La Región completa ha sido testigo del incremento de ataques incendiarios en La Araucanía, sumando templos religiosos en Niágara, Padre Las Casas, Cañete y otros puntos. En la mayoría de los lugares siniestrados se encuentran pancartas alusivas a la causa mapuche, las cuales reiteran la devolución de los territorios ancestrales y la liberación de presos políticos mapuches. Según los grupos violentistas, ésta es la real demanda del pueblo mapuche.
Tanto la Encuesta CEP 2002 (CEP 2002 en adelante), Encuesta CEP 2006 (CEP 2006 en adelante), Encuesta Fundación Aitué 2013 (Aitué 2013 en adelante), Encuesta Fundación Aitué 2015 (Aitué 2015 en adelante) y Encuesta ICSO-UDP 2016 (UDP en adelante), concuerdan en que el principal problema percibido por los mapuches es el desempleo y la pobreza, seguida por la mala calidad de la salud y acceso a la educación.
Como vemos, una tendencia que viene repitiéndose desde el 2002 hasta el presente año. En relación a las tierras, las cinco encuestas coinciden en que esta es una deuda que debe reparar el Estado, sin embargo, no ocupa un puesto prioritario para gran parte de los mapuches, ya que solo en la CEP 2006 y Aitué 2013 se posiciona como primer requisito, mientras que al avanzar los años va perdiendo liderazgo, quedando en cuarto lugar (15%) en la Aitué 2015 y en quinto lugar (69%) en UDP 2016. De hecho, la noción de "tierras sólo para las comunidades mapuches" esgrimido por los grupos radicalizados, es un argumento sin base, ya que el 86% de los mapuches quieren tierras a título familiar/individual no comunitario (CEP 2006 y Aitué 2013) y un 55% no está dispuesto a venderla versus 42% que sí está dispuesto (cifra que ha subido en el tiempo).
Por otro lado, estamos presenciando una complejización de las demandas mapuches, ya no solo con una fuerte tónica socio-económica sino que también socio-política. Por ejemplo, el reconocimiento constitucional pasó de tener un 19% de apoyo (CEP 2006) a un 44% (Aitué 2015).
A la luz de estos datos, tres cosas tenemos que tener claras: primero, poseemos una Ley Indígena ciega y sorda, que no hace caso a las nuevas preferencias de gran parte de los mapuches (arriendo, venta, título individual). Segundo, presenciamos un mundo indígena que no se relaciona con las demandas violentas, sino que más bien buscan una mejor calidad socio-económica y un espacio político en la democracia chilena. Tercero, y lo más importante, no todos están en el mismo saco.
María Elena Bello Merino, cientista política