Diego Ahumada

El fiscal Miguel Ángel Velásquez, jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad (Fiac) formalizó investigación por los delitos de fraude al seguro e incendio, a dos adultos oriundos de la ciudad de Chillán por su presunta responsabilidad en un caso de autoatentado.

Se trata del estudiante de derecho Carlos Danilo Fuentes Vásquez (38) y el empresario, Carlos Guillermo Uribe Troncoso (44), quienes la noche del 4 de julio viajaban a Osorno cuando, según en la versión que relataron a la policía, en la ruta Cajón-Vilcún fueron interceptados por tres sujetos quienes los obligaron a descender del Mercedes Benz Station Wagon ML-250, para luego incendiarlo.

Pero los antecedentes recabados en el transcurso de la investigación por el Ministerio Público, dieron un vuelco al caso. El fiscal Velásquez explicó que "se logró determinar hasta este momento que lo hechos no son tal cual como se refirieron. En definitiva se trata de un fraude al seguro y de un delito de incendio como comúnmente se ha llamado autoatentado".

El persecutor penal, agregó que "en el devenir de la investigación, el fiscal logró determinar varias inconsistencias relativas a sus ubicaciones, respecto a sus tráficos telefónicos, las propias declaraciones".

Los imputados llegaron a declarar este miércoles a la Fiscalía Regional y en virtud de los antecedentes que entregaron, el fiscal Luis Arroyo solicitó órdenes de detención en su contra las que fueron llevadas a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI).

Según los antecedentes que presentó el fiscal Velásquez en audiencia, el auto de lujo estaba avaluado en 33 millones 480 mil pesos. Dos días después del supuesto atentado, el propietario inició los trámites con la empresa aseguradora.

"Según las liquidaciones dos días después se hace el denuncio del siniestro, viene el proceso de liquidación y posteriormente la compañía de seguros paga en primer término a la empresa Forum -que tenía el crédito prendario del vehículo- y en segundo lugar el saldo insoluto al asegurado", dijo Velásquez. Es decir, más de $23 millones para la empresa y cerca de 9 millones recibieron los imputados.

El seguro había sido contratado en abril de 2014 -cuatro meses antes de ocurridos los hechos- y expiraba en abril de 2015.

Audiencia

El día de ayer se realizó la audiencia de control de la detención. La jueza Marcia Castillo Monjes decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total y agendó para el 24 de febrero del 2016 una audiencia de procedimiento abreviado. Las penas por el delito de fraude al seguro, ascienden desde los 541 días a los 5 años.

Avvru

Un enérgico repudio a estos casos mostró el presidente de la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural (Avvru), Alejo Apraiz. "No corresponde estar aprovechándose del dolor ajeno para beneficio propio. Repudiamos absolutamente lo que ellos cometieron", dijo.

El dirigente agregó que "es un daño porque los que realmente somos víctimas pasamos un largo calvario a objeto de poder recuperar lo perdido y esta personas que se aprovechen de esta situación es muy feo". Por último, Apraiz llamó a investigar este tipo de ilícitos. "Todo delito debe ser investigado y sancionado", enfatizó.

Denuncia

Carlos uribe denunció que el vehículo le fue robado en el camino a Cajón por sujetos encapuchados que vestían con mantas y que no hablaban español. Según precisó hablaban mapudungún y solamente hicieron señas. En la ocasión, el imputado realizó la denuncia en Carabineros.

La Fiscalía derivó la orden de investigar a la Policía de Investigaciones (PDI) quienes realizaron diversos peritajes al vehículo e incluso en un paradero cercano, encontraron un afiche con la consigna "traslado inmediato al CET de Vilcún, machi Celestino Córdova", el que se establecería no correspondía al hecho.

Hay que recordar que en agosto de este año, la Corte de Apelaciones de Temuco aumentó de 400 a 800 días de presidio remitido la condena en contra de Hugo Castro y su primo Orli Martiní, por un autoatentado a un camión en Padre Las Casas.

Sename se querelló contra padre y madre por violación de su hija

Con la presentación de una querella por violación de menor de 14 años y abuso sexual infantil en grado de consumado, el Servicio Nacional de Menores, Sename, se hizo parte en el caso de violación de una niña de 10 años ocurrido en Temuco.

La presentación realizada por la directora regional del organismo de protección de la infancia, Ximena Oñate, está dirigida en contra del padre de la pequeña, en calidad de autor del delito cometido, de la madre, como encubridora; y, de todo aquel que resulte responsable, sea en calidad de autor, cómplice o encubridor de estos hechos cometidos en contra de la menor.

Fundamentación

El libelo fundamenta su presentación, luego que una tía de la niña nacida en mayo de 2005 y prima del padre sorprendiera al sujeto en uno de los dormitorios donde en la víspera habría cometido el ilícito. Asimismo, las indagaciones consignan que la madre de la niña vulnerada, conociendo del hecho facilitaba preservativos y anticonceptivos para evitar embarazos.

Ximena Oñate, directora regional del Sename argumentó que de acuerdo a su investidura como servicio tienen la obligación de velar por el bien superior del niño, que inspira la actuación del Sename como órgano del Estado a cargo de la protección de la infancia.

"Lo que buscamos es que se investigue, se juzgue y se sancione a todos quienes resulten responsables de una situación que afecta las condiciones más básicas de desarrollo de una niña. En paralelo evaluamos las posibilidades de apoyo en el ámbito de la protección y reparación, en función de las decisiones que adopte el tribunal".

Los hechos descritos configuran el delito de violación de menor de 14 años, según consta en el Artículo 362 del Código Penal y de abuso sexual infantil consignados en los Artículos 366 bis y 366 ter del Código Penal.

Fiscalía

El padre de iniciales J.A., de 28 años de edad, fue formalizado como autor del delito de violación además de abuso sexual y la madre, en calidad de cómplice de los vejámenes. Ambos quedaron en prisión preventiva por los cuatro meses que se extienda la investigación.

"La madre de la víctima fue formalizada por el delito de violación también en perjuicio de la niña pero en calidad de cómplice (...) la progenitora le facilitaba al imputado preservativos para evitar que la niña quedara embarazada y además ésta madre le facilitaba anticonceptivos a la niña con el mismo objetivo", explicó en la audiencia de control de detención el fiscal Cristian Gacitúa.

Los dos imputados quedaron en prisión preventiva en la Cárcel de Temuco mientras la investigación se desarrolle.