Isabel Farías Meyer
De una población total de 128 mil discapacitados en La Araucanía, 116.626 son aptos -por su edad- para ejercer su derecho a sufragio.
En las 32 comunas de la Región, según informó el Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis) está todo preparado para una elección inclusiva. Pero eso no cierra la discusión a una mejora en la materia.
Es importante señalar que la Ley 18.700 fue modificada en el 2008, en donde se garantizó a las personas con discapacidad la posibilidad de ser asistidas y acompañadas durante todo el proceso.
El voto
En el caso de las personas ciegas, el voto en braille se trata de una plantilla -dos por local de votación- en mica que se sobrepone al voto en papel y permite leer el número de los candidatos y saber dónde marcar el voto con el lápiz, permitiendo que puedan emitir el voto en secreto.
Para aquellos que presenten otro tipo de condición de discapacidad, como cognitiva, auditiva, con movilidad reducida, adultos mayores o que necesiten ayuda de un acompañante, se deberá comunicar al presidente de la mesa en forma verbal, por lengua de señas o por escrito.
Luego, el secretario de la mesa dejará constancia del hecho, la identidad del sufragante y de su asistente.
Según nos relató la Cecilia Morivic, presidenta del Consejo Regional de Ciegos, las dos plantillas de votación en cada local están a cargo de las personas del Ejército y son ellas quienes se dirigen a las salas según se solicite.
Este método, según nos comentó Morivic, tiene dos complicaciones. Por un lado, puede existir un atochamiento porque sólo existen dos plantillas. Situación que le gustaría en un futuro revertir porque "en las elecciones presidenciales del 2013, supe de varios casos en la Región en donde iban 4 personas con condición de discapacidad y ya se generaba una espera".
Proceso que se genera porque previamente no existe un conocimiento de cuántas personas con discapacidad estarán en cada local de votación. Sin dudas, es uno de los desafíos que aún no está en discusión.
Sobre esta materia, el Director Ejecutivo de la Fundación Nacional de Discapacitados, Alejando Hernández, señaló:
"La Ley no incorpora las aspiraciones de los derechos consagrados, a nivel internacional, de las personas. Aquí lo que corresponde es que el Estado, ya que firmó la convención internacional por los Derechos Humanos, se ponga a la altura como Puerto Rico y España. Es necesario avanzar".
Prospección en la ix
Si bien los estudios sobre la discapacidad nacional y local son sólo dos -2004 y 2015-, en el último, en donde se reveló que el 16% de la población de la Región tiene discapacidad y es adulta, se buscó evaluar la presencia y las barreras del entorno, arquitectónicas y sociales que restringen el desarrollo de las personas con capacidades diferentes.
Por lo tanto, según precisó la directora regional de Senadis, lo más probable es que los espacios educacionales, para las próximas elecciones, podrán contar con mayor "accesibilidad y cada vez será menor la asistencia -de un cercano o del presidente de mesa- en cada encuentro cívico".
La mirada de Rodrigo Gutiérrez, director de la Seremi de Desarrollo Social, no varió conforme a una de las necesidades que se urge resolver, invitando a los próximos alcaldes y concejales, a unirse a la causa de inclusión.
"Basta con visitar nuestras ciudades, comunas, escuelas y nos vamos a dar cuenta que falta mucho por hacer en lo que es inclusión real de acceso universal. Es un desafío para este Gobierno y para los próximas autoridades que vamos a elegir el domingo 23 de octubre".
En el caso que se obstaculice o impida que una persona en situación de discapacidad pueda ejercer su derecho a voto, va a existir una pena que va de 61 a 540 días.
Las personas con discapacidad mental también pueden ejercer su derecho a sufragio, a excepción de que un juez resuelva lo contrario.
