La familia y la escuela deben ser importantes para instruir a las nuevas generaciones acerca de las prevenciones que se deben tener con respecto a la amenazante realidad delictual que sufre Chile. La delincuencia es la negación de las buenas costumbres, socava la estabilidad política y merma la confianza pública, por lo que no se le debe dar tregua. Los gobiernos tienen el deber de garantizar la paz social y el orden, hacer cumplir la ley y aplicar políticas preventivas y sancionadoras.

Sería deseable que los parlamentarios alzaran la voz con firmeza cuando se minimizan hechos que vulneran la ley, atentan contra las buenas costumbres o provocan una extrema alarma pública, como los homicidios, femicidios o violaciones de menores.

Muchos jóvenes, debido al distanciamiento emocional con sus padres o la ausencia de éstos, asumen una precoz independencia y una feble socialización porque aquellos trabajan todo el día y no se dan el tiempo para cumplir con su función de ser los primeros formadores de sus hijos. Un grupo familiar que no tenga dedicación para transmitirle a sus hijos el ejemplo y los consejos que resguarden su integridad física y psicológica no está cumpliendo con su deber.

Con respecto al origen de la delincuencia, hay que considerar que de cada diez presos, ocho son hijos de padres que alguna vez han pasado por la cárcel. Hay que estar en sintonía con los hijos para saber interpretar la realidad y alejarlos de las malas prácticas, antesala del delito.

Lo mismo sucede con el círculo de amigos: hay que saber quiénes son, dónde y con quiénes comparten y tener claras sus conductas para evitar la promiscuidad, el alcoholismo o la irreversible y perversa inducción a las drogas, que muchas veces conduce al delito. Por eso es clave masificar la buena formación y elaborar políticas sociales rehabilitadoras e inclusivas. En el tema de la delincuencia, las autoridades, las policías, los tribunales tienen mucho que hacer, pero la primera y más eficaz tarea preventiva es la que les corresponde cumplir a los padres.

Hay una realidad que año a año estremece a los por ahora cerca de tres millones de jubilados (as). Se trata del sueldo de retiro por más de 40 años de trabajo en las más variadas actividades. Profesionales, empleados privados y obreros cuando llegan a su renta más alta las insoportables AFP les reducen sus dineros en actividad a casi un magro 48%, resentimiento que se torna cruel porque usted tendrá esa renta hasta que se le acabe lo que acumuló. Entonces cuidado con que se le ocurra vivir más de 75 años.

La administración de estas empresas de previsión las maneja un grupúsculo pequeñísimo de directores que casualmente son dueños de Isapres, grandes consorcios económicos y hasta clubes de fútbol profesional, ni un sólo representantes de los dueños de los dineros... o sea usted.

El sistema de las AFP aplicado por un tiempo en otros países fracasó rotundamente y Chile se sigue dando el gustito que permite, como se informó días atrás, que una anciana profesora pidiera limosna en una calle de Santiago para poder comprar sus remedios para sus múltiples enfermedades.

Esta realidad triste e injusta en que el aporte que se ha hecho para el desarrollo del país es "premiado con un miserable sueldo" se conmueve cuando la ex esposa de un diputado de izquierda al momento del retiro obtiene una jubilación por $5.250.000 y como explicación cínica dice que le da vergüenza tal monto pero ... "que le tocó lo que le tocó".

Pero la cosa no es tan simple porque, entre gallos y medianoche, un grupo de avispados parlamentarios hizo legal que un escalafón pequeño (menos mal) accediera a pensiones sin tope, entonces en el último año se reajustaban a través de asignaciones brujas para que al calcular el derecho dieran esta vergonzosa suma.

Algunos personajes proponen frescamente que el escándalo se podría remediar devolviendo dichos dineros, falsedad absoluta porque en este plano los derechos adquiridos no pueden perderse por otra ley con carácter retroactivo.

Mientras, hay chilenos que deben vivir con pensiones de $95 mil pesos, 180 mil, 230 mil. Mientras estos apitutados aprovechan las malas granjerías que da el poder y obtienen estas escandalosas pensiones de $5.250.000.

Era lo que faltaba en éste Chile: la guinda de la torta.

Roberto Muñoz Barra, ex senador y presidente del Instituto de Estudios Públicos Social Demócrata

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