Andrea Arias
La Agencia Regional de Desarrollo Productivo de La Araucanía presentó este martes una querella criminal por estafa y apropiación indebida en contra de una de sus funcionarias.
Esto, tras la auditoría que realizó Contraloría al interior de la corporación de derecho privado, respecto de las transferencias de recursos que hizo el Gore -entre marzo de 2014 y marzo de 2015- y cuyo abultado informe fiscalizador cuestionó gastos de funcionamiento e inversión para el fortalecimiento productivo por más de mil millones de pesos.
QUERELLA
Según confirmó el gerente de la Agencia, Robinson López, quien asumió con posterioridad a la administración cuestionada, esto es en abril de 2015, la querella se interpuso en contra de la contadora Leticia Fuentes Molina y todos aquellos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de los delitos de apropiación indebida y estafa.
Los hechos que configuran la querella, y que además fueron cuestionados por la auditoría de Contraloría, dicen relación con la suma de 7 millones de pesos que se habría sumado la querellada a su sueldo entre mayo y octubre de 2014.
Gestión que realizó en calidad de funcionaria del área de Administración y Finanzas de manera unilateral y sin el consentimiento del directorio de la corporación, ya que durante ese tiempo era la gerenta general provisoria a la espera del nombramiento del titular, el que realizó el ex intendente Francisco Huenchumilla recién en septiembre de 2014 destinando al abogado Gonzalo Sanhueza.
De este modo, no es al azar que el aumento del sueldo parta en marzo de 2014, en circunstancia que se trata de una funcionaria cuyo contrato con la Agencia es de junio de 2011, ya que según precisa la querella es en marzo de 2014 cuando se pactó un anexo a su contrato "de manera excepcional y única por ese mes " que acreditaba "que se pagaría a la trabajadora un bono de reemplazo" por realizar las funciones de gerente general de la Corporación en forma simultánea a sus funciones de profesional del área de Administración y Finanzas.
Como antecedente incorporado a la querella, desde su contratación inicial en 2011, en donde se pactó una remuneración bruta mensual de $1.500.00, y hasta el 2014, su remuneración ya había sido incrementada en cuatro ocasiones.
Diversas diligencias previas sin resultado realizó la Agencia antes de interponer la querella y esa es la razón que esgrime López para explicar por qué razón se demoraron cuatro meses en interponer la querella, en circunstancia que los resultados de la auditoría son de enero de este año.
"Se conversó con ella para aclarar la situación, luego se le solicitaron los respaldos para justificar los pagos y por último se le pidió la devolución de los recursos sin éxito", aclaró López.
Fuentes se encuentra con licencia médica desde hace bastante tiempo, pero López ratificó que el directorio, inclusive antes de una resolución judicial, tomará una determinación respecto de su contratación.
INVESTIGACIÓN
En paralelo a esta querella el fiscal Roberto Garrido está investigando la comisión de los delitos de hurto, estafa, apropiación indebida y malversación de caudales al interior de la Agencia, cuyos antecedentes presentó López en abril del año pasado y que estarían vinculados, según expuso él mismo, a un "exceso de atribuciones" por parte del ex gerente de la Agencia, Gonzalo Sanhueza, quien estuvo al mando entre septiembre 2014 y abril de 2015.
En esta investigación Sanhueza está en calidad de testigo y aún Fiscalía no consigna algún imputado. Sin embargo, en la auditoría Contraloría advierte que Sanhueza al igual que Fuentes "debe reintegrar remuneraciones percibidas indebidamente".
Al respecto, López aclaró que pese a la observación de Contraloría que también atañe a Sanhueza, el directorio de la Agencia en virtud de la existencia de esta investigación previa decidió esperar este resultado antes de interponer una querella.
Las observaciones que hace Contraloría en su auditoría son una serie de irregularidades que cuantifica (ver cuadro) llegando los montos objetados y observados a más de mil millones de pesos, recursos que indica deberá el Gore solicitar su reintegro.
Sin embargo, López aclara que cada una de los gastos objetados "fueron respaldados y enviamos ese informe a la Diplader, quien a su vez debe responder a Contraloría".