Diego Ahumada

En medio de los alegatos, cuando la defensa solicitaba al Ministerio Público la entrega de la totalidad de los antecedentes de la carpeta de investigación del caso, los 10 imputados por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, no contuvieron la impotencia e indignados increparon de pie y a gritos a los fiscales Luis Arroyo y Alberto Chiffelle, acusándolos de vulnerar sus derechos.

José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel fueron los primeros en levantarse esposados del banquillo y dirigieron sus reclamos a los persecutores, desatando la trifulca que terminó con todos los comuneros de pie: ¡Entrega la prueba! ¡Entrega la prueba! Reclamaron entre un bullicio a ratos ensordecedor.

Una cuadrilla de gendarmes forcejeó con los indignados comuneros. A un metro, los fiscales y abogados querellantes de la familia Luchsinger-Mackay y el Ministerio del Interior, por su seguridad, eran retirados rápidamente de la sala por una puerta lateral. No se registraron agresiones físicas ni tampoco destrozos.

Eso sí, la tensión se traspasó a la treintena de familiares de los comuneros, quienes de la misma manera se alzaron y apuntaron su enojo contra el fiscal Alberto Chiffelle, a quien acusaron de "racista" luego que los defensores presentaron una petición de inhabilidad en su contra al conocer antecedentes de una demanda laboral que dedujo el ex fiscal de Collipulli, Ricardo Traipe, donde esgrime discriminación por su origen étnico y presiones indebidas para intensificar la persecución penal contra integrantes de comunidades catalogadas de conflictivas.

Desalojo

Finalmente, el ambiente se comenzó a descomprimir y la sala fue desalojada en su totalidad. Los comuneros en todo momento estuvieron esposados y los familiares hicieron caso a los gendarmes que en definitiva no se vieron superados por el alboroto.

Luchsinger

En la banca más cercana a la parte acusadora se encontraban los hermanos Luchsinger-Mackay, quienes no fueron insultados ni menos agredidos y abandonaron la sala una vez que los manifestantes esperaron en el patio del Juzgado de Garantía ser informados por sus abogados del resultado final de la audiencia que se terminó por desarrollar a puertas cerradas.

"Pongo las manos al fuego, mi hermana no tiene nada que ver", dijo Juana Linconao, hermana de la machi Francisca, una de los 11 imputados por incendio con resultado de muerte con carácter terrorista por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay.

La mujer, aún nerviosa tras los incidentes en el tribunal, agregó que "es justo que se haya enojado la pobre gente, inocentemente encerrada. ¿Por qué no agarran los papeles y le dicen al juez aquí están los antecedentes contra los presos? No hay papeles porque no es verdad la cosa. Yo quisiera decir a todos los Luchsinger que salgan a buscar a los culpables y dejen a esta pobre gente que está presa inocentemente".

En tanto, Sonia Catrilaf, familiar de los imputados de mismo apellido, declaró que "me da pena por la familia Luchsinger porque les están mintiendo. Utilizaron a un joven vulnerable (José Peralino) e injustamente le echaron la culpa a la gente inocente".

Por su parte, el hijo del matrimonio asesinado, Jorge Luchsinger, catalogó la situación como "un altercado que surgió de improviso", y explicó que "fue una actitud a raíz de lo que ha salido en la prensa, me imagino contra el fiscal (Chiffelle) y no me parece porque tienen que mantener el orden", aseveró.

El abogado de la familia Luchsinger-Mackay, Carlos Tenorio, refirió sobre el incidente que "es propio de estas causas, yo lo encuentro lamentable pero no es un tema que pueda controlar porque para mí esto es un juicio, no es una pugna entre personas más allá de lo que guarda relación con la aplicación del derecho".

En tanto, el abogado particular Sebastián Saavedra, representante de Luis Tralcal Quidel, alegó que "a cuatro meses de haberse iniciado la investigación, de estar en prisión preventiva, han señalado que ellos no tienen la información de la antena. La prisión preventiva de nuestros representados se ha basado en un informe pericial del cual el Ministerio Público ha señalado que no tiene la información". Además, alegó que la Fiscalía no ha reunido información del registro de pasajeros de moteles que exculparía a su defendido. "Por tanto, en una situación de tal impotencia, los comuneros decidieron ponerse de pie y retar al Ministerio Público".

Finalmente, el juez Federico Gutiérrez, resolvió sólo con la presencia de los intervinientes que la Fiscalía deberá entregar los antecedentes restantes y fijó audiencia para el 3 de agosto, donde el Ministerio Público solicitará el cierre de la investigación y los defensores de los comuneros pedirán el sobreseimiento temporal de la causa.

Chiffelle se defiende

El fiscal aludido, Alberto Chiffelle, anunció acciones legales por injurias y calumnias con publicidad, por la demanda presentada por el abogado Javier Jara en representación del ex fiscal Ricardo Traipe.

"No voy a permitir que absolutamente nadie mancille mi nombre y pueda afectar la honra personal de mi familia, mi mujer y mis hijos", enfatizó Chiffelle, desvinculándose de las acusaciones en su contra.

Abren investigación

La preocupación que causaron los antecedentes de la demanda laboral del ex fiscal Traipe, cuyos antecedentes fueron dados a conocer en exclusiva por El Austral, obligó a la reacción del fiscal regional, Cristian Paredes, quien rechazó la petición de inhabilidad contra el fiscal Chiffelle ingresada por los abogados defensores y anunció una investigación por los desórdenes en el juzgado, además de estudiar medidas de protección para los fiscales.

"Lo acontecido el día de hoy (ayer) nosotros entendemos que es constitutivo de un delito y hemos aperturado una investigación por atentado contra la autoridad, un delito que tiene una pena que alcanza hasta los 540 días de reclusión e incluso multa", enfatizó Paredes.

Mantienen prisión

Otra audiencia que se celebró a primera hora de la mañana de ayer, fue la de revisión de cautelar de Sergio Catrilaf. El juez Federíco Gutiérrez, confirmó la prisión preventiva para el imputado, alegando que las circunstancias que se consideraron para otorgar la cautelar en su contra no han variado.

Durante los alegatos, se dio a conocer la transcripción de una escucha telefónica entre Catrilaf y el ex intendente Francisco Huenchumilla, en el contexto de una toma de terreno del fundo San Juan en 2015.

A través de un comunicado, la Multigremial rechazó el ataque a los fiscales en la audiencia y brindó su apoyo a los funcionarios del Ministerio Público.

"La Multigremial de La Araucanía rechaza la agresión sufrida este mediodía por el equipo de fiscales de la causa Luchsinger - Mackay al interior del Tribunal en Temuco, la que se origina por comentarios irresponsables vertidos días atrás en contra del fiscal jefe de esta causa", dice el escrito.

"Es constitutivo de delito y hemos aperturado una investigación por atentado contra la autoridad".

Cristian Paredes,, fiscal regional"

"A cuatro meses de investigación (...) han señalado que no tienen la información de la antena".

Sebastián Saavedra,, defensor"

11 imputados fueron formalizados por el delito de incendio con resultado

4 de enero de 2013 de muerte con carácter de terrorista el pasado 30 de marzo

3 de agosto de este año.