Diego Ahumada
En septiembre de 2015 el diputado del partido radical, Fernando Meza, denunció ante la Contraloría de La Araucanía, una sospechosa compra de maquinaria para comunidades mapuches y con fecha 21 de abril de este año, el ente fiscalizador a través de un informe especial de investigación, confirmó las irregularidades que involucraron a la dirección nacional de Indap.
Se trata de 20 cosechadoras de cereales por las que el servicio pagó 493 millones de pesos a través de cuatro órdenes de compra emanadas a fines de enero de 2013. La empresa Copeval Servicios S.A., en su calidad de representante exclusiva en Chile del fabricante brasileño JUMIL, se adjudicó la licitación el 4 de diciembre de 2012 y el 20 de ese mismo mes y año, suscribió el contrato.
El parlamentario acusó conflicto de interés dado que la adquisición se realizó "a pesar de que el director nacional de Indap en funciones a la época de los hechos, señor Ricardo Aristía de Castro, se encuentra vinculado por parentesco con algunos accionistas de aquella sociedad anónima, de modo que la contratación no debió llevarse a efecto".
La ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicio, establece que al momento de suscribir el contrato, los antecedentes del proveedor deben estar disponibles en el registro oficial de contratistas y proveedores. A la fecha de la licitación, Copeval aparecía como inhábil, sin que conste que la situación hubiese sido corregida al 20 de diciembre de 2012.
Además, la Contraloría detectó que el Indap no elaboró y publicó en el portal chilecompra.cl el plan anual de compras para el año en cuestión.
Respecto de los conflictos de interés, detectan que la documentación respectiva fue suscrita por un director nacional en calidad de subrogante de Indap.
Sin justificación
De las 20 cosechadoras compradas por Indap -modelo JM 390- dos fueron entregadas en la Región del Maule en el contexto del Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI); cuatro al Biobío en ejecución del Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) y las otras 12 a La Araucanía en el marco del mismo programa "sin que aparezcan antecedentes que permitan establecer la forma en que el servicio precisó, de conformidad con sus necesidades, el número de cosechadoras que en definitiva solicitó al proveedor", dice el informe.
En cuanto al PDTI, la Contraloría detectó que la asignación de la maquinaria se realizó sin el requisito de participación de la comunidad a través de mesas de coordinación y seguimiento. Esto, además de la inexistencia del pago de coaportes de los beneficiarios del PDI, lo que está establecido en una resolución exenta.
"Esto fue un traje a la medida de la empresa. Los que diseñaron este fraude se embolsaron 500 millones de pesos y al mismo tiempo quisieron aprovechar electoralmente la entrega de las máquinas para agarrar votos para la elección que se aproximaba. Se jugó con los comuneros", reprochó Meza.
Visitas
A modo de síntesis, la investigación señala que se efectuó la compra "sin ajustarse a los requerimientos o necesidades que mantenían las comunidades". De las 20 máquinas asignadas, 13 fueron devueltas por las comunidades indígenas del Biobío y La Araucanía por falta de utilidad, por lo cual, el 5 de marzo de 2013 el Indap abrió una postulación para entregarlas en la Región.
En virtud de lo anterior, la Contraloría efectuó una inspección en terreno, recabando testimonios de los beneficiarios de Loncoche y Toltén. De nueve visitas, cinco cosechadoras nunca han sido utilizadas; tres de ellas se encuentran actualmente sin uso y una es empleada con regularidad. Comuneros afirman que nunca postularon y que se las entregaron "de regalo".
Denuncian que las máquinas no son aptas para el terreno, además de falta de asesoría, fallas al momento de utilizarlas, dimensiones que no permiten el desplazamiento por los caminos rurales, falta de piezas, alto consumo de combustible o que simplemente no cuentan con un tractor para acoplarla, y pérdida del grano cosechado. Incluso, figura el caso de una comunidad que recibió una cosechadora pese a que en la zona se siembra poco y nada de trigo.
Entre las conclusiones a las que llega el órgano contralor, define el reparo por la suma de 493 millones de pesos y el inicio de un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
Indap
Para el actual director nacional del Indap, Octavio Sotomayor, lo primero es aclarar que "se trata de un tema del Gobierno anterior, del Presidente Piñera". De paso, la autoridad asegura que "nosotros en este minuto estamos colaborando, entregando todos los antecedentes para que sea la Contraloría la que aclare este tema".
"Vamos a esperar que esto se aclare y luego vamos a buscar una solución técnica dialogando con los usuarios (...) lo que me informan es que muchas de estas máquinas están guardadas en galpones, no han sido utilizadas", confirma Sotomayor.
Mañana el diputado Fernando Meza presentará una denuncia en la Fiscalía de Alta Complejidad (Fiac) por los delitos de negociación incompatible y fraude al Fisco.
Monto indeterminado
Contraloría señala que las bases administrativas para la compra de las cosechadoras fueron aprobadas sin determinar cuántas unidades ni el valor de la adquisición, lo que es una obligación. Asimismo, en el informe advierte que los 493 millones de pesos gastados, lo que representa un total de 12 mil UTM -valor a enero 2012-, la cifra que supera el límite de 5 mil UTM, el que está establecido en la resolución exenta N° 1.600 de 2008. Según el diputado Meza, se pagó sobreprecio ya que cotizó la misma máquina por 10 millones de pesos.
13 máquinas fueron devueltas por comunidades. Cada cosechadora costó 24 millones de pesos.
4 órdenes de compra se emanaron y pagaron en 2013 por un total de 493 millones.