Los Luchsinger rechazan fianzas para los acusados de asesinar a sus padres
CRÍTICAS. El juez Luis Olivares, por segundo día consecutivo, fijó caución de $10 millones de pesos, esta vez para el comunero Juan Segundo Tralcal Quidel.
Son pasadas las 9 de la mañana y termina una nueva audiencia en el Juzgado de Garantía de Temuco. El juez titular, Luis Olivares Apablaza, mantiene la prisión preventiva para Juan Segundo Tralcal Quidel, sin embargo, fija el pago de una fianza de $10 millones para su libertad. Jorge Luchsinger Mackay, abandona disconforme la sala y consulta a su abogado la posibilidad de inhabilitar al juez.
"En lo personal a mí me gustaría pero tengo que verlo con el abogado, le estaba consultando si es que eso correspondía o no", dijo Luchsinger molesto al término de la sesión.
Detrás de la mirada tranquila del agricultor se esconde algo de frustración. "Las defensas van a estar apelando hasta que les toque este juez para poder sacarlos libre; no me parece razonable que el sistema funcione así", sostuvo el agricultor en el patio del centro de justicia.
La expectativas eran escasas para los familiares de las víctimas. El mismo magistrado, el día anterior, había fijado una caución para Hernán Zenen Catrilaf Llaupe, que cerca de las 15 horas del lunes previo pago de $10 millones, abandonó el dormitorio 5 del módulo 1 del penal, tras cinco meses. En ambos casos, el juez Luis Olivares no consideró a los acusados como un peligro para la seguridad de la sociedad, pero estimó que había peligro de fuga.
"Es un mal precedente para el sistema procesal", alegó Jorge Luchsinger. "Se les está acusando incluso de actos de carácter terrorista, entonces es incomprensible para nosotros que un juez determine fianzas de ese monto, lo que se demostró ayer (lunes) que es fácilmente obtenible, en dos horas tenían la caución y la persona salió libre", comentó.
Conformidad
Sebastián Saavedra, abogado del Centro de Investigación y Defensa Sur (Cidsur) y defensor de Juan Tralcal Quidel, estudiará las acciones legales que permitan bajar la caución de $10 millones. "El monto es demasiado alto, entendemos que es desproporcionado respecto de alguien que pertenece a un pueblo originario, que ha sido reconocido por múltiples organismos internacionales como personas con un alto grado de vulnerabilidad en el sentido económico y cultural", dijo.
Eso sí, se mostró conforme con el razonamiento del juez Olivares, pese a lo elevado del monto, el que fue parejo para los casos de Juan Tralcal y Hernán Catrilaf.
"Estamos de acuerdo con el tribunal en el sentido que los antecedentes de participación respecto de mi representado ya no son suficientes para mantener la prisión preventiva", destacó.
Apelación
Por su parte, Carlos Tenorio, querellante de la familia Luchsinger-Mackay, indicó respecto de la resolución del juez Luis Olivares, que los acusados "la verdad es que se demoraron bastante poco en reunir una cantidad importantísima de dinero, lo cual no coincide con el relato de la defensa respecto de las capacidades económicas de los imputados".
El abogado adelantó que presentarán el recurso de apelación respectivo para revocar la decisión. "Yo extraño de parte del juez Olivares que fundamente la razón por la cual él hoy día ve que no existe peligro para la seguridad de la sociedad, porque no olvidemos que esta cautelar ha sido revisada en innumerables ocasiones por jueces de garantía, miembros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco y también por la Corte Suprema, y hasta ahora no había cambiado la opinión de los jueces".
En tanto, el fiscal Roberto Garrido, vocero de la Fiscalía de La Araucanía, informó que ya apelaron respecto de Sergio Catrilaf -libre en arresto domiciliario desde el 23 de agosto- y en los próximos días harán lo propio para los casos de Hernán Catrilaf y Juan Tralcal Quidel.
"Nosotros insistimos en que la libertad de los imputados es peligrosa para la seguridad de la sociedad, considerando el tipo de delito, la pena asignada, la proximidad del juicio", enfatizó Garrido.
La acusación
El fiscal regional, Cristian Paredes y el fiscal jefe de Temuco, Alberto Chiffelle, presentaron acusación en contra de los 11 comuneros detenidos el 30 de marzo, como autores del delito de incendio con resultado de muerte en carácter de terrorista ocurrido el 4 de enero de 2013 en Vilcún. José Peralino, se mantiene en arresto domiciliario en compensación al supuesto testimonio delator.
Las víctimas fatales del atentado incendiario, Werner Luchsinger, de 75 años de edad, y Vivian Mackay, de 65 años, murieron calcinadas.
Al mediodía de hoy, se desarrollará la audiencia de reapertura de la investigación, solicitada por parte de la defensa. El 27 de septiembre, sería la preparación de juicio oral.