Hugo Soto Cárdenas
Como una situación satisfactoria y un avance que hace que la justicia prevalezca sobre la impunidad, calificaron los representantes de Derechos Humanos de Temuco y La Araucanía la condena a diez años y un día de presidio -en primera instancia- para el teniente coronel en retiro del Ejército, Sergio Tomás Gutiérrez Rodríguez, esposo de la consejera regional Genoveva Sepúlveda, por su responsabilidad, junto a otros dos militares en retiro, del homicidio de tres personas en septiembre de 1973 en Antofagasta.
Víctor Maturana, presidente del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, indicó que "nosotros en general saludamos con muchas satisfacción las resoluciones que están adoptando los diferentes ministros que a lo largo del país están llevando a cabo investigaciones por casos de violaciones a los derechos humanos, de manera que esta resolución de la ministra de la Corte de Apelaciones de Antofagasta nos parece tremendamente positiva, aunque tarde, pero de todas formas da cuenta de una realidad brutal, donde se condena a los culpables en delitos de lesa humanidad. Aquí está prevaleciendo la verdad y la justicia, por lo que esta condena que afecta a este ex suboficial del Ejército para nosotros es satisfactorio, es lo que corresponde y que hace que la justicia prevalezca sobre la impunidad".
Respecto de los dichos de la consejera regional Genoveva Sepúlveda en defensa de su esposo, Maturana indicó que "no nos sorprenden esas declaraciones por cuanto es bien conocida respecto de su fanatismo, situación que la hace perder toda objetividad y toda racionalidad. Que califique de delirante a quienes han entregado antecedentes que han permitido probar estos hechos delictuales es una falta de respeto inaceptable, por lo que repudiamos y condenamos sus declaraciones".
AVANCES
Carlos Oliva, presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de La Araucanía, dijo respecto de la condena en primera instancia a Gutiérrez Rodríguez, que "es muy importante, no sólo para los familiares directos de las víctimas, sino que también para todos los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Chile, y para la sociedad toda, pues aquí hay una clara demostración -a pesar de lo que se diga- de que se puede seguir avanzando en obtener la verdad y la justicia de todos los atropellos en derechos humanos ocurridos durante la dictadura, independientemente del tiempo transcurrido y de la distancia geográfica".
Oliva afirmó que "esta situación nos demuestra que la apuesta que hemos hechos los familiares de las víctimas a lo largo de todo el país es la correcta, la de romper la impunidad y lograr hacer justicia a través del Poder Judicial. Eso es sano para la sociedad, una decisión de alto nivel ético".
Respecto de los dichos de la consejera regional Genoveva Sepúlveda, que calificó de "delirante" la versión acusadora, Oliva señaló que "seguramente ha leído el expediente. En todo caso es esperable y es legítimo que la familia lo defienda, pero nosotros esperaríamos un mínimo de abrir los corazones, pues la justicia en Chile difícilmente se va a prestar para una persecución política".
