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CAMBIO. El aumento gradual de un 5% en las cotizaciones es la principal modificación que se plantea en el proyecto de Gobierno.
En cadena nacional, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, anunció una serie de medidas que apuntan a mejorar el actual sistema de pensiones, respondiendo así -más satisfactoriamente para algunos, que para otros- a la demanda ciudadana que en el último tiempo se ha hecho sentir con cada vez mayor fuerza.
Una de las principales medidas de la propuesta es el aumento de un 5% en las cotizaciones, que estará a cargo del empleador y cuya implementación será gradual (en un plazo máximo de 10 años). Este porcentaje se destinará a un fondo colectivo solidario, con el que se aportará a las actuales y futuras pensiones.
Por la relevancia social del tema, las reacciones desde distintos sectores no se hicieron esperar en la Región. Con evidentes matices, el mundo político valoró la propuesta como un primer paso para avanzar en la materia. La sociedad civil, en tanto, fue más categórica en su juicio, criticando la ausencia de cambios sustanciales y reiterando la necesidad de una reforma al sistema.
Una de las personas que manifestó su disconformidad fue Luis Seguel, abogado y analista previsional con más de 25 años de experiencia, quien calificó estas medidas como meramente "cosméticas".
"Echo de menos la falta de decisión para enfrentar un tema urgente como éste. Las medidas anunciadas son cosméticas, porque no se hacen cargo de situaciones fundamentales", destacó el experto.
Puntualmente, indicó que lo dispuesto por el Gobierno no da solución a tres situaciones urgentes: los pensionados que viven un drama por la precariedad económica, la incertidumbre de aquellos que están prontos a jubilar y el problema de quienes fueron afectados por el llamado "daño previsional".
En este sentido, la gradualidad de la implementación también fue considerada como un error por Seguel. "La solución se requiere de manera urgente, no de aquí a 10 años", dijo, junto con destacar que el tema de fondo es que "el Gobierno ve esto como un problema económico y no como el problema de seguridad social que es".
EMPLEADOR
El analista previsional también criticó la decisión de que el 5% de cotización adicional sea aportada por el empleador. "Éste debe ser un aporte compartido, de los trabajadores, el Estado y el empresariado. El Estado se está haciendo a un lado y tiene recursos, mientras que los trabajadores pueden también aportar, por ejemplo, un 2%, porque son los principales beneficiados", enfatizó.
Aseguró, en este punto, que asignar toda la responsabilidad al empresariado generará un aumento en los costos operativos que, finalmente, serán igualmente asumidos por los consumidores.
Sobre el rol que se le atribuye al empleador en la propuesta, Jorge Lagos, presidente de la Asociación Gremial de Industriales de Malleco y Cautín, Asimca, manifestó que "nos interesaría conocer bien de qué manera se van a utilizar esos recursos (el 5% adicional), que viene a ser un impuesto encubierto (...). Esto requiere de un análisis más profundo, porque el aumentar el costo en la mano de obra puede repercutir en la decisión de aumentar las planillas de las empresas. La gradualidad va a ayudar a mitigar el tema, pero al final del camino esto va a ser un aumento de la carga en las remuneraciones".
Expresó, además, que el anuncio presidencial sólo reveló aspectos generales y que se trata más bien de una propuesta reactiva -al malestar ciudadano- y no proactiva.
Más crítica fue Sandra Marín, presidenta regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Anef. "Lo que anunció la Presidenta no es lo que los trabajadores quieren (...). Queremos que se terminen las AFP, queremos una pensión digna, con un sistema de reparto solidario, tripartito, universal".
La dirigente también añadió que "esperamos que la ciudadanía continúe luchando por sus derechos y en eso seguiremos trabajando".