El pasado 26 de febrero, la Multigremial de La Araucanía solicitó a través de la Ley de Transparencia las últimas adquisiciones de tierras efectuadas por la Conadi y tras conocer la respuesta, su presidenta, Angélica Tepper, fue tajante al señalar que "el tiempo del señor Pizarro y el de la Conadi se debe terminar".
Aquella afirmación se sustenta, según la misma Tepper, en que los antecedentes recopilados dan cuenta de graves faltas en los procesos de entrega de aplicabilidad y posterior compra de tierras para las comunidades demandantes.
A juicio de la dirigenta, en la Conadi "se está premiando a la violencia y se está dejando de lado a las comunidades que sí han tenido derecho a que se le entreguen tierras".
Las críticas de la Multigremial apuntan además a que al interior no se cuidan en verificar a quiénes benefician, agregando que no se puede ayudar a las personas involucradas en hechos de violencia.
"Si hay gente que siempre está cuestionada o que siempre aparece en investigaciones, con mayor razón se debería tener mayor cuidado. No podemos seguir premiando a la gente que está involucrada en actos de violencia", aseguró Tepper.
Lo anterior, hace pensar a la dirigenta que la Conadi es más un negocio que una institución que vaya en ayuda de las comunidades mapuches de la Región, expresando que "la Conadi ha sido un negocio y ha sido un estamento de dar empleo político", declaró.
Por último, la también empresaria aseguró que con el actual funcionamiento de la institución estatal, la misma ha sido un motor para que la violencia no tenga fin.
"Yo no podría decir si financia o no financia pero si hay tantos recursos y hay tanto sobreprecio, las comisiones, obviamente que esas platas en un lado quedan. Pero sí ha sido un incentivo para que la violencia siga. Ahí están los resultados del actuar de la Conadi", sentenció la presidenta de la Multigremial.
Las compras
A principios de abril, la solicitud de la Multigremial fue respondida. Entre los antecedentes recibidos, se daba cuenta de los procesos que llevó a cabo la Conadi con las comunidades Catrilaf II y Fermín Manquilef.
El pasado jueves, en una sesión de la Cámara de Diputados, el director de la entidad cuestionada, Alberto Pizarro, dijo que esos procesos eran antiguos y que las comunidades "levaban años esperando".
Aquella afirmación fue calificada como "falsa" desde la Multigremial, quienes hoy se basan en la información solicitada por la citada Ley de Transparencia y que fue facilitada por la misma Corporación de Desarrollo Indígena.
Así las cosas, en el caso de la comunidad Fermin Manquilef, según los datos recepcionados, se le entregó aplicabilidad en abril del 2015 - luego de varias presiones por hechos de violencia en tomas del aeropuerto - y al mes siguiente (mayo del 2015) se les compró el Fundo de Carlos Heller.
En tanto, sobre la comunidad Catrilaf II, la entidad sostuvo que "ya se les había entregado una cantidad de hectáreas considerables en años anteriores, sin embargo, el año 2015 ocurren hechos que nuevamente hacen actuar bajo presión a Conadi".
Esos dos ejemplos, a juicio de la Multigremial, dan cuenta de que los procesos de aplicabilidad y compra fueron de manera express.
Entre los mismos antecedentes, la Multigremial aseguró que el año 2015 la Conadi compró 24 predios, y de todos ellos siete comunidades sindicadas como violentas se vieron beneficiadas. Entre ellas figuran: Antonio Rapiman; Antonio Milla, Fermín Manquilef, Francisco Lemuñir, Juan Catrin y Juan Catrilaf II.
Consultado el encargado de comunicaciones de la Conadi por los dichos de Tepper, éste aseguró que Pizarro se referirá hoy a los dichos de la presidenta de la Multigremial.
Más críticas
Pero las críticas de Tepper no solo apuntaron hacia los que dirigen la Conadi sino que además alcanzaron a los parlamentarios de la zona, ya que a su juicio "no ha habido fiscalización" de su parte.
Al respecto, la dirigenta dijo que "aquí también nuestros legisladores tienen una tarea que hacer, fiscalizar y pedir las explicaciones correspondientes".
Por último, Tepper justificó sus criticas declarando que "todas estas irregularidades que hay dan cuenta de aquello", sentenció.
Diputado becker
El parlamentario de Renovación Nacional, Germán Becker, es el presidente de la comisión que investiga los hechos de violencia en La Araucanía, se alineó completamente con la petición de la Multigremial y también pidió la salida de Alberto Pizarro.
Eso, según el parlamentario, se debe a que "en general la Conadi ha sido una dirección muy mal llevada y no solo por este director (Pizarro) sino que también antes por otros".
Acto seguido, el diputado de oposición dijo que la institución "ha sido cooptada por los políticos y la verdad es que deben haber muchas irregularidades dentro de ella, sobre todo el proceso de compra de tierras, no me cabe ninguna duda".
Por lo mismo, Becker no tiene dudas en que "hay que terminar con la Conadi de una vez por todas y hacer el Ministerio de Desarrollo Indígena y obviamente el tema de tierras debe ser mucho más transparente de lo que es ahora. Eso se ha prestado para muchos negociados y favores políticos", aseguró.
Por último, el representante regional en la Cámara de Diputados, calificó como vacías las respuestas entregadas por Pizarro durante la última sesión de la comisión investigadora, asegurando que sus dichos generaron más dudas que certezas sobre la realidad al interior de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
"Él (por Pizarro), si bien tiene respuesta para todas las preguntas, las respuestas siempre son bastante vacías y nunca muy concretas. Quedan muchas dudas del actuar del director como de la Conadi en sí misma", sentenció Becker.
"La institución no funciona"
El diputado Fuad Chahin (DC) dijo no defender la gestión de Alberto Pizarro (PPD) y apuntó a la débil institucionalidad como el principal problema que hoy tiene la Conadi como razón de los cuestionamientos.
- ¿Es necesario que Pizarro se aleje de la Conadi?
- Más allá de aquello, yo no voy a defender la gestión de Pizarro, el problema es que la institución no funciona, está capturada políticamente, es débil, no hay una política indígena ni de tierras y se administra con mucho desorden y tenemos una institución que no es adecuada.
- ¿Por qué el problema de gestión no se ha podido solucionar?
- El problema es una debilidad institucional, no tiene los recursos ni procesos adecuados. Tampoco existe una definición de política indígena ni política de tierras. Es una institución que tiene plata y muchas veces la gasta mal porque no hay definiciones de cuáles son los objetivos.
- ¿Existen presiones por parte de las comunidades por vía de la violencia?
- Muchas veces ocurre eso y no solo en tema de tierras sino que en temas de agua, Pdti y muchas veces el Estado termina cediendo a la violencia, independiente del gobierno de turno, y termina tramitando a las personas que siguen los conductos regulares y que buscan el diálogo. Eso ha ocurrido, y no solo ahora, hace mucho tiempo y creo que el Gobierno que más hizo esto fue el anterior, con el intendente Andrés Molina, y la propia gente de su sector lo reconoce.