El fiscal regional de la época, Francisco Ljubetic, aseguró que hay testimonios clave que permitirían llevar a la justicia a los copartícipes del crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay pero advirtió que existen pactos de silencio que impiden que salga a la luz toda la verdad.

Las declaraciones se conocen a tres años de la muerte de la emblemática pareja de agricultores en la Granja Lumahue, en Vilcún. El abogado reveló que en el curso de la investigación se establecieron las identidades de los sospechosos pero que la prueba testimonial más que la pericial era insuficiente para presentarlos ante la justicia.

"La línea investigativa siempre se orientó a que Córdova no participó de manera solitaria. Hubo informes policiales que permitieron tener la identificación de varios de ellos (…) las personas tienen pactos de silencio, se resguardan debidamente, tienen asesoría en ese sentido", afirmó Ljubetic.

Los seguimientos policiales efectuados en la madrugada del 4 de enero establecieron huellas de un grupo de sujetos y casquillos de diversas armas utilizadas presuntamente por los compañeros de Celestino Córdova, único condenado a 18 años de cárcel por el delito de incendio con homicidio.

Un informe de la sección OS-9 de Carabineros Araucanía detalló el testimonio de dos sujetos que el día 13 de febrero en 2013, concurrieron al sector de Tres Cerros en Padre Las Casas para adquirir un caprino, ocasión en que se entrevistaron con una persona apodada el "Huaso" quien se jactaba de los hechos ocurridos en la Granja Lumahue.

El documento reservado detalla que el hombre les contó que tras compartir bebidas alcohólicas se trasladaron a la Granja Lumahue con la finalidad de quemar alguna instalación pero que "al ser sorprendidos por el propietario de dicho inmueble, éste les disparó en reiteradas oportunidad, y en una de ellas le impactó al machi, dejándolo herido, situación que indignó a sus acompañantes por lo que decidieron quemar la casa patronal con las personas en su interior, para luego darse a la fuga en dirección desconocida".

Pero la policía no lograría corroborar la versión. Ljubetic afirmó que no se descartó a ningún sospechoso pero no se materializaron otras detenciones por falta de pruebas. Hay que destacar que el 2023 prescribe la causa para los copartícipes.

Deuda

En julio de 2015 en entrevista con El Austral, el fiscal regional Cristian Paredes reconocía que "hasta hoy no tenemos prueba de calidad que nos permita presentar a otra persona ante un juez por este hecho tan deleznable". Por otro lado, Jorge Luchsinger (47) hasta el día de hoy espera que quienes acompañaban al machi la noche en que asesinaron a sus padres enfrenten la justicia.

Los gremios locales acusan una deuda pendiente de la justicia con la simbólica familia de agricultores pero más aún, con las víctimas del conflicto.

"Gozan de la más absoluta impunidad dado el amparo que les otorga la ley", dijo Jorge Luchsinger el año pasado a los pies de la reconstruida casa de Werner Luchsinger (74) y Vivianne Mackay (69) a 25 kilómetros de Temuco. La noche del 4 de enero el agricultor escuchó el desesperado llamado telefónico de auxilio de su madre pero no pudo salvarlos del fuego que los calcinó.

El presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola (Sofo) Marcelo Zirotti, alegó que "hay una deuda pendiente de la justicia y también una discriminación positiva hacia la persona que está en este momento pagando el asesinato porque él puede hacer rituales y todo dentro de la cárcel".

Para el director de la Multigremial de La Araucanía, Emilio Taladriz, la falta de detenidos en el crimen es "un dolor abierto para la Región y ese capítulo es necesario cerrarlo".

Por su parte, la secretaria ejecutiva de los agricultores de Victoria-Malleco, Gloria Naveillán, criticó que " los estándares que se piden en causas relacionadas con el tema mapuche son tan altos que es por eso que no se ha acusado al resto de la gente".

Jornada por la paz

Por las redes sociales, las Mujeres Por La Araucanía iniciaron una campaña llamando a una jornada de paz y reflexión hasta el día 10 de enero. "Han pasado 3 años y aún no hay verdadera justicia", manifestó la vocera de la agrupación, Valeria Ceroni, respecto a la muerte del matrimonio.

Conmemoran ocho años del asesinato de Matías Catrileo

El homicidio del joven universitario Matías Catrileo Quezada, a manos del cabo segundo de Carabineros, Walter Ramírez Inostroza -autor del disparo que causó la muerte- a ocho años de la sangrienta noche aún cala profundo en sus más cercanos, el mundo mapuche y simpatizantes de las reivindicaciones indígenas.

Para hoy en su recuerdo, la familia del estudiante anunció un foro informativo y posterior marcha desde las 15 horas en la plaza Dagoberto Godoy, ubicada a un costado del Hospital de Temuco. Desde la muerte de Matías, la fecha se conmemora con diversas manifestaciones.

Durante la jornada denominada "Por la lucha y resistencia del pueblo mapuche", expondrá el lonco Víctor Queipul, el historiador Martín Correa y el abogado Pablo Ortega. El moderador será Oscar Ancatripay.

En Santiago, en tanto, también se realizará una marcha que conmemorará el homicidio del joven mártir de las reivindicaciones territoriales.

Hay que recordar que el cabo Ramírez fue condenado por la Justicia Militar por la muerte del estudiante y fue dado de baja de la institución.

Indemnización

En tanto, el 17 de diciembre, en fallo unánime la Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó que el Estado debe indemnizar con $130 millones a la madre y a la hermana del comunero mapuche por una acción de "violencia innecesaria" del uniformado.

En la oportunidad, la madre de Matías Catrileo, Mónica Quezada, confirmó la decisión de la Corte Suprema, aclarando que el dinero será entregado a una ONG mapuche, agregando que el dictamen "ratifica que el Estado es responsable de la muerte de un comunero, lo que valida la lucha que tienen las comunidades".

La familia llamó al Estado chileno a resolver los problemas que aquejan al mundo indígena.