Ante la seguidilla de atentados ocurridos en los últimos días, el diputado UDI Gustavo Hasbún llamó al Gobierno a declarar Estado de Excepción constitucional en la zona.

"Atentados ocurridos al mismo tiempo dejan clara la sincronía con que se está operando. Estos no son hechos vandálicos, ni aislados, acá claramente son grupos terroristas que solo quieren causar daño y temor", dijo el diputado UDI, junto con agregar que "es una pésima forma de protestar ante la detención de los 11 comuneros mapuches ligados al caso Luchsinger", sentenció.

El jefe de la Defensoría Penal Mapuche, Pablo Ardouin, criticó la supuesta relación entre los detenidos por el caso Luchsinger-Mackay y los cinco atentados incendiarios registrados en menos de 24 horas en la Región.

Lo anterior, luego que el fiscal regional, Cristian Paredes, designó un fiscal preferente para investigar los ataques en vista de una presunta vinculación con las detenciones de 11 personas imputadas por el crimen del matrimonio.

"Si alguien pretende relacionarlo, no tiene ningún antecedente que pueda establecer ese tipo de relación porque más aún qué relación va a haber si mis representados están todos en prisión preventiva", recalcó Ardouin.

En este sentido, a juicio del abogado, dicha suposición "la tendrá que demostrar el Ministerio Público que es el llamado a investigar los casos y realizar las acciones que estime pertinentes".

El próximo lunes, la Defensoría Penal Pública (DPP) presentará los recursos apelando a la prisión preventiva y posiblemente, un amparo por las agresiones que exhibió José Peralino -testigo clave del caso- en el juzgado tras su detención.

Por último, Ardouin comentó que visitó a sus representados y afirmó que estos "estaban bien".

Gendarmería

Los 10 comuneros en prisión preventiva -José Peralino quedó con arresto domiciliario total- a la fecha se encuentran en las dependencias de imputados primerizos de la Cárcel de Temuco, en el dormitorio 3 del módulo 1, el que tiene capacidad para 45 imputados.

El director regional de Gendarmería, coronel Luis López Cisterna, precisó que si bien los módulos para mapuches que existen en las cárceles de Temuco y Angol son precisamente para condenados, a petición de la defensa los imputados podrían ser trasladados.

Según aseguró, en las dependencias de Angol hay cinco comuneros, mientras que en Temuco si bien la capacidad es para 45 internos, sólo dos -entre ellos el machi Celestino Córdova Tránsito, condenado a 18 años de prisión por el homicidio del Werner Luchsinger y Vivian Mackay- ocupan el espacio carcelario.

A la fecha, en la cárcel de Collipulli hay cuatro comuneros por delitos asociados a la violencia rural y sólo uno en el Centro de Estudio y Trabajo (CET) de Angol.

Respecto de las dependencias especiales de Angol y Temuco, López explicó que "tienen las mismas características de las que albergan al resto de la población penal, con un patio interior, una dependencia para comer, baños y celdas".

Conforme al Convenio 169, Gendarmería les permite -previa solicitud- la realización de actos culturales y religiosos como los guillatún, el wetripantu, o atenciones con medicina ancestral, los que se realizan por lo general en el gimnasio y en el caso de la machi, en la enfermería del penal.

Los imputados pueden recibir visitas los días martes y sábados, mientras que los condenados, lunes y viernes.

Dos reos se encuentran recluidos en el módulo para condenados mapuche de la Cárcel de Temuco.

El diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edwards, llamó a las autoridades a no ceder ante los últimos atentados ocurridos posterior a la detención de 11 comuneros por el caso Luchsinger.

"Estamos en un punto de inflexión. Si cedemos a las presiones de los terroristas ahora que apresaron a los presuntos autores del cobarde asesinato de la familia Luchsinger Mackay, no ganaremos la lucha a los terroristas por muchos años", afirmó Edwards.

Por último, el diputado de oposición solicitó al Gobierno defender a todas las víctimas "sean mapuches o no".

Luego de un intenso operativo desplegado por toda la Región para dar con los responsables de los cinco atentados del jueves, el jefe de la Zona de Control de Orden Público de Carabineros, general Máximo Lira, respondió a las críticas al trabajo policial y llamó a la comunidad a compartir información que les permita mejorar la respuesta a los hechos de violencia.

"Nosotros somos una institución autocrítica. Siempre entendemos que los procesos operativos, administrativos son perfectibles (...) Llamamos a la comunidad a que denuncie los hechos. En la medida que nos entreguen información de manera oportuna nosotros podemos focalizar, georreferenciar hechos que revisten carácter de delito, y poder generar mejores y más inteligentes despliegues, controles preventivos que nos permitan tener mejores resultados", dijo Lira.

En ese sentido, el jefe policial defendió la labor de la policía destacando que "hemos tenido resultados positivos, detenidos por incendio, por robos vinculados en áreas rurales. Detenidos por infracción a la ley de control de armas, tanto en La Araucanía como en la Octava Región".

Sorpresa

El general Lira confirmó que tras la detención de los 11 imputados por el caso Luchsigner "activamos algunos planes de contingencia pero yo no diría que nos sorprendieron".

"Nosotros no somos el problema, somos parte de la solución del problema (...) yo los insto a que entreguen información oportuna y eso va a permitir tener mejores tiempos de respuesta y mejores resultados", reiteró el uniformado.

Hay que recordar que Máximo Lira asumió la jefatura de la recién creada Zona de Control de Orden Público, la que abarca Arauco y La Araucanía, en enero de este año.

El werkén del Consejo de Todas Las Tierras, Aucán Huilcaman, calificó de dudosa la detención de 11 comuneros en el marco del caso Luchsinger-Mackay.

A juicio del dirigente mapuche, el desarrollo de la audiencia en el Juzgado de Garantía de Temuco "probablemente no ayudará a esclarecer la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, debido a que el testigo clave que motivó las detenciones ha dado dos versiones de los hechos completamente distintas", afirmó en relación al relato del comunero de 29 años, José Peralino.

En este sentido, sostuvo que la declaración firmada "carece de sustento jurídico, debido a que en una comunidad mapuche todos se conocen, todos saben dónde vive el otro. Resultaría completamente no creíble si declara que no los reconoce (a los imputados)".

Para el líder indígena "estas declaraciones bordean lo ilegal y es propio de los actos crueles y degradantes de tortura, específicamente la tortura sicológica".

"La Fiscalía Regional está llevando un procedimiento abusivo en su estrategia de investigación sobre una persona vulnerable en todos los sentidos. Vulnerable desde el punto de vista económico, vulnerable desde el punto de vista lingüístico, vulnerable desde el punto de vista cultural", reclamó.

Machi linconao

Huilcamán, en el caso particular de la machi Francisca Linconao, recordó que "ya fue detenida y absuelta en la investigación del mismo caso por su supuesta participación en el asunto que se investiga y ha sido indemnizada por el mismo hecho".

Por último, el werkén del Consejo de Todas Las Tierras, insistió en la necesidad de una comisión de esclarecimiento histórico para establecer "la verdad y la justicia".