Diego Ahumada

A propósito del escándalo que se desató al ventilarse el abuso de licencias médicas por parte de personal de Gendarmería, un médico temuquense lidera el listado de facultativos que entregaron el mayor número de licencias a gendarmes entre los años 2014 y 2016 en el país.

Se trata del médico general Claudio Jiménez Cid, quien despachó 1.118 licencias a funcionarios penitenciarios, las que fueron extendidas entre abril de 2014 y marzo de 2016. Esto equivale a un promedio de 1,5 certificados al día, lo que se traduce en 14.547 días de licencia médica.

Los antecedentes del caso, apuntan a que Jiménez Cid no sólo entregó licencias en La Araucanía, sino que 156 de ellas fueron extendidas a funcionarios de la Región Metropolitana y otras 43, a gendarmes de la Región de Tarapacá.

El listado, integrado por 12 profesionales, contempla a otros dos médicos de La Araucanía: un cirujano (673) y un segundo médico general (506). Entre los tres facultativos, suman la entrega de 2.297 licencias en dos años.

A raíz de los antecedentes de prensa, la Fiscalía Regional de La Araucanía ayer decidió abrir una investigación de oficio en contra del médico.

En total, entre los 12 médicos que figuran en el listado, se emitieron 11.559 licencias, lo que equivale a 142.318 días de reposo.

Médico

El doctor Claudio Jiménez se defendió de las imputaciones, explicando que las numerosas licencias son proporcionales al número de pacientes que recibe.

"Veo alrededor de 30 pacientes en forma privada todos los días, pertenezco a una institución que ve justamente enfermedades laborales (...) yo no creo que Gendarmería esté contratando gente enferma, debiera cuestionarse qué está pasando con sus funcionarios, yo creo que ahí está el problema", aseguró.

Asimismo, respecto de las licencias a gendarmes de otras regiones, el facultativo indicó que "muchos de esos pacientes tienen a su familia en del sur".

Defendió que todas las licencias que ha entregado son lícitas y reiteró que es Gendarmería la que debe cuestionarse la situación por la que atraviesan sus funcionarios.

"Yo creo que Gendarmería debiera cuestionarse si está contratando gente enferma o gente que no quiere trabajar, esas serían las dos posibilidades. La tercera posibilidad es ver qué está pasando con sus funcionarios. ¿No será que se están enfermando?", se preguntó.

"Es verdad, yo aparezco con muchas licencias médicas, pero también soy uno de los médicos que ve más pacientes, entonces hay que ver la proporción de licencias con respecto de los pacientes atendidos y ese es un cálculo matemático", apuntó el médico que aseguró estar acreditado por la Superintendencia de Seguridad Social para ver patologías de tipo mental.

Hay que consignar que en octubre de 2011, Jiménez Cid fue suspendido por 30 días de su rol de prestador de servicios de la Modalidad de Libre Elección en Fonasa, por incumplimiento de la normativa, por un total de 2.660 licencias, equivalentes a 30.876 días de reposo, otorgadas en 2010.

MINISTERIO PÚBLICO

Conocidos los antecedentes, el Ministerio Público decidió abrir una investigación, considerando que existía una denuncia previa en contra de Claudio Jiménez, la que data del año 2010 y que fue estampada por Fonasa, acusando la entrega de numerosas licencias.

La Fiscalía confirmó que son más de mil los certificados otorgados en distintas regiones del país, los que serán investigados.

"Considerando ese antecedente y además información anterior que tenía la Fiscalía toda vez que ya había una denuncia previa en contra de este médico del año 2010, decidimos que correspondía entonces abrir una nueva investigación", manifestó el fiscal vocero de la Fiscalía Regional, Roberto Garrido.

El abogado destacó el valor de los antecedentes, ya que dan cuenta de situaciones que podrían configurar algún delito, considerando, además, la presencia de funcionarios públicos involucrados.

"Podría configurarse la falsificación de licencia que es un delito que tiene sanción de hasta tres años de privación de libertad, además del fraude de subvenciones que dependiendo del monto también puede ser sancionado con penas que llegan hasta los cinco años de privación de libertad", explicó Garrido.

Respecto de las diligencias, se buscará verificar si las personas que obtuvieron una licencia médica "presentaban alguna situación de salud que justificara el otorgamiento de la misma".

El fiscal, precisó sobre la causa del año 2010, que finalmente fue archivada. "En su momento no surgieron antecedentes que permitieran sostener con fundamento una imputación criminal y los antecedentes que surgen ahora podrían dar lugar incluso a la reapertura de esa investigación", esbozó Garrido, junto con agregar que Fonasa o el Compin, podrían entregar datos relevantes para la investigación.

"Todos los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar los hechos que eventualmente pueden ser constitutivos de delito", aseveró el fiscal vocero.

Gendarmería araucanía

Consultado por los antecedentes, el dirigente de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), David Diocares, afirmó que "no voy a cuestionar a un médico", y acusó que el Gobierno está desviando la atención, ya que a su juicio, "aquí han fallado los órganos controladores".

Alegó que los gendarmes, están expuestos a situaciones extremas que generan un alto grado de estrés. "No trabajamos en un internado ni en una escuela, trabajamos en una cárcel en las condiciones paupérrimas en que el Estado las tiene... los reos cada día tienen más derechos, donde los funcionarios son amenazados de muerte, insultados, agredidos".

Respecto de las licencias, Diocares indicó que "nosotros como Anfup no vamos a amparar ningún tipo de abuso y si existe, tiene que ser investigado. Pero por un grupo no podemos manchar la honorabilidad de todas las personas".

Desvinculaciones

Los antecedentes se conocen tras la denuncia de la ministra de Justicia, Javiera Blanco, a días de solicitar la renuncia al director nacional de Gendarmería, Tulio Arce.

Este viernes, a la luz de los resultados de un sumario que dispuso la propia institución penitenciaria, Blanco decidió desvincular a 123 funcionarios tras detectar 596 casos de licencias por sobre los seis meses en dos años.

"Gendarmería de Chile es una institución proba, donde sus funcionarios arriesgan todos los días su vida. La situación de algunos pocos no puede enlodar a toda una institución", señaló la secretaria de Estado, agregando que "estamos tomando medidas para poder identificar a aquellas personas que han hecho un uso abusivo". (Ver página 12).