Familia Catrilaf acusa traición de Defensoría tras destitución de abogada del caso Luchsinger
RESPALDO. Solidarizaron con Manuela Royo, quien por decisión de su jefatura, tuvo que dejar la defensa de tres de los comuneros imputados por Ley Antiterrorista.
El caso Luchsinger-Mackay mantiene la alta tensión a más de cuatro meses de la detención de 11 sospechosos. Luego que la defensora penal mapuche, Manuela Royo, fuera alejada de la causa tras la divulgación de un video donde acusa de "parcial" al fiscal Alberto Chiffelle, la familia Catrilaf calificó a la Defensoría de traidora y de confabularse con el Ministerio del Interior.
Según comunicaron a la opinión pública "los comuneros Catrilaf imputados por el caso Luchsinger-Mackay, secuestrados en la cárcel de Temuco por el Estado de Chile", no aceptarán otro abogado "que no sea la profesional Manuela Royo Letelier", argumentando que "ella ha demostrado ser una abogada eficiente y perseverante en la defensa de nuestros legítimos derechos".
En el texto difundido por los familiares de los presos, acusan una supuesta confabulación entre el defensor nacional Andrés Mahnke y el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, para mantener a los comuneros privados de libertad.
"Cuando nuestra defensa es dominada por los querellantes para proteger a una fiscalía racista, y cuando los que nos acusan eligen a quienes nos tienen que defender se están violando nuestros derechos humanos y los derechos de todo un pueblo nación", reclamaron.
Exigen salida
Es en este contexto que los Catrilaf exigen la salida de la Defensoría del proceso y más aún, de las causas mapuches. "La Defensoría Penal Pública ha demostrado que está trabajando para un escenario condenatorio a excepción de la profesional Manuela Royo".
El comunicado es difundido desde la cárcel de Temuco según deja de manifiesto.
El Austral solicitó una replica de parte de la Subsecretaría del Interior y la Defensoría Penal Pública, pero ambas instituciones no quisieron referirse al tema.
Hay que recordar que tras su salida del caso, la propia defensora Manuela Royo, en entrevista con este medio de comunicación, aseguró que a su juicio hubo presiones políticas en la decisión.
"Existen presiones políticas de parte de la UDI y de RN, quienes presionaron a la Defensoría, que también no olvidemos el Ministerio del Interior a través de la Intendencia es parte de esta causa y son quienes presionan a la Defensoría para lograr mi salida del caso", afirmó la profesional, que no descartó seguir defendiendo a los comuneros Catrilaf desde el ámbito particular. "Yo los voy a defender dentro o fuera de la Defensoría", sentenció Royo.
Episodios en tribunales
Son varios ya los episodios en tribunales que han marcado el caso Luchsinger-Mackay, donde se han enfrentado las defensas de los comuneros y el equipo de fiscales compuesto por Luis Arroyo y Alberto Chiffelle, los que incluso contemplan, la inhabilitación de una jueza.
Primero, fueron los continuos reclamos de los abogados del Centro de Investigación y Defensa Sur (Cidsur) y la Defensoría Penal Mapuche contra la Fiscalía por la entrega de la totalidad de los antecedentes de la carpeta de investigación, lo que derivó en el airado pronunciamiento de los propios imputados contra los fiscales en plena audiencia, lo que obligó el desalojo de la sala para continuar a puestas cerradas.
Asimismo, la jueza de garantía María Teresa Villagrán, se inhabilitó del caso acusando "hostilidad" de los abogados defensores Mario Quezada y Manuela Royo. El subsecretario Aleuy solicitó sumarios.
También el fiscal Chiffelle fue tildado de racista luego que el ex fiscal de Collipulli, Ricardo Traipe, interpuso una demanda laboral tras ser despedido del Ministerio Público, acusando trato discriminatorio y ser obligado a solicitar cautelares gravosas a integrantes de comunidades catalogadas de conflictivas.
En tanto, la Asociación de Fiscales calificó como una "vergüenza" el video grabado por Royo.
Manuela Royo Letelier,, defensora pública"
comuneros fueron detenidos el 30 de marzo recién pasado por su presunta participación en el crimen de los Luchsinger-Mackay. 11
años de cárcel fue condenado el machi Celestino Córdova por el caso. Los sentenciadores descartaron tipificación de terrorista. 18