La magistrada del Juzgado de Garantía de Temuco, Caroline Guzmán, resolvió mantener la medida cautelar de prisión preventiva en contra de 9 de los imputados por el caso Luchsinger-Mackay.

Según explicó la propia abogada, la determinación se fundamenta en que "las circunstancias y antecedentes que se tuvieron en consideración para imponer la prisión preventiva -el pasado 30 de marzo- a los nueve imputados no han variado (...) estimando el tribunal que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, se confirma la medida cautelar de prisión preventiva a todos los imputados", concluyó .

Defensa

Total rechazo generó en la defensa de los imputados la resolución de la magistrada Guzmán. De esa forma al menos lo dejo de manifiesto la abogada Karina Riquelme, quien señaló tras la audiencia "que esa es la justicia que se usa para los mapuches".

"La resolución de la jueza de Garantía es nefasta puesto que, aun cuando la defensa ha refutado claramente cada uno de los antecedentes - que no han sido respondidos por la Fiscalía - y creemos que así es la justicia para el mapuche, se utiliza la prisión preventiva como pena anticipada, puesto que con los antecedentes que hoy tenemos es evidente que en un juicio oral cada uno de ellos va a ser absuelto".

Lorenzo Lovera Seguel

Por expresa recomendación de las policías, el Ministerio Público optó por otorgarle protección policial a los fiscales Alberto Chiffelle y Luis Arroyo - además de sus familias - luego de los últimos ataques verbales en contra de los persecutores, quienes incluso llegaron a ser increpados por los imputados del caso Luchsinger-Mackay el pasado 27 de julio en plena audiencia.

La decisión fue dada a conocer ayer por el fiscal vocero del Ministerio Público, Roberto Garrido, quien precisó que "se han decretado algunas medidas de protección toda vez que claramente puede constituir un riesgo en su integridad física o en su propiedad" luego de que "los antecedentes policiales daban cuenta de que podía correr riesgo".

La medida se conoce a diez días de la mencionada audiencia y a dos jornadas de que desconocidos dejaran un lienzo en la ruta Cajón-Vilcún donde se podía leer un claro mensaje contra el abogado Alberto Chiffelle: "Libertad a los presos mapuches. Fiscal Chiffelle racista, corrupto y mentiroso", rezaba el escrito.

Apoyo

A sabiendas de la situación vivida estos últimos días por Alberto Chiffelle, sus colegas del Ministerio Público llegaron en masa a la sala 2-A del Juzgado de Garantía de la capital regional en señal de apoyo al persecutor jefe de Temuco.

Fue así como mientras se desarrollaba la audiencia de revisión de medidas cautelares de 9 imputados del caso Luchsinger-Mackay, algunos colegas de Alberto Chiffelle como Adelina Barriga; Claudia Turra, Ítalo Ortega, Jaime Pino, Juan Pablo Salas, Patricio Montecinos, Miguel Ángel Velásquez, Raúl Espinoza y Roberto Garrido llegaron a la misma en señal de apoyo al profesional cuestionado.

Concluida la audiencia (ver nota secundaria), fue el fiscal y director de la Asociación Nacional de Fiscales, Jaime Pino, quien alzó la voz gremial para defender a Chiffelle de los ataques en su contra, señalando al respecto que "la ciudadanía tiene que entender que nosotros no personalizamos la persecución penal. A nosotros se nos asigna una causa para una investigación y eso puede recaer en cualquiera de nosotros y por lo tanto cualquiera de nosotros podría ser el fiscal Arroyo o Chiffelle".

El mismo Pino aseguró que el tema de la seguridad de los fiscales se ha tratado al interior de la misma institución, además del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia ya que lo ocurrido con Alberto Chiffelle - a su juicio - da cuenta que "requerimos de una protección especial, en el sentido de que nuestra integridad física - nosotros somos abogados - no tenemos por qué vernos expuestos a riesgos innecesarios por nuestra función pública", estimó el representante de los fiscales en la Región.

Por último, el mismo persecutor explicó que en el caso concreto de su colega Alberto Chiffelle, éste no solo se ha visto afectado personalmente sino que también su núcleo familiar.

Al respecto, el representante de los fiscales expuso que "nosotros necesitamos ejercer nuestro trabajo en forma libre, sin presiones y el fiscal Chiffelle se ha visto afectado personalmente y su familia con estas declaraciones, panfletos y letreros y no corresponde que un persecutor penal tenga que sufrir estas consecuencias", sentenció Jaime Pino.

Corte suprema

Ayer en tanto, el pleno de la Corte Suprema le pidió un informe a la Corte de Apelaciones de Temuco en relación a los hechos expuestos por la magistrada María Teresa Villagrán, quien a través de oficio decidió inhabilitarse de conocer las incidencias del caso Luchsinger-Mackay.

Así lo informó el ministro vocero, Milton Juica, quien explicó que la determinación de Villagrán "no es que sea la primera vez que esto ocurra porque normalmente, sobre todo los jueces penales, se ven enfrentados en disconformidades de las partes".

Del mismo modo, Juica explicó que la petición del informe a la Corte de Apelaciones de Temuco tiene la intención de velar por la "independencia e imparcialidad" de los jueces en su actuar.

"El ataque directo a su persona (por Chiffelle) evidentemente pretende amedrentarlo y poner trabas".

Roberto Garrido,, fiscal vocero"

"El fiscal Chiffelle se ha visto afectado y no corresponde que un persecutor penal tenga que sufrir estas consecuencias".

Jaime Pino,, Asociación Nacional de Fiscales"