En 2019 se cumplen 25 años desde la adquisición de los primeros predios por Conadi a través de la Ley Indígena (19.253) y la norma permite la enajenación de las tierras a partir de ese año. En La Araucanía, al 2020 serán 15 las comunidades que podrán -si así lo estiman- negociar sus tierras.

Un total de 2.487 hectáreas podrán ser vendidas en base al artículo 22 del citado cuerpo legal, el que señala que "las tierras no indígenas y los derechos de aguas para beneficio de tierras indígenas adquiridas con recursos de este fondo (para tierras y aguas) no podrán ser enajenados durante veinticinco años, contados desde el día de su inscripción".

Eso sí, la ley señala que los predios sólo se podrán transar "entre comunidades o personas de una misma etnia" y previa autorización del director nacional de la Conadi .

En La Araucanía, precisamente, nueve predios adquiridos en 1994 serán los primeros en contar con la posibilidad en 2019 y en 2020, se sumarán otras seis comunidades.

Los predios se encuentran entre las comunas de Cunco, Purén, Collipulli, Lumaco, Traiguén, Pitrufquén, Ercilla y Temuco.

Conadi

Para el director nacional de Conadi, Alberto Pizarro Chañilao, en su oportunidad el tema debe ser analizado ya que a su juicio la Ley Indígena requiere una reforma y un perfeccionamiento en los mecanismos de compra de tierras.

Según precisó, la posibilidad de enajenar los predios "nunca se ha planteado ni tampoco existe una comunidad que la haya hecho presente ante Conadi. No creo que ninguna de las comunidades que lucharon por años para la restitución de sus territorios, piensen en vender. Sin embargo, también puede existir interés en vender por parte de comunidades que en dicha época recibieron predios de mala calidad y ahora pueden comprar otros mejores o más adecuados al uso que les quieran dar".

Datos que aportan desde Conadi señalan que el año 1996, el 35% de la población indígena estaba por debajo de la línea de pobreza, mientras que en 2013, la cifra disminuyó a un 23%. Por su parte, el año 1996 el promedio de escolaridad de la población indígena era 7 años, mientras que el 2013 aumentó a 10 años. En cuanto a su localización, sólo en la última década la población indígena urbana subió de un 64% a un 74%".

La Fundación de Desarrollo Social y Cultural, Aitue, se ha dedicado al diseño y evaluación de políticas públicas indígenas. Su director, Carlos Llancaqueo, explicó cada vez que se compran tierras con fondos públicos ya sea a través del subsidio para comunidades o el subsidio individual, la ley obliga a establecer una cláusula de prohibición de enajenar por un plazo de 25 años.

"Esta cláusula, obviamente no tiene excepciones salvo que la propia Conadi autorice una enajenación (…) si se lo mira desde el punto de vista de una persona indígena que recibió un subsidio individual, ella perfectamente estaría en condiciones de vender a partir del año 2019 su propiedad a otro indígena en este caso mapuche", explicó el directivo.

En este sentido, Llancaqueo se pregunta, una vez realizada la venta -siguiendo el ejemplo anterior- ¿qué va a pasar con este indígena?

"O sea, dejó el área rural, se vino a la ciudad, hizo un emprendimiento... eso es importante desde el punto de vista que podamos generar un foco donde las personas no han logrado hacer producir su tierra o que ya se sienten que no tienen los recursos necesarios para hacerla producir, puedan entrar a enajenar y se pueda producir una atomización de la propiedad, es decir, un indígena que tenga más recursos pueda empezar a comprar distintas tierras y generamos a lo mejor un foco de pobreza en ese indígena que vendió", comentó.

Es aquí donde nacen más preguntas: "¿Ese indígena podrá acceder nuevamente al subsidio? ¿Vamos a tener una nueva persona que se agrega a la lista?".

"Los indígenas tienen una relación especial con la tierra y el Estado debe proteger la tierra indígena por una parte y por otro lado también, evitar que el indígena, por razones económicas, se deshaga de su tierra porque uno de los principios básicos de la Ley Indígena es promover la ampliación del territorio indígena", subrayó Llancaqueo.

Emboscada a Carabineros terminó con dos detenidos

Una compleja situación fue la que vivió personal de Carabineros del retén de Hualpín, cuando sorpresivamente fue emboscado por encapuchados.

Esto ocurrió mientras que el personal uniformado circulaba por el camino público entre Hualpín y Puerto Domínguez, cuando al llegar al sector conocido como Pichichelle, se encontró con árboles cortados derribados con el objetivo de obstaculizar el camino y al momento de descender del vehículo policial, fueron emboscados por un número indeterminado de encapuchados, los que portaban armas de fuego con las que atacaron al sargento primero Luis Santander Luna, en unas de sus extremidades .

Al lugar concurrió de inmediato un gran contingente policial que desarrolló un amplio operativo con la finalidad de dar con los responsables. En uno de los tantos patrullajes que realizaron en la zona para ubicar a los encapuchados, se logró la detención de dos de ellos, siendo individualizados con sus iniciales M.A.S.C., de 33 años y C.F.P.H., de 18 años de edad.

Mientras tanto, el uniformado herido debió ser trasladado vía helicóptero de la institución al Hospital Regional de Temuco, donde se encuentra hasta hoy en franca recuperación de la cirugía para extraerle el proyectil.

Cargos

Por orden del fiscal de turno, ambos detenidos fueron puestos en la madrugado de ayer - ante la presencia del juzgado de garantía de Nueva Imperial- para la respectiva audiencia de control de detención, donde se les imputaron cargos por el delito de maltrato a carabineros y homicidio frustrado.

Por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad, el magistrado decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado de 18 años y un plazo de dos meses mientras dure la investigación. En tanto, M.A.S.C. quedó en libertad sujeto a medidas cautelares.

"Es necesaria una reforma a la Ley Indígena y un perfeccionamiento en los mecanismos de compra".

Alberto Pizarro,, director nacional de Conadi