A través de un comunicado el Sindicato de Profesionales de la Universidad Católica de Temuco, informó que firmó un acuerdo y puso fin a la huelga que se extendió por 23 días.

En parte el texto señala que "gracias a la intervención del gran canciller y el seremi del Trabajo, el viernes 18 de noviembre de 2016 como Sindicato de Profesionales firmamos un acuerdo con la comisión negociadora nombrada por la Rectoría poniendo fin a nuestra movilización. Dicha firma fue la expresión mandatada por la Asamblea, que en un acto democrático definió el camino a seguir, ejercicio participativo que estuvo presente durante todo el período de nuestra paralización".

Disconformes

Además en la misiva explican que no quedaron conformes con el proceso que se desarrolló en la negociación.

"Como sindicato queremos manifestar nuestro sentir sobre este acuerdo, un contrato colectivo que no alcanza a cubrir nuestras expectativas económicas y en especial con aquellas relacionadas con la valoración que como personas merecemos; pero estamos firmes en la convicción de seguir utilizando todas las herramientas que la ley nos permita para mantener nuestra dignidad y alcanzar un buen trato en la relación laboral".

Si bien los trabajadores valoran la intervención en el proceso de negociación del obispo Héctor Vargas, pidieron que se revisara el trato que se les dio a los integrantes del sindicato.

"Valorar la intervención de nuestro gran canciller para proponer una salida al conflicto y diálogo de sordos al que nos vimos enfrentados con la Rectoría, y con ello poder darle una solución definitiva a la huelga legal, no así al sentir y pesar de nuestros asociados, donde nuestro llamado es a revisar la política de trato de la autoridad de nuestra Universidad con este sindicato bajo parámetros de dignidad cristiana y mejoras salariales, contextualizados en los principios de la doctrina social de la Iglesia", precisa el comunicado.

Durante algunos días fueron dos los sindicatos en huelga en la casa de estudios. El pasado 9 de noviembre la Asociación de Administrativos llegó a un acuerdo y bajó su movilización firmando un convenio colectivo con la universidad, manteniéndose sólo los profesionales paralizados.

Ramón Tolosa Calderón

En el Senado se desarrolló la reunión especial de la Comisión de Seguridad Ciudadana citada la semana pasada tras los últimos hechos de violencia ocurridos en la zona sur del país.

A la sesión estaban citados representantes del Ministerio del Interior, las policías y la Fiscalía, por tiempo fueron estos últimos los únicos que alcanzaron a exponer de manera íntegra y responder las consultas de los senadores.

Tras la reunión, los parlamentarios si bien cuestionaron los resultados que han tenido las investigaciones en la zona, acogieron las peticiones de los fiscales para realizar modificaciones legislativas que permitan mejorar los resultados de los procesos en los casos de violencia rural.

"Cuando uno ve los niveles de delincuentes que son detenidos versus los que son formalizados, y posteriormente sujetos a prisión preventiva, hay una diferencia importante", mencionó el senador Alberto Espina (RN), miembro de la Comisión.

Si bien, tanto los senadores regionales Eugenio Tuma (PPD) y José García Ruminot (RN) no son integrantes de la instancia legislativa, estuvieron presentes para aportar con preguntas a los asistentes.

Percepción

El senador Tuma coincidió con las críticas al trabajo investigativo que se han realizado tras los atentados en la Región.

"La Fiscalía no ha tenido buenos resultados, podrá haber muchas explicaciones al respecto pero la percepción ciudadana es que no tenemos eficacia en el trabajo que se está haciendo y teniendo muchas facultades los fiscales, quizás les faltan medidas legislativas que aseguren llegar al final de las indagaciones con procesados y condenados", explicó el legislador.

En tanto, el congresista José García Ruminot dijo que el Ministerio Público hace sus mejores esfuerzos y necesita apoyo desde el Congreso.

"Son muchos los hechos de violencia que están en la más completa y absoluta impunidad; hay que seguir trabajando en ello. Requieren de más apoyo con modificaciones legales para facilitar la persecución", sostuvo.

Para los parlamentarios el sistema se puede modificar, pero también algunas de las situaciones dependen de un trabajo coordinado. "Hoy quedó en evidencia que el sistema de investigación penal tiene gravísimas falencias, algunas de las cuales dicen relación con leyes que deben tramitarse con urgencia, lo que depende de la voluntad del Gobierno, y otras donde deben coordinarse las policías y la Fiscalía, ya que obviamente hay carencias de recursos y medios para llevar adelante y de forma exitosa estas investigaciones", dijo el senador Alberto Espina.

Pero además los legisladores plantearon que más allá del tema de seguridad en la zona, la situación de fondo es política. "No se puede endosar a las policías una decisión política que debe tener el Gobierno, de cómo conducir el conflicto en la zona, más allá de los procesos judiciales. El corazón de la causa que provoca la violencia tiene que ver con una decisión política del Estado", argumentó Eugenio Tuma.

En tanto, el fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes, sostuvo que "dimos cuenta de la forma de abordar este fenómeno delincuencial tan característico como es la violencia rural, tan propio de nuestra Región y que también afecta al Biobío y Los Ríos.

Agregó que le "hicimos presente a los legisladores diversos nudos críticos en normas sustantivas que impiden hacer una persecución penal más eficaz, todos los problemas que tenemos con la dilación de audiencias, donde existe un proyecto de ley que está entrampado en el Congreso, del mismo modo las modificaciones necesarias a la Ley de Conductas Terroristas y otras que nos pudiesen dar más eficacia al investigar hechos relacionados con delitos terroristas. Es un contrasentido que estas técnicas investigativas existan en la Ley de Drogas (agente revelador y agente encubierto), pero no existan para enfrentar delitos tan complejos como estos", sostuvo.

"Hoy quedó en evidencia que el sistema de investigación penal tiene gravísimas falencias".

Alberto Espina,, senador RN"