Un total de 146 internos de catorce centros penitenciarios de la Región - todos dependientes de Gendarmería - obtuvieron su libertad luego que la Comisión de Libertad Condicional revisara sus casos.

Según pudo conocer El Austral, ante dicha comisión se elevó un total de 226 postulaciones, de las cuales fueron rechazadas 79 y además, existió un caso que no fue resuelto porque el solicitante cumplió condena antes de que los integrantes analizaran los antecedentes.

La mencionada comisión está presidida por la ministra de la Corte de Apelaciones María Elena Llanos; e integrada por los jueces José Rau, Luis Torres y Ximena Saldivia del Tribunal Oral y Villarrica respectivamente; la magistrada María Teresa Villagrán del Juzgado de Garantía de Temuco, además del secretario de la Corte de Apelaciones, Wilfred Ziehlmann.

Todos ellos le dieron la libertad condicional a los 146 reos ya que los mismos cumplían con los requisitos estipulados en la ley, que señala de manera clara que los beneficiarios debían haber cumplido la mitad de la pena fijada en su oportunidad por los distintos tribunales orales; tener una buena evaluación de su comportamiento al interior de los penales, además de haber terminado exitosamente su año escolar y no haber reprobado ninguno de los cursos a los cuales se sometieron en los recintos penitenciarios.

Formalización

En tanto, la noticia se centró en el Juzgado de Garantía de Temuco, hasta donde llegaron dos de los 146 beneficiados, quienes fueron detenidos el pasado viernes por Carabineros luego de ser sorprendidos en una casa particular intentando ingresar para cometer un delito, según argumentó la fiscal Claudia Turra.

Según la persecutora, los dos jóvenes, identificado bajo las iniciales I.D.M.S. y J.A.S.T. por orden de la magistrada Luz Mónica Arancibia, "habían intentado ingresar a un domicilio del sector las Mariposas, que habían forzado el portón de ingreso y la puerta principal sin embargo, vecinos se percataron y éstos se dieron a la fuga pero fueron detenidos".

Tras referir dichos argumentos, la magistrada ordenó la prisión preventiva para ambos por considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad.

Lorenzo Lovera Seguel

Los jueces del Tribunal Oral de Temuco, José Rau, Juan Santana y Luis Sarmiento, acogieron la petición de la defensa de Domingo Javier Cofré Ferrada -absuelto en el caso Hagan - y condenaron al Ministerio Público a pagar $62.900.000 por concepto de costas personales y procesales.

Los abogados decidieron solicitar las costas luego que el Tribunal Oral absolvió a Domingo Cofre Ferrada, quien fue acusado por la Fiscalía como autor del homicidio de Erica Hagan, ocurrido el 5 de septiembre del 2014 al interior del Colegio Bautista.

Entre los razonamientos que llevaron a los jueces a aceptar la solicitud de la defensa se mencionaron por ejemplo que "los servicios jurídicos contratados por el acusado, trasuntaron en que fuera absuelto por la unanimidad del tribunal".

A lo anterior se suma que, a juicio de los magistrados, los delitos acusados y las penas asociadas "resultan ser de las más altas que se han ventilado durante la vigencia del sistema procesal".

Por si fuera poco, en el octavo considerando los magistrados enfatizaron que "la causa provocó una profunda conmoción regional y nacional, que el propio acusador debió derivar a una especializada, vale decir la Unidad de Causas de Alta Complejidad, misma que posee fiscales con una especial preparación y dedicación para abordar adecuadamente a su pretensión persecutora los fines tendientes a ello".

Fiscalía

Consultada la Fiscalía por la sentencia que aplicó el Tribunal Oral de Temuco, respondieron que de momento estudiarán en su conjunto el documento y analizarán si objetan o no lo expresado por los jueces.

Así lo adelantó el fiscal vocero, Roberto Garrido, quien explicó que "la resolución que fue comunicada al Ministerio Público y va a ser evaluada y sobre la base de ello se verá si se presenta una objeción si es que consideramos que los parámetros utilizados no han sido objetivos".

El mismo vocero insistió en que lo señalado en su oportunidad por el fiscal Luis Arroyo, en relación a que las costas debían ser fijadas en torno al arancel de la Defensoría Penal Pública -vale decir, del orden de los $3 millones-. Este dijo que "ahí hay una consideración de carácter objetivo, aprobada y que rige en la mayoría de los casos. Evidentemente en este caso se ha apartado de una manera importante en la fijación de las costas, puede haber algunas circunstancias que lo justifiquen pero lo más relevante es que eso esté debidamente justificado y eso es lo que eventualmente podemos impugnar", sentenció Garrido.

Según lo estipulado en la resolución, el Ministerio Público tiene de ahora en más tres días para objetar el pago de $62.900.000 a la defensa de Domingo Cofré.

Defensa

Conformidad existió entre los abogados de la defensa de Domingo Cofré luego de enterarse de la resolución de los jueces del Tribunal Oral.

Al menos así lo evidenció Luis Felipe Romero, quien comentó que "era sumamente importante que se tomaran ciertos parámetros en consideración porque ésta no fue una causa de común ocurrencia en Temuco, en el país en general además que la pena que se le estaba pidiendo hizo que las costas fijadas en la misma proporción, pensando en lo que tuvo que hacer esta defensa para librar a un inocente de los delitos que se le estaban imputando", aseguró.

Consultado Romero del por qué solicitaron esa cifra - de $60 millones - éste dijo que el monto era más que atendible ya que "tuvimos que estudiar temas que no son propias de la ciencia jurídica, como la medicina, ingeniería y que no necesariamente son temas que un abogado deba dominar y al ser así, hace mucho más complejo el trabajo y eso debe tener algún tipo de retribución en función del trabajo realizado y por lo mismo no se podría aplicar el arancel de la Defensoría Penal Pública como lo pidió la Fiscalía".

Sobre el destino de los dineros, el defensor privado explicó que los mismos "van para cubrir los gastos que él incurrió en su defensa, vale decir, la contratación de abogados más los gastos por los trámites propios como peritajes, notificaciones, por ejemplo".

Por último, Romero confirmó que presentarán una demanda civil por el caso.

"La resolución va a ser evaluada y sobre la base de ello se verá si se presenta una objeción".

Roberto Garrido,, vocero Fiscalía

"Van para cubrir los gastos que él incurrió en su defensa como la contratación de abogados más los gastos por los trámites".

Luis Felipe Romero,, abogado defensor de Cofré