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Gobierno argentino acogió la extradición de "tío" de Aldea SOS

RESOLUCIÓN. Salvador Medel había sido condenado en 2014 por el delito de violación contra un menor de edad.
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A través de un documento, el Ministerio de Relaciones exteriores y culto de Argentina decidió acoger la solicitud de extradición realizada por el Gobierno de Chile a través del Juzgado de Garantía de Temuco, en relación al prófugo de la justicia, Salvador Bernardo Medel Villa (65), quien fue condenado en 2014 por el Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco tras acreditarse que violó a un menor de 7 años.

En el citado texto, las autoridades trasandinas dejan en claro que se "ha concedido definitivamente la extradición de Salvador Medel y que el mismo se encuentra en condiciones de ser trasladado dentro del plazo establecido en el tratado vigente entre ambos países".

Consultado el fiscal que lleva adelante la causa, Roberto Garrido, éste indicó que ese plazo no supera los 40 días desde firmada la resolución, que fue el 23 de septiembre de 2016, el cual fue firmado por el juez federal Daniel Rafecas.

Sobre dicha resolución, el fiscal Garrido valoró la determinación del país vecino ya que "este proceso fue largo, complejo y doloroso para las víctimas y si bien la sentencia condenatoria fue un aporte pero se vio aminorado porque el imputado vulneró la acción de la justicia. Por eso, las gestiones con el personal de la PDI iban en la dirección de reparar esa situación y a cerrar el círculo y hacer efectiva la pena a aplicar", concluyó.

Organismos de DD.HH. rechazan investigación de Fiscalía contra abogados del caso Luchsinger

POLÉMICA. Desde el Ministerio Público niegan haber solicitado diligencias a las policías.
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Lorenzo Lovera Seguel

Rechazo generó en distintas organizaciones de Derechos Humanos el informe del Ministerio Público donde revela que existen dos investigaciones desformalizadas contra defensores del caso Luchsinger-Mackay, a meses de que se inicie el juicio contra 11 comuneros acusados bajo la Ley Antiterrorista, luego que ayer la Fiscalía cerró la investigación por el doble crimen.

Federico Aguirre, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en La Araucanía fue ayer hasta la Corte de Apelaciones de Temuco para adherirse al amparo presentado por el abogado Javier Jara Müller en favor de los profesionales Karina Riquelme y Sebastián Saavedra.

En esa instancia, Aguirre planteó "la preocupación del INDH por los actos que nosotros calificamos de intimidatorios de la función de defensoría de Derechos Humanos que están ejerciendo Karina Riquelme y Sebastián Saavedra, porque estos hechos también recuerdan las peores épocas de la historia reciente".

Aguirre además explicó que "los pocos y escasos antecedentes que proporciona el Ministerio Público son a nuestro entender vagos, débiles y que entrañan vulneración de garantías constitucionales".

En esa misma línea, Aucán Huilcamán, werkén del Consejo de Todas las Tierras calificó de "dudoso que se haya abierto dos investigaciones en pleno desarrollo del proceso judicial del caso Luchsinger-Mackay y cuando los defensores son partes de esa causa".

Huilcamán explicó que el hecho de que efectivos policiales fotografíen a los abogados, aquella acción es, a su juicio, una "medida abusiva con carácter persecutorio y con la finalidad de inhibir y enredar la defensa, cuestión que resulta completamente reprochable".

Cinprodh

Una mirada similar tuvo el coordinador del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (Cinprodh), Víctor Maturana, quien consultado por El Austral afirmó que "tenemos una clara opinión de condena, rechazo y repudio a este proceder de la Fiscalía porque es una forma de amedrentamiento para imposibilitar, impedir o dificultar el trabajo de los abogados defensores".

El propio Maturana indicó también que lo referido por el Ministerio Público podría debilitar e incluso hacer que futuras defensas no se quieran interesar en patrocinar causas similares y por lo mismo, sostuvo, "se abre un campo para imposibilitar el trabajo de la defensa" para concluir señalando que "muchas de estas acciones se realizan desde las sombras, desde el anonimato, de manera que se puede llegar a otros extremos".

En tanto, desde el Ministerio Público descartaron por completo haber instruido a las policías realizar diligencias de carácter intrusivas en contra de los defensores amparados.

En el informe evacuado por el fiscal regional, Cristian Paredes, se precisa que desde el 5 de agosto hay una investigación que se genera luego que un testigo le comunica a la PDI que Karina Riquelme estaba recabando antecedentes para enlodar al fiscal Alberto Chiffelle.

Al respecto, el fiscal vocero, Roberto Garrido, dejó en claro que "no existe ninguna diligencia que el Ministerio Público haya decretado que signifique fotografiar a los recurrentes o realizar seguimientos o cualquier otra medida que pueda siquiera amenazar sus derechos constitucionales".

La segunda investigación dice relación con personas que ofrecieron dinero para denostar a los detectives que indagan la causa y en ese sentido el fiscal vocero indicó que "la denuncia se refiere en términos generales a defensores y en ningún caso se alude a (Karina Riquelme).

Luchsinger

En el seno de la familia Luchsinger, en su calidad de querellantes de causa, también se formaron una opinión respecto a la polémica generada con la presentación del amparo.

Sobre aquello, Jorge Andrés Luchsinger Mackay cree que "lo único que se tiene que hacer aquí es encontrar la verdad" para luego estimar que las acciones de uno u otro bando, tienen que "ajustarse a lo que corresponde dentro de un Estado de Derecho, que se cumplan todas las garantías, derechos y deberes de cada uno".

Eso sí, el mismo hijo del matrimonio asesinado en enero de 2013 en Vilcún, indicó que "durante este juicio, algunos representantes de imputados han hecho acciones que van más allá de lo permitido... presentaron boletas falsas, que no corresponden, y esos hechos nos parecen deplorables y tiene que evitarse dentro de un juicio".

"Estos hechos también recuerdan las peores épocas de la historia reciente de nuestro país".

Federico Aguirre,, director INDH"

"No existe ninguna diligencia que el Ministerio Público haya decretado para fotografiar a los recurrentes".

Roberto Garrido,, fiscal vocero"

"Este proceder de la Fiscalía es una forma de amedrentamiento para impedir o dificultar el trabajo de los abogados defensores".

Víctor Maturana,, coordinador Cinprodh"