Parlamentarios de RN pidieron ayer al Ministerio Público que en el caso Caval solicite las mismas medidas cautelares que exigió en el caso Penta, argumentando que en ambas causas hay situaciones "bastante similares".

"Lo que esperamos es que haya igualdad ante la ley y si es que hubo ciertas medidas para el caso Penta, para los mismos actos, haya las mismas medidas cautelares", urgió el diputado José Manuel Edwards, en la antesala de la audiencia de formalización que se realizará hoy en Rancagua.

El parlamentario llegó hasta La Moneda junto a sus colegas Marcela Sabat y Diego Paulsen, para entregar a la Presidenta Michelle Bachelet el informe de la comisión investigadora del caso.

El legislador sostuvo que a su juicio hay situaciones de la investigación de Caval y Penta que son similares, como por ejemplo, la arista tributaria.

"Son situaciones bastante similares, porque no hubo pago de impuestos y facturas ideológicamente falsas por miles de millones de pesos. Nosotros esperamos que haya igualdad ante la ley y que finalmente podamos conocer la verdad, con los procesos exactamente igual que lo que ocurrió en el caso Penta", insistió.

El llamado fue respondido por el fiscal nacional (s), Andrés Montes, quien sostuvo que no procede "aplicar regla matemática" en los casos, debido a que la solicitud de medidas cautelares que hacen los fiscales se realizan "de acuerdo a los antecedentes y a la necesidad de cautela que exista para cada una de las personas que van a ser imputadas. Lo que procede es analizar caso a caso".

Mabel González

Tras nueve meses de tramitación en el Congreso, la Cámara de Diputados despachó ayer el proyecto de Carrera Docente en su tercer trámite, por lo que la iniciativa quedó lista para convertirse en ley.

"Es un hecho histórico para el país, una reivindicación de hace años de poder tener una Carrera Docente de buena calidad, de estándar casi internacional en términos de requisitos, y que ha salido con un apoyo transversal en la mayoría de sus artículos", valoró la ministra de Educación, Adriana Delpiano, tras la aprobación.

La secretaria de Estado añadió que "esto hay que mirarlo en el contexto de una reforma que es más amplia, de lo que hoy este proyecto es: un proyecto a la vena de la calidad de la educación y también de la dignidad del Magisterio en Chile".

En la tramitación, la Sala de la Cámara aprobó las modificaciones que introdujo en segundo trámite el Senado y que en general fueron calificadas por los parlamentarios como mejoras al texto original aprobado previamente por los diputados. Estas indicaciones se introdujeron después de un acuerdo tripartito entre el Colegio de Profesores, la Comisión de Educación de la Cámara y el Gobierno.

El texto dispone un sistema de desarrollo profesional docente con un procedimiento de progresión en distintos tramos, en virtud del cual los docentes pueden acceder a determinados niveles de remuneración y un Sistema de Apoyo Formativo a los docentes.

Tres tramos

El Sistema de Desarrollo Profesional Docente establece tres tramos obligatorios: Inicial, Temprano y Avanzado, y dos tramos adicionales voluntarios: Experto I y Experto II.

La iniciativa beneficiará a más de 200 mil profesores desde el año 2017 al 2026, es decir, al 92% de la matrícula y significará una inversión de US$ 2.300 millones para el Estado.

Además, establece gradualmente una proporción de 60% horas lectivas y 40% de no lectivas.

En materia de formación de los profesionales de la educa ción, la norma establece que esta sólo corresponderá a universidades acreditadas cuyas carreras también cuenten con acreditación.

La diputada y presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, Camila Vallejo (PC), sostuvo que esto es una "inyección a la vena a la mejora de la calidad de la educación, lo valoramos como tal, quedan muchos aspectos pendientes, pero este es un gran avance".

La legisladora destacó el aumento de horas no lectivas, el mejoramiento a las remuneraciones y el incentivo a quienes trabajan en escuelas con alto porcentaje de vulnerabilidad. "Yo creo que hay que celebrar, es una buena señal para cerrar este periodo legislativo y espero que empiece a estar en vigencia lo antes posible", declaró.

El agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), José Miguel Insulza, criticó ayer que el Gobierno del Presidente boliviano Evo Morales quiera usar la Celac en 2017 para difundir su postura en la demanda marítima y negó que el país intente bloquear la presidencia temporal de esa instancia. "El vicepresidente (de Bolivia) quisiera darle unos usos a la Celac que, a mi juicio, no son compatibles con la presidencia", dijo Insulza. El vicepresidente boliviano Álvaro García Linera acusó a Chile de querer "ahondar su aislamiento y su presencia en el ámbito internacional como un país agresivo, provocador".