El Cuarto Juzgado Civil de Santiago condenó al síndico Herman Chadwick a devolver en total $ 535 millones a la familia Wiesner, los dueños primarios del paño de terrenos en Machalí que dio origen al caso Caval.

En primer lugar se sentenció al síndico a reembolsar más de $ 120 millones por gastos operacionales no aprobados por la Comisión de Acreedores que liquidó el terreno en esa operación.

En la arista civil del conflicto, la jueza María Paula Merino objetó las cuentas entregadas por Chadwick respecto del convenio judicial los Wiesner y determinó que incumplió sus obligaciones como síndico liquidador.

Pago a juan díaz

Chadwick deberá también devolver otros $ 415 millones, que corresponden a los honorarios que pagó sin motivo a Juan Díaz, ex operador de la UDI.

La sentencia reprocha a Chadwick que solo una vez que comenzaron las dudas por su trabajo, el síndico de quiebras formalizó dos contratos fingiendo haber sido firmados años atrás para justificar los millonarios pagos a Díaz.

En esos contratos se estipulaba que Díaz debía llevar a cabo diligencias para el cambio de uso de suelo de esos terrenos y aumentar su valor para una posible futura venta.

Merino destacó que el cambio de uso de suelo nunca se concretó y que el mismo síndico recibió el terreno en oferta por parte de Caval para venderlo.

El fallo agrega que "la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento deberá proceder a aplicar las sanciones que estime correspondan al señor Chadwick, por el incumplimiento de sus obligaciones como Síndico Liquidador en el Convenio Judicial Preventivo Wiesner S.A.".

Matías Insunza, abogado querellante del caso, explicó que "la familia Wiesner está muy satisfecha, porque se logró que el tribunal civil acogiera las objeciones y esperamos que se cumpla con la decisión adoptada por la magistrada".

El fallo dio por sentado que el síndico pidió y aceptó un honorario adicional indebido de $ 96 millones, aunque se declaró incompetente pues no se pagó con el convenio.

La Corte de Apelaciones de Santiago elevó a cuatro años la condena a dos ex miembros de la Fuerza Aérea por las torturas que sufrió el padre de la Presidenta Michelle Bachelet, el ex general (A) Alberto Bachelet, y que le ocasionaron la muerte en la cárcel en marzo de 1974.

El tribunal de alzada elevó de dos a cuatro años la pena al oficial en retiro Edgar Cevallos Jones y de tres a cuatro años a Ramón Cáceres Jorquera, quienes torturaron al general Bachelet entre septiembre de 1973 y marzo de 1974.

En su fallo, el tribunal señaló que las torturas a Bachelet son "ilícitos que tienen el carácter de delitos de lesa humanidad por haber sido cometidos por agentes del gobierno militar de facto instaurado en el país en septiembre de 1973, llevados a cabo valiéndose de la fuerza, al margen de toda juridicidad, respecto de personas en situación de indefensión, que se hallaban a merced de la crueldad y abuso de la fuerza y el poder de los autores".

En la investigación de la causa, dirigida por ministro en visita Mario Carroza, se detallaron las múltiples detenciones de las cuales fue objeto el padre de la Presidenta Bachelet, las torturas y las contantes visitas al hospital por una afección cardíaca provocada por el estado de tensión y presión psicológica al que fue sometido durante su encierro.

El documento de la investigación agregó las circunstancias de la muerte de Alberto Bachelet e indica que el 12 de marzo de 1974 sufrió una dilatación cardíaca aguda, la que finalmente sería la causa de su muerte en dependencias de la Cárcel Pública.

Carolina Collins

El fiscal regional oriente Manuel Guerra, anunció ayer que formalizará por delitos tributarios al ex candidato presidencial de la UDI Laurence Golborne, en el marco del caso Penta.

Guerra no confirmó la fecha en que se realizará la audiencia de formalización, pero adelantó que será "prontamente", motivada en la determinación del Ministerio Público que llegó a la convicción de la participación de Golborne en los delitos que se le imputarán, vinculados al financiamiento irregular de su campaña política.

El anuncio del persecutor se produjo tras la audiencia de formalización del empresario Tomás Carrasco, acusado de emitir boletas ideológicamente falsas a diversas empresas para financiar la campaña de quien fue el ministro de Minería y de Obras Públicas en el Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera.

"Nosotros formalizamos al señor Carrasco y el beneficiario de los dineros fue el señor Golborne, y tenemos antecedentes de que también participó en la obtención, lo que fue el trato de muchas de las empresas para lograr estos dineros confluyeran hacia su campaña", explicó el fiscal a cargo.

Guerra explicó que la Fiscalía no se encontraba en condiciones de formalizar a Golborne antes, pero que tras haberle imputado cargos a Carrasco, quien quedó con arresto domiciliario, sí es posible y lo harán "prontamente".

"Yo creo que pronto va a ser la formalización de Laurence Golborne, es más bien un tema estratégico. Queríamos avanzar con Carrasco debido a que las conductas de él son más múltiples y abarcan no solo lo que es el irregular financiamiento de la campaña del señor Golborne, sino que abarcan otros hechos que nos parecía prudente formalizar primero", agregó el persecutor.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) interpuso una querella contra el ex ministro por estos delitos en octubre del año pasado.

UDI reitera sus críticas

La UDI volvió a criticar el actuar del Ministerio Público respecto a los casos de financiamiento irregular de la política y acusó "sesgo político".

El diputado Juan Antonio Coloma manifestó que "nuevamente vemos cómo se formaliza o se siguen investigaciones respecto de un sector político, de los que somos de oposición".

"Nosotros nunca hemos pedido ningún trato preferencial con la justicia, pero tampoco un trato discriminatorio. Al final la justicia tiene que cumplir su rol, el problema es por qué con algunos sí y con otros no", sostuvo.

El diputado Felipe Ward (UDI), por su parte, afirmó que "hay un sesgo político en la Fiscalía, lamentablemente eso continúa. Y es evidente también que no se atreven a investigar las campañas ligadas a la Presidenta de la República".

El presidente de RN, el diputado Cristián Monckeberg, rechazó referirse al anuncio de formalización de Golborne. "Estas son decisiones de la Justicia. Que se lleve bien adelante, que haya una buena investigación y finalmente, que los tribunales resuelvan si hay condenados, si hay absueltos", dijo.

"Nuevamente vemos cómo se formaliza o se siguen investigaciones respecto de un sector político, de los que somos de oposición".

Juan Antonio Coloma, diputado de la UDI