Con nueve adolescentes detenidos terminó un amplio operativo policial en el centro semicerrado del Servicio Nacional de Menores (Sename), ubicado en la Avenida Arturo Prat de Temuco.

Según los antecedentes que entregó la directora del organismo, Ximena Oñate, 6 adultos y tres menores habrían llegado a pernoctar presumiblemente con alcohol en el cuerpo y comenzaron a efectuar algunos destrozos, principalmente en puertas del recinto, situación que no lograron contener los funcionarios que en virtud de los protocolos establecidos, dieron aviso a Carabineros.

"Comenzaron algunos desórdenes producto del ingreso de unos jóvenes que estaban con algún consumo de alcohol aparentemente y se aplica el protocolo interno primero, esto es segregación de los jóvenes, manejo con los educadores internos, luego se suman otros que también hacen ingreso cuando la situación supera lo que los protocolos internos indican, se solicita el ingreso de Carabineros", precisó Oñate.

El comandante de la Segunda Comisaría de Temuco, Patricio Sánchez, explicó que hubo desórdenes y agresiones, además de prender fuego a algunas especies que arrojaron por las ventanas. Una vez constatada en terreno la veracidad de los hechos y previa autorización del magistrado de turno, los equipos policiales desalojaron las dependencias.

Tras la revisión de los daños al interior del inmueble, el Sename realizó un primer avalúo en $500 mil.

Los imputados, por orden del fiscal de turno, fueron trasladados hasta el Juzgado de Garantía de Temuco para el correspondiente control de la detención.

Audiencia

El abogado defensor, Luis Acuña, presentó una denuncia contra cinco carabineros por supuestas lesiones contra los detenidos.

"Ellos manifiestan haber sido agredidos por personal policial", dijo el abogado.

Al respecto, el comandante Sánchez indicó "Carabineros como encargado de la fuerza pública, la ley lo autoriza para aplicar la fuerza necesaria para reducir a estos individuos que por cierto si hay constancia de que estaban agresivos es probable que hayan resultado lesionados dentro del contexto de la detención", comentó Sánchez.

Por decisión de la jueza de Garantía, María Teresa Villagrán, los imputados quedaron en libertad, pero fueron requeridos el 7 de julio para procedimiento simplificado por el delito de daños y desórdenes.

Luego de un extenso debate referido a boletas y comprobantes bancarios presentados en audiencia como prueba de la defensa, la jueza de Garantía, Marcia Castillo Monjes, decidió mantener la prisión preventiva a los hermanos Luis y Juan Tralcal, detenidos entre los 11 supuestos copartícipes de la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay.

La jueza consideró que la declaración de José Peralino -testigo clave del caso- "no es suficiente" para aplicar la prisión preventiva pero sin embargo, en atención a la gravedad de los hechos, la pluralidad de malhechores y la pena que arriesgan los imputados, mantuvo la medida cautelar decretada el 30 de marzo, luego de ser formalizados por el delito de incendio con resultado de muerte de carácter terrorista.

Uno de los puntos que marcó el debate fue la presentación de una boleta con fecha 3 de enero de 2013 -día del crimen- de un pub de Temuco donde Luis Tralcal habría asistido pasadas las 22 horas. La Fiscalía levantó suspicacias al respecto tras revelar que una de las defensoras del caso, Karina Riquelme, figura como socia del local.

"Lo grave es que ese tipo de pruebas se estén presentando para pedir la modificación de cautelares", comentó Jorge Luchsinger, hijo del matrimonio asesinado. Al respecto, el fiscal Luis Arroyo, agregó que "aquí no se está realizando ninguna imputación a nadie pero sin duda es una situación que debe ser aclarada para poder determinar la certeza, veracidad o validez de los medios de prueba".

Por su parte, la misma abogada Karina Riquelme, calificó de graves las suspicacias y apuntó a que la prueba no fue escondida ya que "establece la verdad". Explicó que "hace 7 años que tengo ese negocio junto con otros socios", y respecto a los dichos de la Fiscalía y el abogado de la Intendencia Regional, Reinaldo Osorio, advirtió que serán analizados seriamente "puesto que me dio la impresión de que incluso nos podrían estar imputando algún delito (...) creo que no está demás decir que me parece que estando en esta causa, cualquiera de los defensores hiciera algo como eso".

El abogado de los hermanos Tralcal, Sebastián Saavedra, presentó las boletas en audiencia y al término de misma afirmó que "el Ministerio Público no investiga de forma objetiva, investiga en el sentido de corroborar sus versiones y no de establecer la verdad objetiva, la cual es que mi representado pasó esa noche en un motel".

Amplían plazo

Otra de las novedades de la maratónica jornada con motivo del bullado caso policial, fue la ampliación del plazo de investigación, hasta el 22 de julio por la jueza Castillo.

Lo anterior, a raíz de una serie de antecedentes como los audios de 80 CDs con escuchas telefónicas a los imputados, más fotografías y resultados de triangulaciones de antenas de celulares, entre otros. Al 6 de julio la información debe estar en manos de los defensores. La Intendencia solicitó el apercibimiento de cierre, para lo que se fijó fecha 27 de julio.

Hay que recordar que la semana pasada el juez de garantía Luis Olivares, en virtud de los antecedentes, decidió revocar la cautelar de prisión preventiva y decretó arresto domiciliario total para la machi Francisca Linconao.

"Lo grave es que ese tipo de pruebas se estén presentando para pedir la modificación de cautelares".

Jorge Luchsinger,, víctima

"No se está realizando ninguna imputación a nadie pero es una situación que debe ser aclarada".

Luis Arroyo,, fiscal del caso

Ocho de junio el imputado José Peralino presentará una querella contra la Policía de Investigaciones (PDI).