Los estudiantes de la Universidad Católica de Temuco que se encontraban en una huelga de hambre depusieron ayer la medida de presión tras alcanzar un acuerdo con el gobierno universitario.

De acuerdo a lo que señaló Saúl Sepúlveda, presidente de la Federación de Estudiantes, la negociación con las autoridades llegó a un punto en que se aceptaron tres medidas de importancia para los estudiantes.

"Primero logramos que el cierre de semestre se cambiara para el 29 de agosto, evitando así la recalendarización que hizo la Universidad", dijo el dirigente estudiantil.

SEGUNDO PUNTO

Como segundo punto de acuerdo, Sepúlveda precisó que se eliminarán las notas 1.0 que fueron puestas por los académicos de la universidad a los estudiantes que se mantuvieron en paro al inicio del primer semestre.

Finalmente el presidente de los estudiantes aseveró que el gobierno universitario se mostró dispuesto a realizar encuentros o claustros triestamentales de facultad y universidad a lo largo del segundo semestre.

Sepúlveda finalmente sostuvo que el acuerdo deberá ser ratificado por la asamblea general, reunión que se llevará a cabo mañana, donde cada carrera presentará un representante que votará por la finalización de la huelga.

MOVILIZACIÓN

Fueron siete días durante los cuales tres estudiantes de la Universidad Católica de Temuco se mantuvieron en una huelga de hambre como medida de protesta ante el cierre de semestre y lo más 5 mil estudiantes que tuvieron notas 1.0 en sus asignaturas.

La medida fue iniciada el pasado martes por Saúl Sepúlveda y Pablo Figueroa, miembros de la Mesa Ejecutiva de la Federación de Estudiantes de la UCT.

Los estudiantes argumentaron que "esta medida extrema y a la vez pacífica, la tomamos luego de agotar toda instancia de diálogo y acuerdo con el gobierno universitario las cuales claramente no han sido fructíferas y no ha existido la intención".

Ramón Tolosa

A través de un comunicado público la Asociación Nacional Democrática de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública rechazó las declaraciones del fiscal nacional Jorge Abbott, sobre las críticas al desempeño de los defensores de La Araucanía en sus intervenciones referidas a causas relativas al denominado conflicto mapuche.

El fiscal nacional hizo las declaraciones el lunes luego que la jueza de Garantía, María Teresa Villagrán, decidiera inhabilitarse en el caso Luchsinger-Mackay, donde se investiga bajo la Ley Antiterrorista el crimen de los agricultores, acusando un trato hostil por parte de los defensores.

En el escrito la asociación gremial explica que están preocupados como funcionarios de la Defensoría Penal Pública y, sobre todo, como ciudadanos.

"Nos preocupa la señal que se entrega por los mismos intervinientes -a través de medios de comunicación- al resto de la ciudadanía sobre el rol que debe cumplir el defensor penal público y la equivocada sensación de injusticia que se instaura en nuestra conflictuada sociedad, que finalmente sólo daña a nuestro estado de derecho", indica Peter Sharp, presidente de los defensores.

Denostación

El lunes el fiscal nacional respaldó la acusación que realizó el domingo el persecutor regional de La Araucanía, Cristian Paredes, quien afirmó que los defensores de la zona están utilizando una "estrategia de denostación" contra el actuar de la Fiscalía.

Abbott precisó que "hemos visto que los defensores penales públicos en La Araucanía han ido mucho más allá de prestar la defensa técnica a la que está obligado el Estado y más bien han hecho una suerte de causa común con un movimiento que no dice relación con la obligaciones que tienen como defensores penales", expresó el fiscal nacional.

Además, Abbott, situó esta queja en el ámbito administrativo y dijo esperar que el defensor nacional Andrés Mahnke, quien ya está en conocimiento de la situación, adopte las medidas correspondientes.

Agregó que "creemos que en La Araucanía se está pasando más allá del límite que exigen esas normas de lealtad hacia el proceso", puntualizó el representante de la Fiscalía.

En este sentido, la Asociación Nacional de Defensores rechazó las declaraciones del persecutor.

"Rechazamos categóricamente la intromisión de autoridades políticas y especialmente del fiscal nacional, en relación con las actuaciones de los defensores penales públicos en procesos penales actualmente en tramitación, también que esta última autoridad aparezca descalificando la labor de aquellos, siendo parte interesada en el resultado de dichos procesos", dio a conocer el vocero del gremio.

Las críticas de los defensores también a apuntan a la independencia.

"Aparecer así en los medios de comunicación, no solo degrada el Estado de Derecho, sino que puede afectar ilegítimamente la independencia técnica amparada constitucionalmente a todos los defensores del país", menciona Peter Sharp.

Video

Ayer también se conoció un video donde la defensora penal pública Manuela Royo, llama a participar de manifestaciones en la Fiscalía Nacional, en Santiago, que buscaban la renuncia del fiscal jefe de Temuco, Alberto Chiffelle.

La abogada señaló en el video que Chiffelle "siempre está presente en las causas de comuneros. Tenemos antecedentes que salen de la propia Fiscalía de que él es una persona que investiga de forma parcial y hay acusaciones respecto a su persona de racismo y discriminación. Por eso vamos a hacernos presentes en Santiago" dice en las imágenes.

Quien también entregó un comunicado de prensa sobre el tema fue el defensor nacional Andrés Mahnke, para referirse a la acusación de hostilidad de defensores contra la jueza del caso Luchsinger Mackay.

"Hasta ahora no conozco ningún antecedentes que me permita reprochar a los defensores o iniciar investigaciones administrativas o sumarios (...) Si un defensor sostiene que va a usar todas las herramientas que le concede el ordenamiento jurídico, es lo que corresponde en derecho y es lo que deberíamos cautelar todos" , expresó Mahnke.

"Hasta ahora no conozco ningún antecedentes que me permita reprochar a los defensores o iniciar investigaciones".

Andrés Mahnke,, defensor nacional"