Caso SQM: Fiscalía formalizará a asesora de Pablo Longueira
RESOLUCIÓN. Aunque la Mandataria dijo que respeta las atribuciones del Tribunal Constitucional, en el oficialismo no descartan pedir el veto presidencial. PETICIÓN. Carmen Luz Valdivieso es investigada por presuntos delitos tributarios.
La Presidenta Michelle Bachelet dijo que acata pero no comparte el fallo del Tribunal Constitucional que el miércoles declaró inconstitucional la norma sobre titularidad sindical, una parte relevante de la reforma laboral del Gobierno.
"Como corresponde a otro poder del Estado, acatamos el fallo, pero no lo compartimos. El Gobierno va a actuar con mucha responsabilidad en la defensa de los trabajadores", dijo la Mandataria en una actividad oficial.
Bachelet agregó que "vamos a esperar a conocer el fallo completo del TC" para determinar los pasos a seguir, mientras en la Nueva Mayoría gana adeptos la posibilidad de recurrir a un veto presidencial. "No tengan duda que buscaremos todos los caminos que nos entrega la ley para que la relación entre empresarios y trabajadores sea más justa que lo que tenemos hoy día", agregó.
El Tribunal Constitucional acogió el miércoles parcialmente los requerimientos de Chile Vamos, que buscaba frenar cuatro artículos de la reforma laboral que fue aprobada por el Congreso.
Concretamente, el tribunal declaró inconstitucional la titularidad sindical, uno de los puntos fuertes de la reforma, que establecía la exclusividad de los sindicatos para encabezar la negociación colectiva con el empleador, eliminando los grupos negociadores.
Este artículo fue cuestionado por Chile Vamos, al considerar que en la práctica establecía un monopolio de los sindicatos sobre la negociación colectiva.
En este contexto, Bachelet dijo que "confío que todos los actores involucrados en esta reforma laboral actuarán pensando no solo en la contingencia, sino que sobre todo en Chile sea un país más justo y equitativo, privilegiando un clima de diálogo que nos fortalezca como sociedad".
La modalidad
El veto presidencial es una facultad con la que cuenta la Presidenta para someter nuevamente a una discusión legislativa un proyecto.
Una vez finalizada la tramitación de un proyecto, y si la Presidenta Bachelet tiene reparos, puede devolverlo a la Cámara de origen con sus respectivas observaciones, dentro de un plazo de 30 días. Existen tres tipos de vetos: sustitutivo, aditivo o supresivo.
Si las dos Cámaras aprueban las observaciones, el proyecto se transforma en ley y se devuelve al Presidente para su promulgación.
Pero si las dos Cámaras desecharan todas o algunas de las observaciones e insistieran por los dos tercios de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá al Presidente para su promulgación.
Según datos de Ciudadano Inteligente citados por LyD, desde la vigencia de la Constitución de 1980 el veto presidencial ha sido ejercido en 73 oportunidades: Aylwin (12); Frei (24); Lagos (14); Bachelet (15) y Piñera (8).
La presidenta de la Democracia Cristiana, senadora Carolina Goic, respaldó la postura del Gobierno y pidió buscar "las alternativas que existen dentro de nuestro ordenamiento jurídico" tras la decisión del tribunal.
Rechazo opositor
La UDI criticó la idea de que el Gobierno pueda afrontar el fallo del Tribunal Constitucional con un veto presidencial. Según el senador y presidente de esa colectividad, Hernán Larraín, "lo que el Gobierno no puede hacer, sea el camino que tome, es saltarse lo que dice el Tribunal Constitucional, porque si el Gobierno pretende no acatar el contenido del TC entonces está saltándose la institucionalidad y eso sería mucho más grave".
"Lo que un veto no puede hacer es insistir en lo que el TC ya rechazó. Yo preferiría que en vez de insistir en nuevas redacciones sobre lo mismo, el Gobierno introdujera los cambios que el TC lo obliga, haga las adecuaciones necesarias y nos concentremos en lo que la reforma laboral no contempló, que es cómo generamos más empleo al país", dijo por su parte el diputado gremialista Patricio Melero, quien aseguró que el Gobierno "debe aprender la lección" del daño que las reformas le han hecho a la economía.
El Ministerio Público presentó una nueva solicitud de formalización por el caso SQM, que esta vez apunta a 18 personas, entre ellas la histórica asesora del ex senador de la UDI Pablo Longueira, Carmen Luz Valdivieso.
El fiscal a cargo de la causa, Pablo Gómez, formalizará a Valdivieso por presuntos delitos tributarios.
El resto, en tanto, afrontará cargos por presunta facilitación de boletas falsas.
Además de la asesora del ex timonel gremialista, en el documento del Ministerio Público aparece el nombre de Alfonso Agustín Mora Domínguez, hijo de María Domínguez Longueira, quien es prima del ex parlamentario.
A ellos se suman María Loreto Mora Domínguez, Loreto Undurraga Casteblanco, el ex concejal Gustavo Alessandri Balmaceda, el actual concejal UDI por Puente Alto Gustavo Alessandri Bascuñán y Antonia Alessandri Bascuñán.
En la petición también figuran María Alejandra Bórquez Cousiño y Trinidad Subercaseaux Alessandri, ambas vinculadas al ex diputado gremialista Cristián Leay.
Asimismo serán formalizados Ana Carolina Palacios Silva (cuñada de la ex jefa de gabinete de Longueira), el abogado Rubén Alejandro Carvacho Sáez, Carolina Andrea Chamorro Martínez (ligada a Rubén Carvacho) y Carmen Luz de Castro Blanco, quien en el pasado fue jefa de campaña de Pablo Zalaquett.
Además, serán formalizados tres ex estudiantes de derecho de la Universidad Finis Terrae. Estos son Alejandro Andrés Arias, quien habría solicitado a otras personas emitir boletas falsas para la fundación Chile Justo; y los hermanos Nicolás Orlando y Gustavo Mauricio Guiñez Ramírez, quienes declararon haber emitido boletas falsas y entregar el dinero recibido a la misma organización.
La lista de la cierran Cristián Larraín Barahona y Patricio Alejandro Contreras Martínez.