Diego Ahumada

A una semana de la "Operación Lumahue", la que terminó con 11 comuneros detenidos por su presunta participación en el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, continúan las reacciones. Esta vez, el jefe del Instituto Nacional de Derechos Humanos en La Araucanía (Indh), Federico Aguirre, criticó la aplicación de la Ley Antiterrorista en el caso.

Para el Indh, la invocación del tipo penal especial a los mapuches "puede tensionar o estar reñido con estándares de Derechos Humanos".

"Efectivamente esa legislación (Ley Antiterrorista) disminuye garantías en relación al debido proceso", comentó el jefe regional del organismo.

AMPARO

En tanto, la defensora de José Tralcal, Karina Riquelme del Centro de Investigación y Defensa Sur (Cidsur), recurrió de amparo y afirmó que la prueba indiciaria de la Fiscalía es insuficiente para inculpar a los detenidos.

Además, el Indh a través de sus veedores vigilará el respeto a las garantías durante el proceso. "Vamos a observar que el procedimiento judicial se ajuste precisamente a las normas del debido proceso, que se den garantías de respeto a las personas que se encuentran imputadas (...) que se les presuma y se les garantice su inocencia", enfatizó Federico Aguirre.

Las declaraciones fueron vertidas en el marco de la firma de un anexo de convenio entre el Indh y Gendarmería, el que permitirá realizar talleres y charlas de Derechos Humanos dirigidos a gendarmes e internos de la Región.

El miércoles recién pasado, la Fiscalía formalizó a 11 mapuches por el delito de incendio con resultado de muerte de carácter terrorista, tras conocer el testimonio de José Peralino (29) quien habría participado del atentado que terminó con la vida de los agricultores el 4 de enero de 2013 en Vilcún.

Defensa

Para Karina Riquelme, la resolución de la jueza de garantía Alejandra García-Bocaz, que otorgó prisión preventiva para 10 de los 11 imputados -Peralino quedó con arresto domiciliario total- carece de fundamento ya que no informa sobre la valoración de los antecedentes expuestos en la audiencia.

"Entendemos que tratándose de 11 imputados por lo menos debió haber una valoración de cada uno de ellos respecto de los antecedentes que corroborarían la confesión del co-imputado (Peralino)", dijo la profesional.

En ese sentido, agregó que la resolución del juzgado no fundamenta sobre la declaración judicial de Peralino el día de la formalización, cuando se retracta de la versión entregada ante dos fiscales seis meses atrás. Para el Cidsur, la prueba indiciaria de la Fiscalía no corrobora lo dicho por el delator.

"Ninguno de los indicios los coloca (a los imputados) en el sitio del suceso, no hay otra prueba a partir del allanamiento, alguna prueba específica respecto de alguno de los imputados. El fiscal dio nociones generales y ahora que hemos tenido un poco de acceso a la carpeta observamos que se comprueba nuestra tesis de la falta de antecedentes ciertos y científicos que los vinculen más allá de que sean personas que pertenecen a comunidades, de que son dirigentes y que se vinculan entre sí por el hecho que son vecinos", enfatizó la abogada particular.

Situación de "los 10"

Durante la ceremonia celebrada en la sede Temuco del Indh, el director regional de Gendarmería, coronel Luis López Cisterna, indicó que los 10 comuneros han tenido acceso a atención médica, en particular la machi Francisca Linconao por su delicado estado de salud.

"Ella está en una dependencia individual, recibiendo las atenciones pertinentes. Las enfermedades crónicas que tenga deben ser tratadas", comentó la autoridad penitenciaria. Los varones se encuentran en la Cárcel de Temuco con los imputados primerizos.

"Ninguno de los indicios llevan a establecer concluyentemente la participación de ninguno de los representados".

Karina Riquelme,, abogada Cidsur

"Vamos a observar que el procedimiento judicial se ajuste precisamente a las normas del debido proceso".

Federico Aguirre,, jefe Indh Araucanía

En los juzgados de garantía de Pitrufquén y Loncoche, el intendente de La Araucanía, Andrés Jouannet, junto a su equipo jurídico presentó querellas criminales invocando la Ley de Seguridad del Estado.

Lo anterior por el atentado a una capilla católica en la localidad de Quepe y las amenazas que un usuario de Facebook publicó contra carabineros y sus familias.

"Fueron amenazas muy agresivas contra familiares de carabineros", comentó la primera autoridad Jouannet.

Asimismo, catalogó la publicación como una "apología a la violencia" y afirmó que "este tipo de hechos no pueden quedar impunes, la gente tiene que ser responsable de lo que escribe, de lo que señala en las redes sociales".

Hay que recordar que Carabineros hizo llegar 380 denuncias a la Fiscalía por un delito de amenazas, las que serán indagadas por el fiscal de la unidad de alta complejidad, Luis Torres.

"Hay que hacerles un seguimiento a los familiares de estos perros... Y darles donde les duele. Si es que tienen hijos llevarse a algunos y darles a conocer el terror que sus parientes uniformados ejercen", publicó en Facebook el usuario identificado como Samuel Antillanca Quinchahuala.

La acción legal fue presentada en Loncoche, lugar donde registra domicilio el cuestionado usuario. Según consignó Emol, el hombre se encontraría en la Región Metropolitana, en la comuna de Macul.

Iglesia

El intendente Jouannet, también recorrió los escombros de la capilla de Quepe. En el lugar, rechazó el nuevo acto de violencia contra un inmueble de la Iglesia. "Lamentamos la intolerancia de algunas personas, no entendemos su motivación, lo único que entendemos y creemos es que quieren hacerle un daño a personas que tienen fe", aseguró.

En la oportunidad, el jefe regional recalcó la gran cantidad de fieles mapuche que profesan el Cristianismo en la Región.

"Esto le pega al corazón del pueblo mapuche, porque los que viven ahí son comunidades que han construido esta capilla (...) no nos amedrentarán, sobre todo a quienes tenemos fe, porque si hay un derecho humano que uno tiene es el derecho a creer", expresó.