Segpres, Nicolás Eyzaguirre, y Hacienda, Rodrigo Valdés, además de dos los recientemente anunciados miembros del Consejo Ciudadano de Observadores, Ruth Olate, presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular (Fesintrapac), y Salvador Millaleo, representante de los pueblos originarios.

La campaña además contempla la entrega de folletos y un sitio web adicional -unaconstituciónparachile.cl- en el que se explican los pasos que se seguirán en el proceso constituyente.

Asimismo, se pondrán a disposición de la ciudadanía cuentas de Facebook y Twitter que publicarán información sobre el debate y habrán spots publicitarios en radio y televisión, además de gigantografías en la vía pública.

El proceso a seguir

La campaña tendrá un costo total de $250 millones y se extenderá hasta marzo del próximo año, cuando está programado que comiencen los diálogos ciudadanos, que recogerán la opinión de los chilenos.

El resultado de esa instancia constituirá las "bases ciudadanas", que le llegarán a la Presidenta Michelle Bachelet en octubre de 2016 y darán pie a que continúe el proceso.

Según el cronograma propuesto por el Gobierno, a comienzos del segundo semestre del 2017, el Ejecutivo presentará ante el Congreso el proyecto de una nueva Constitución, y los parlamentarios que ese año sean elegidos en las elecciones deberán decidir el mecanismo para aprobar la Carta Magna.

Una vez debatido el proyecto de nueva Constitución según el mecanismo escogido, se convocará a un plebiscito en el que se ratificará la propuesta de una nueva Carta Fundamental.

El ministro Eyzaguirre destacó en declaraciones citadas por Cooperativa que "este es un material muy lúdico, que desde ahora pueden verlo en Internet para comenzar a pensar en el país que soñamos".

Von Baer: "El Gobierno está pagando las consecuencias de una política improvisada"

Tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que declaró admisible el recurso de inconstitucionalidad presentado por la oposición por la glosa de gratuidad en la educación superior para el próximo año, la senadora gremialista Ena Von Baer, quien integra la Comisión de Educación de la Cámara Alta, aseguró que con ese recurso el Gobierno "está pagando" por improvisar.

"El Gobierno está pagando las consecuencias de una política pública improvisada y está pagando las consecuencias de llevar a cabo un cambio de política pública de fondo a través de una glosa presupuestaria. Esto muestra la improvisación infinita que ha tenido el Gobierno en el área de educación", aseveró.

La senadora criticó la glosa presupuestaria con la que el Gobierno planea financiar la gratuidad el año pasado, señalando que con ella el Ejecutivo "está discriminando, dejándolos fuera del sistema de gratuidad".

"Quien tiene la responsabilidad de haber diseñado una política pública que discrimina a estudiantes vulnerables y de clase media de manera arbitraria, es el Gobierno. Por lo tanto, es el propio Gobierno quien tiene la obligación de revertir esta situación", añadió en declaraciones citadas por el sitio del Senado.

La parlamentaria manifestó que sería "una lástima" que el Gobierno "insista en el camino de discriminación favoreciendo sólo a estudiantes de las universidades del Cruch", y dijo que el Ejecutivo podría haber optado por otorgar el beneficio a través de un sistema de becas.

"Aquí lo fundamental es asegurar que los recursos lleguen a los estudiantes que más lo necesitan, y siempre se ha podido hacer a través del mecanismo de becas", indicó.

Por su parte, el diputado de la UDI Jaime Bellolio, se refirió al recurso admitido por el TC y aseguró que fue ingresado en defensa de los estudiantes más vulnerables.

"Nosotros vamos al Tribunal Constitucional para defender a los estudiantes más vulnerables, que han sido discriminados de manera arbitraria por el Gobierno", afirmó en entrevista con TVN.

El parlamentario, asimismo, acusó al Gobierno de fomentar una campaña de terror y de mentir. "El vocero de Gobierno parece que no leyó el recurso", dijo, argumentando que no todos los planteles que accederían al beneficio cumplen con los requisitos que el Ejecutivo estableció.

"Nosotros lo que estamos diciendo es que no es posible que todos estos estudiantes de CFT e IP, de nueve regiones del país quedan sin ningún estudiante beneficiado de CFT e IP", agregó Bellolio.

El parlamentario gremialista enfatizó que "nosotros estamos yendo allá (al TC) no para oponernos a la gratuidad", sino para que el Gobierno utilice dos criterios para establecer quiénes serán beneficiados: "La vulnerabilidad de los estudiantes y la acreditación" de las instituciones.

El diputado calificó como "un capricho" del Gobierno los requisitos para acceder a la gratuidad.

"El rol (de los observadores ciudadanos) está establecido. Es ser garantes de la transparencia y el priorismo del proceso".

Jorge Burgos, ministro del Interior

"Éste es un material muy lúdico, que desde ahora pueden verlo en Internet para comenzar a pensar en el país que soñamos".

Nicolás Eyzaguirre, ministro Segpres