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Comisión de DD.HH. suspendió la sesión que se realizaría en Temuco

AUDIENCIA. José Peralino, en tanto, fue autorizado a asistir a un culto el próximo domingo en la comuna de Vilcún.
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La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, acordó suspender la sesión que se iba a realizar en Temuco el próximo lunes 8 de agosto aludiendo el estado actual "de algunos procesos por actos violentistas que sustancia la justicia en La Araucanía".

La jornada que estaba programada para el próximo lunes pretendía contar con la presencia de dos de los comuneros mapuches imputados por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, Francisca Linconao y José Peralino, situación que incluso ayer debió ser desestimada por sus abogados en una audiencia solicitada por el abogado de la machi, Jaime López, para precisamente poder contar con el beneplácito del Poder Judicial para que ambos pudiesen acudir a la cita.

Audiencia

En la misma audiencia, el jefe de la Defensoría Penal Mapuche, Pablo Ardoain, le solicitó al juez Luis Olivares un permiso especial en favor de José Peralino para que asista a un culto religioso el próximo domingo.

La solicitud fue acogida por Olivares, quien autorizó la presencia de Peralino en el sector Llamuco de la comuna de Vilcún entre las 9:45 a las 15:15 horas, bajo custodia de personal de Carabineros.

estaba agendada la sesión de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y que debió ser suspendida. 8 de agosto

Jueza se inhabilita en caso Luchsinger-Mackay y denuncia trato hostil por parte de la defensa

HECHO. María Teresa Villagrán había sido llamada a inhabilitarse por la misma defensa en mayo pasado por sus dichos en una audiencia celebrada en diciembre de 2013.
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Lorenzo Lovera Seguel

Sorpresa generó entre los intervinientes del caso Luchsinger-Mackay la determinación de inhabilitarse por parte de la magistrada del Juzgado de Garantía de Temuco, María Teresa Villagrán, quien justificó su acción culpando a dos abogados de la defensa de los comuneros imputados por el Ministerio Público.

En el documento la magistrada Villagrán sustenta su decisión puesto que estima que "la relación con los abogados defensores Royo y Quezada es evidentemente hostil para con la suscrita, lo que impide a esta juez realizar su trabajo sin sentir presión".

Luego, la magistrada explicó que su inhabilidad tiene también por finalidad "no dilatar su prosecución" agregando que dicha "hostilidad y resentimiento manifestado por los abogados defensores indicados hacia mi persona pueden hacer presumir que no me encuentro revestida de la debida imparcialidad, me declaro inhabilitada para seguir conociendo de estos antecedentes", concluyó la profesional del Poder Judicial.

El origen

El 26 de mayo pasado, parte de los abogados defensores le pidieron a la jueza María Teresa Villagrán que se inhabilitara de la causa - finalmente lo hizo - por haber realizado afirmaciones inapropiadas en una audiencia reservada en diciembre del año 2013.

De acuerdo a lo expuesto por los mismos defensores ese 26 de mayo, Villagrán dijo en la mencionada audiencia reservada - donde la Fiscalía pidió una serie de interceptaciones telefónicas y que fueron acogidas por la magistrada - que "teniendo presente la gran cantidad de incendios y teniendo en consideración también que el común de la gente no podía pensar que una sola persona hubiese sido la autora del delito de incendio con consecuencia de muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, cualquier persona podía pensar que había más gente involucrada y solamente por eso y teniendo en consideración que los incendios han seguido ocurriendo, ocurrieron antes, después y siguen ocurriendo en toda la Región, por eso voy a autorizar todas y cada una de las diligencias y además que muchos de estos nombres a mí me son familiares en otras interceptaciones relacionadas con 3 incendios".

El aludido

De manera escueta reaccionó Mario Quezada, uno de los dos defensores mencionados por Villagrán en su decisión de inhabilitarse para seguir con el caso.

Al respecto, el profesional refutó lo dicho por la jueza de garantía explicando que "nosotros hacemos alegaciones que consideramos son las correctas y ella puede resolver como ella estime", sin emitir más comentarios al respecto.

Preocupación

Desde Concepción, el fiscal regional Cristian Paredes, también se refirió a lo sucedido con la magistrada María Teresa Villagrán, evidenciando su preocupación por lo que él llamo un "clima enrarecido".

Al respecto, el persecutor jefe de La Araucanía sostuvo que "advertimos con mucha preocupación que se ha instalado un clima enrarecido, de violencia verbal, hacia las instituciones que están trabajando en la persecución penal".

Acto seguido, el mismo Paredes tildó lo ocurrido con María Teresa Villagrán como un hecho "mucho más grave" y sobre aquello comentó que "una jueza de La República, en Temuco, se ha inhabilitado porque dice expresamente que ha sufrido hostilidad, hostigamiento y odio de dos defensores, que son dos defensores penales públicos. Los defensores penales públicos son tan funcionarios públicos como los fiscales y no podemos quedar impávidos y sin reacción frente a este tipo de situaciones".

"Nosotros hacemos alegaciones que consideramos son las correctas y ella puede resolver como ella estime".

Mario Quezada,, profesional Defensoría"

"Se ha instalado un clima de violencia verbal hacia las instituciones que están trabajando en la persecución penal".

Cristian Paredes,, fiscal regional de La Araucanía"

Subsecretario Aleuy

La determinación de la magistrada María Teresa Villagrán fue analizada por el subsecretario Mahmud Aleuy, quien desde Concepción cuestionó la labor de "algunos defensores". En concreto, Aleuy sostuvo que "la mayor preocupación que tenemos en este minuto es que algunos de los defensores de determinado tipo de delincuentes se han permitido amedrentar a jueces y fiscales en tribunales. Por lo tanto, vamos a oficiar al Ministerio de Justicia para que se hagan las investigaciones que correspondan e iniciaremos las acciones legales que sean pertinentes", concluyó el personero de Gobierno.

de 2016, los defensores de los comuneros habían pedido la inhabilitación de la magistrada Villagrán. 26 mayo