Lorenzo Lovera Seguel
Sorpresa causó entre los agricultores y gremios de La Araucanía la información publicada ayer por El Mercurio -a solicitud de algunos parlamentarios- en la cual se deja de manifiesto que el Ministerio Público no ha perseverado en 57 causas relativas a la violencia rural de un total de 152, desde el 11 de marzo de 2014 a la fecha, en donde el Gobierno se ha hecho parte como querellante.
Los mismos antecedentes refieren que 63 de esas causas ya están terminadas, mientras que otras 32 aún están vigentes. El ministerio del Interior, en tanto, comunicó al mismo medio que hay 27 imputados en prisión preventiva de un total de 114 causas.
A lo anterior se debe agregar la información entregada por el fiscal regional Cristian Paredes en su última cuenta pública, donde sostuvo que el 2015 fueron investigados 302 casos de violencia rural, número que tuvo un incremento del 6% respecto del 2014.
Dentro de ese contexto, Paredes mencionó que el delito de mayor ocurrencia durante el curso anterior fue el de incendio - y que tuvo un aumento del 68% respecto del 2014 - seguido del incendio de bosques.
Respecto a cómo se desarrollan las causas, el mismo fiscal regional reconoció que el año 2015 sólo un 25% de los casos tuvieron un término judicial, aunque ese número fue superior al del 2014.
Si de sentencias se trata, Paredes refirió que en los últimos dos años han resultado condenadas 54 personas por delitos asociados a la violencia rural.
Fiscalía
Consultado el Ministerio Público por las 57 causas donde no han perseverado en las investigaciones, éstos refirieron que aquello se debe a que durante éstas se arribó a la conclusión de que no existían antecedentes concretos que permitan sostenerlas en un posterior juicio.
Así al menos lo expresó el fiscal vocero de la entidad, Roberto Garrido, quien indicó al respecto que "la decisión de no perseverar se adopta una vez realizadas todas las diligencias de investigación y no existen antecedentes concretos que permitan sostener seriamente la imputación que se pueda formular a una persona determinada".
El mismo Garrido enumeró alguna de las problemáticas que tiene el órgano persecutor a la hora de aclarar los hechos, tales como la nocturnidad en que se cometen los hechos, lo alejado del sitio del suceso, el amedrentamiento de testigos y la preparación con la que se ejecutan, "son todos factores que tornan complicada una investigación de esta naturaleza".
Por último, el fiscal vocero recordó que la misma Fiscalía Regional ha planteado ciertas mejoras legales "para dotar a las policías de mejor herramientas de investigación y además para regular y otorgar una protección efectiva a los testigos, para no encontrarnos con situaciones como las que hemos conocido recientemente, donde el Tribunal Oral se ha negado a permitir medidas de protección básicas para los testigos que depondrían, lo que ha determinado que no hayan concurrido y retirarse esa prueba produciendo un perjuicio", concluyó Garrido.
Nulos Resultados
Esa falta de pruebas recogidas desde los sitios del suceso bien la conocen en el gremio del transporte. De hecho, el presidente de los Dueños de Camiones del Sur, José Villagrán, fue claro en declarar que las expectativas son casi nulas tras sostener reuniones con el fiscal nacional, Jorge Abbot, y el máximo responsable en La Araucanía, Cristian Paredes.
"Los fiscales tanto nacional como regional nos han dicho que lamentablemente ellos no tienen las pruebas suficientes porque las policías no se la han entregado, entonces, perseverar sería seguir eternamente en un juicio que no tiene ningún final y por eso mejor no perseveran y se archivan", sostuvo el dirigente.
El mismo Villagrán apuntó que en una de las tantas causas donde las víctimas han sido los propios transportistas , "al final a los culpables les dijeron que tenían que hacer una capacitación para entender lo que le pasaba a las víctimas, y el castigo fue reclusión nocturna. Del resto nunca hemos tenido ningún resultado", acusó.
Consultado por los resultados de las investigaciones realizadas por la Fiscalía y las policías -que son centenares- post quema de camiones en La Araucanía, Villagrán expuso que "éxito no han tenido, nosotros nunca hemos tenido algo para decir se encontraron a los culpables...casi todas se archivan", aseveró el dirigente.
El Problema
Desde la óptica de María Gloría Naveillán, dirigenta de los agricultores de Victoria, el problema que tiene hoy el Ministerio Público radica en la obtención de las pruebas que consigue durante las investigaciones.
"De alguna manera el Ministerio Público también opta por abandonar, porque se dan cuenta que las pruebas que logran la justicia las va a desechar, que son débiles y por lo tanto no van a lograr nada", apuntó la dirigenta.
Por último, Naveillán cuestionó las decisiones judiciales frente a este tipo de investigaciones, sentenciando que "desgraciadamente estamos frente a una justicia súper garantista", sentenció.
