Corte de Apelaciones otorga libertad a ex inspectora de Vialidad de Loncoche
FRAUDE AL FISCO. Roxana Hernández se encuentra además con arraigo nacional.
La Corte de Apelaciones de Temuco revocó ayer jueves la medida cautelar de prisión preventiva a Roxana Concepción Hernández San Martín, imputada por el Ministerio Público como autora del delito fraude al Fisco, perpetrado en 2011, en la Región de La Araucanía.
En fallo unánime, la segunda sala del Tribunal de Alzada -integrada por los ministros Julio César Grandón Castro, María Georgina Gutiérrez Aravena y Ricardo Fonseca Gottschalk (abogado integrante)- rechazó la prisión preventiva decretada el 12 de julio por el Juzgado de Garantía de Temuco y en su lugar dispuso arresto domiciliario y arraigo nacional para la ex inspectora fiscal, en el denominado "Caso Vialidad".
ARGUMENTOS
La resolución expresa que "considerando la proporcionalidad que debe regir toda medida cautelar a imponer en contra de la imputada, y estimando finalmente que la necesidad de cautela se satisface en este caso, con otras medidas señaladas en el artículo 155 del Código Procesal Penal y que son de menor intensidad que la impuesta, se acordó revocar la resolución apelada".
Respecto a la resolución, el defensor de la imputada, el abogado Gaspar Calderón, opinó que "se restituyó la confianza en términos de que mi clienta tiene razones para no sufrir una medida de prisión preventiva como se le impuso el día de anteayer (martes). Todos pensaban que era una situación desproporcionada, que hoy ha sido moderada en términos de que hay otros términos u otras medidas para poder asegurar la complacencia de mis clientes. No cabe la menor duda que va a seguir instando porque aquí se conozca la verdad y aparezcan los responsables de lo que significa esto que ocurrió con los contratos PDI en la ciudad de Loncoche".
El abogado defensor además criticó las circunstancias que llevaron a Hernández San Martín a ser inculpada en este caso.
"Yo dije en la Defensa y lo reitero hoy: creo que aquí mi clienta pasó a ser el fusible de todo un sistema en donde la torpeza y la mala intención provocaron que este contrato mal hecho desde un comienzo naufragara en la ineficiencia y en la falta de probidad de muchos funcionarios públicos que intervinieron en ésta", opinó el profesional.
LA FISCALÍA
Por su parte, el fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad (Fiac), Luis Torres Gutiérrez, insistió en los argumentos con los que el Ministerio Público buscó mantener la medida cautelar de prisión preventiva sobre la ex funcionaria.
"Ella era la inspectora fiscal, participó directamente en el fraude, no es un error administrativo ni una falta de control del proyecto. Ella, a pesar de que no iba verificando la calidad de los trabajos y a pesar de que la empresa certificó que profesionales que no prestaron servicios a los cuales se les falsificó la firma, estaban garantizando muestras de calidad. Eso es falso y eso hace que ella haya participado celosamente", dijo el persecutor penal.
El fiscal además defendió la idea de vicios en la contratación de profesionales para un plan de conservación de caminos durante el año 2011 en el que se gastaron $225 millones para que la empresa Sociedad Ingeniería Constructiva Limitada lo ejecutara.
"Los tres especialistas aportados por la empresa no desarrollaron ninguna función y a pesar de eso se pagó como que si los trabajos se hubiesen ejecutado en su totalidad, lo que no es efectivo, y en la calidad requerida por las bases técnicas", sostuvo el fiscal Torres Gutiérrez.
Roxana Hernández y el abogado Gaspar Calderón se mostraron conformes por la decisión del Tribunal de Alzada. "En nuestro concepto satisface perfectamente la expectativa de mi clienta, porque ella tiene interés en seguir manteniendo su presencia y su colaboración en esta causa".
Respecto a la investigación del caso que continúa en curso, el abogado defensor indicó que procurarán conseguir pruebas para precisar las responsabilidades en este caso, "incluso, del Servicio que decidieron continuar un proyecto que fracasó desde el comienzo porque era un proyecto que estaba mal diseñado, mal hecho y que fue sostenido a fuerza de decisiones equivocadas, y algunas de ellas mal intencionadas incluso".
Respecto a sospechosos por inculpar, Calderón dijo que "estamos hablando de funcionarios públicos y también de empresarios".
"No es un error administrativo ni una falta de control del proyecto. (...) Ella participó celosamente".
Luis Torres Gutiérrez,, fiscal persecutor de la Fiac
"Todos pensaban que la prisión preventiva era una situación desproporcionada, que hoy ha sido moderada".
Gaspar Calderón,, abogado defensor
12 de julio el Juzgado de Garantía decretó la medida de prisión preventiva para Roxana Hernández, revocada por la Corte de Apelaciones.