Andrea Arias
Finalmente el Gobierno hizo pública la nómina de facilitadores del proceso constituyente en la página del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. En total son 202 los postulantes que fueron seleccionados por el Servicio Civil para ocupar el cargo, pero 10 de ellos desistieron del proceso y sus reemplazos todavía no están en la nómina.
En La Araucanía los facilitadores que aparecen en la lista son 10 distribuidos en los siguientes cargos: coordinadores territoriales (Cristian Soto Barrientos, Patricio Barría Higueras y Ernesto Espinoza Navarrete); especialistas en sistematización de diálogo (Miriam Huaiquilao Nahuel, Margarita Ayenao Lagos, Teresa Blasco González y Cinthya Delaveau Romero) y, por último, están los especialistas legales (Ida Astudillo Soto, Juan Javier Jara Müller y Richard Caifal Piutrín).
VINCULACIÓN
A la hora de contrastar la nómina regional con los registros de Gobierno Transparente, seis de los postulantes seleccionados (60%) prestaron algún servicio para el Estado, ya sea para los gobiernos de Piñera o Bachelet en sus dos periodos. Ver cuadro con el detalle.
De los seis la mayoría trabajó durante la administración de Piñera, siendo sólo Miriam Huaiquilao quien aparece vinculada con los gobiernos de Bachelet. De hecho, Huaiquilao aparece con contrato vigente en el INE hasta el 30 de este mes, pero al consultar su situación con el director regional del servicio, Alejandro Henríquez, señaló que "lo más probable es que se trate de honorarios en el marco del trabajo de precenso".
Además del INE, las reparticiones en donde se prestaron los servicios son: Indap, Conadi (Araucanía y los Ríos), Minsal, Desarrollo Social, Minvu (Los Ríos) y Subsecretaria del Interior.
En calidad de director de servicio hay un sólo caso y es en la Conadi de Los Ríos, cargo que desempeñó en el gobierno de Piñera Ernesto Espinoza.
TRANSPARENCIA
El facilitador Richard Caifal, quien trabajó con Huenchumilla en la Agencia Regional de Desarrollo (corporación privada que trabaja con recursos públicos), precisó que postuló y puede dar fe de la transparencia del concurso.
"Yo me enteré para postular por la radio y después en la página web, así fue como postulé", asegura Caifal, quien cuenta que el requerimiento del Gobierno estaba en las bases y son unos seis meses dependiendo de la función.
"El monto total no es una gran suma de dinero, pero yo en la entrevista remarqué que como siempre he estado ligado al tema organizacional me llamaba la atención participar del proceso. Pienso que es una oportunidad profesional en un tema inédito y lo que aprecié es que fue un proceso bastante transparente, ya que suele ocurrir que en el servicio público operan los padrinos políticos y aquí esto no ocurrió por lo menos en mi caso", acotó el abogado Caifal.
Quien también corrobora la transparencia en la selección y no ve vicios con el hecho de haber trabajado para algún gobierno de turno es el abogado Juan Javier Jara, quien trabajó para la Intendencia durante la administración de Piñera.
"Yo creo que el hecho de que alguien haya trabajado para el gobierno de Bachelet o Piñera no es un obstáculo para hacer esta tarea, además la selección y el nombramiento fue sin mirar la posición política de cada uno de los seleccionados", planteó el abogado Jara.
Asimismo, añadió que "independiente que cada uno tiene una postura política, aquí vamos a fiscalizar este diálogo para que se realice lo más lejos de posiciones político partidistas", remató.
¿AFECTA NEUTRALIDAD?
El senador Alberto Espina (RN) cree que "lo ideal en estos casos es que sean personas que no hayan tenido ninguna preferencia partidista, porque eso les permite ser facilitadores de manera objetiva y transparente. Vamos a ver los nombres de tal manera que cumplan un rol objetivo y no inductivo", resaltó el parlamentario.
Por su parte, el senador José García Ruminot (RN) piensa que este proceso impulsará "una constitución que en lugar de poner en el centro a la persona humana pondrá al Estado como eje de la actividad".
Como contraparte, los senadores de la Nueva Mayoría defendieron la selección de los facilitadores y su neutralidad. Según el senador Eugenio Tuma (PPD) "no podemos llegar al colmo de criminalizar a los profesionales que han participado en la administración del Estado: eso es una exageración y un prejuicio", apuntó.
Lo mismo opinó el senador Jaime Quintana (PPD), quien dijo que "no veo una mayor dificultad en que sean personas que tengan un historial de participación en el gobierno, dado que su rol es de apoyo y bajo la jurisdicción del Consejo de Observadores que da fe de pluralidad".
