Lorenzo Lovera Seguel

Por considerarla un peligro para la seguridad de la sociedad, la magistrada Luz Mónica Arancibia acogió la petición del fiscal Luis Torres de prisión preventiva para la funcionario de Vialidad, Roxana Hernández San Martín, tras ser formalizada por el delito de fraude al Fisco.

En su locución el persecutor le explicó a la magistrada Arancibia que Hernández San Martín - a juicio del Ministerio Público - le generó un fraude al erario fiscal de $46.812.260 tras cancelar dicha suma sin haber realizado las fiscalizaciones correspondientes a los trabajos de conservación de caminos de acceso a comunidades indígenas de Loncoche durante el año 2011.

Ese fraude al Fisco habría sido cometido por Roxana Hernández luego que se le asignara la ejecución de las obras a la empresa Sociedad Ingeniería Constructiva Limitada - compuesta por Yohana Carrasco y Rodrigo Moller - a quienes se les entregó más de $225 millones para los trabajos.

De acuerdo a lo narrado por el propio Luis Torres en la audiencia, la imputada Roxana Hernández incumplió en sus deberes y "procedió en contra de sus obligaciones generando pérdidas al erario público al visar seis estados de pago, para la empresa adjudicataria, defraudando al Fisco al autorizar el pago de obras no ejecutadas; autorizando el pago de materiales y obras que no formaban parte del proyecto licitado".

Autocontrol

Uno de los actos reprochados por la Fiscalía a la imputada Hernández San Martín dicen relación con que la funcionaria no veló por el normal desarrollo de las obras y sus estándares estipulados en el contrato.

Fue así como por ejemplo - según el fiscal Torres - la empresa no contaba con un laboratorio de autocontrol, hecho que no impidió el pago de algunas cuotas.

Así las cosas, según el fiscal, "la imputada Yohana Alejandra Carrasco Ortega realizó los cobros indebidos de los giros del dinero asociados a los seis estados de pago sin que las obras estuvieran concluidas, lo que resulta evidente porque tras el término anticipado del contrato en el mes de abril de 2012, por los incumplimientos verificados".

A lo anterior, se suma la contratación falsa de un laboratorista (Cristian Yáñez Flores) para verificar la calidad de las obras, demostrándose en su caso que su firma fue falsificada para acreditar aquello, cuando el aludido nunca prestó servicios a la empresa.

Defensa

Sorprendido se mostró el abogado defensor de Roxana Hernández, el profesional Gaspar Calderón, tras conocer la determinación de la jueza de Garantía. A su juicio, la decisión fue errada ya que "fue la única que se presentó a esta audiencia a efectos de responder de los cargos que se le estaban formulando".

A ello, Calderón agregó que la participación de su clienta no guarda relación con los hechos expuestos por el fiscal Torres en la audiencia de formalización. "Creo que aquí hay responsabilidades de varios funcionarios que se han ocultado y la han dejado sola respondiendo de un cargo que a ella no le compete, ella no fue la que pagó", sentenció el abogado.