Mauricio Mondaca

La Comisión de Trabajo del Senado sesionará en el Congreso Nacional a partir del mediodía de hoy hasta finalizar el despacho de la reforma laboral, jornada que ayer mantuvo a los parlamentarios de la instancia y a varios ministros del Gobierno debatiendo el contenido de las indicaciones.

El tiempo previsto en la instancia no fue suficiente para la discusión de todos los temas en la agenda. Entre los puntos que siguen causando mayor desacuerdo al interior de la comisión están las denominadas "adecuaciones necesarias" que podrían hacer los empleadores en caso de que sus sindicatos opten por una huelga.

Se espera que debido a esto la iniciativa sea votada mañana en la Sala del Senado, teniendo en cuenta que La Moneda le otorgó suma urgencia al despacho del proyecto.

Posible comisión mixta

El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, le quitó dramatismo al escenario de una eventual comisión mixta que termine resolviendo las discrepancias que puedan surgir entre los senadores y los diputados.

"La comisión mixta es una instancia procesal legislativa más, que tiene lugar cuando hay diferencias entre la Cámara y el Senado. Por tanto jamás hay que verla con dramatismo", dijo el vocero de La Moneda. Según Díaz, "a veces significa una semana más, dos semanas más de discusión. La verdad no es ningún drama, ninguna teleserie. No hay nada que temer en una comisión mixta".

La senadora Carolina Goic (DC) dijo que uno de los temas que resta por resolver en esta jornada es la negociación interempresas. "Nos quedan las menos de las indicaciones. Vamos a seguir discutiendo mañana (hoy)", afirmó la parlamentaria.

Apoyo del PS

El jefe del comité de senadores del PS, Carlos Montes, aseguró ayer que apoyarán "en general" las indicaciones del Gobierno a la reforma laboral, aunque con "algunos matices".

Los seis senadores del PS se reunieron ayer en la sede del ex Congreso Nacional en Santiago, para buscar una postura común sobre el proyecto impulsado por el Gobierno y que sigue generando diferencias en la Nueva Mayoría.

"Vamos a apoyar la indicaciones del Ejecutivo con algunos matices que vamos a levantar ahora en la comisión (de Trabajo), pero en general vamos a apoyarla", dijo Montes.

El senador Andrés Allamand (RN), afirmó que "todo lo que supuestamente había conseguido la Democracia Cristiana quedó absolutamente en nada. Y para las pequeñas y medianas empresas el futuro se ve muy negro".

12 horas de hoy se reactivará el trabajo de la Comisión del Trabajo para debatir la propuesta.

10 indicaciones propuso el Gobierno para la reforma, que mantienen el debate en la Nueva Mayoría.

Los seis acusados en el denominado Caso Tsunami aceptaron las condiciones impuestas por la Fiscalía para cerrar un acuerdo y de este modo suspender el proceso en su contra.

Las tratativas, que comenzaron en febrero, concluyen cinco años después de iniciada la investigación, tras la fallida alerta de maremoto emitida luego del megasismo registrado en la zona centro sur del país el 27 de febrero de 2010.

Fuentes citadas por Emol señalaron que el ex subsecretario del Interior Patricio Rosende deberá pagar $80 millones.

En tanto, la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), Carmen Fernández, cancelará $40 millones. Las indemnizaciones alcanzan un total de $240 millones, dinero que se utilizará para analizar un nuevo sistema de protección civil.

Los otros acusados son Johaziel Jamett, ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi y Andrés Enríquez, ex jefe de operaciones del Servicio Hidrográfico y Océanico de la Armada (SHOA). A esta misma institución pertenecieron Mariano Rojas (ex director) y Mario Andina (ex oficial de guardia).

Sin embargo, el acuerdo debe ser ratificado el 14 de marzo, en el inicio de la audiencia de preparación de juicio oral.

Carlos Fairlie, uno de los abogados querellantes, anunció que rechazará esta salida alternativa. "Como lo he plasmado desde un comienzo, esto fue un acuerdo a espaldas de las víctimas y desde esa perspectiva no podemos estar conformes con algo que ni siquiera fue comunicado en su oportunidad", expuso el profesional a radio Cooperativa.

En respuesta a las críticas de la parte acusatoria, el fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf, expresó al entregar los detalles del acuerdo que "exponer a un año más de juicio a las víctimas es aumentar su dolor. La sanción penal no siempre soluciona un conflicto de este tipo".

"Gracias a la investigación acuciosa y profunda que se realizó en torno a este caso, se pudo alcanzar a la convicción de la ocurrencia de ciertos hechos que se consideró necesario someter al conocimiento de un Tribunal, lo que no se contradice de manera alguna con la posibilidad de una solución no exclusivamente penal, tal como lo contempla nuestra legislación", remarcó Pérez.

Chile Vamos acusó "falta de claridad" por parte del Gobierno en las indicaciones introducidas al proyecto de reforma laboral, iniciativa que a juicio del presidente de la UDI, senador Hernán Larraín, ha sido llevada de forma "muy poco seria, improvisada y poco rigurosa" por parte del Gobierno.

El senador gremialista expresó que "llevamos seis meses viendo cómo el Gobierno no es capaz de ponerse de acuerdo. Esto nos produce una enorme intranquilidad en una materia clave: el país está paralizado económicamente y en este momento una mala reforma laboral lo que puede hacer es agravar esta situación".

Para el líder de la UDI, "el Gobierno no tiene claridad sobre lo que propone y las indicaciones que han presentado son interpretadas en forma completamente contradictoria" por el oficialismo.

Para Larraín, las diferencias entre los partidos de la Nueva Mayoría son "reflejo de la ambigüedad interna, de las profundas divisiones de la interior" del bloque.

Por ello, aseguró que "esperamos claridad y le hemos pedido al ministro de Hacienda a que contribuya a tener una sola interpretación para votar con claridad la reforma laboral".

Proceso Constituyente

El vocero del bloque opositor anunció también que los partidos evaluarán su participación en el proceso constituyente que impulsa el Gobierno. Si bien aseguró que estarán a favor de discutir el tema, manifestó sus aprensiones respecto de la forma en que se ha conducido, específicamente por el despliegue en terreno de los ministros de varias carteras para su difusión.

Debido a lo anterior, el senador Larraín anunció que el grupo de estudios constitucionalistas de Chile Vamos realizará un estudio para que evalúe la participación de la coalición en dicho proceso.